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Un agente admite que avisó a Granados de que la UCO estaba investigando en Valdemoro

El «Calvito» del soplo sobre la operación de la Guardia Civil: «No me llaman eso a la cara».

  • El ex consejero Francisco Granados, ayer en la Audiencia. A su lado, el agente Rodríguez Talamino y Caro
    El ex consejero Francisco Granados, ayer en la Audiencia. A su lado, el agente Rodríguez Talamino y Caro

Tiempo de lectura 5 min.

15 de noviembre de 2017. 03:23h

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Ricardo Coarasa 15/11/2017

El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, acusado por la Fiscalía de alertar en septiembre de 2014 al ex consejero de Madrid Francisco Granados de la investigación contra él, niega que diera el chivatazo al que fuera secretario general del PP madrileño, aunque reconoció que sí le comentó que sus compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado “estaban trabajando en Valdemoro”, la localidad de la que fue alcalde y epicentro de la “trama Púnica” de supuesta corrupción urbanística, aunque “no tenía ni idea de lo que iba” esa investigación. En el juicio que comenzó ayer en la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción pide tres años de prisión por un delito por revelación de secretos para ambos y para el ex guardia civil José Manuel Caro Vinagre, que en esas fechas era asesor técnico de la Comunidad de Madrid en materia de seguridad, por poner supuestamente en guardia a Granados, lo que habría permitido a éste y Marjaliza, supuesto “cerebro” de la trama, poner a buen recaudo su dinero y destruir abundante documentación. Rodríguez Talamino -quien según la Fiscalía fue el encargado de instalar una cámara frente a la sede de las empresas del empresario David Marjaliza, entonces socio de Granados, en Pinto (Madrid)- negó al tribunal que la información fuese reservada. Según el agente, “jamás” relacionó el nombre de Marjaliza con esa operación de videovigilancia que llevaba a cabo lo que denominó como “grupo del ladrillo” de la Unidad Central Operativa (UCO), encargado de investigar la corrupción inmobiliaria. A diferencia de lo que afirma la Fiscalía, sostiene que la noche del 5 de septiembre de 2014, durante las fiestas de Valdemoro, no comentó “absolutamente nada” a Caro Vinagre sobre la instalación de ese

dispositivo. “A Marjaliza no lo conozco de nada. No lo he visto en mi vida”, insistió.

Asimismo, negó que avisara a Granados expresamente de que la UCO estaba investigando a Marjaliza: “No le comento a nadie la instalación de medios de vigilancia de la Unidad Central Operativa”. Eso sí, explicó al tribunal -presidido por la magistrada Manuela Fernández Prado- que días después de comentar al político del PP que la UCO estaba investigando algo en Valdemoro, Caro Vinagre le preguntó “qué le había contado a Granados para que estuviera tan preocupado”. El ex guardia civil confirmó que el ex consejero madrileño le llamó preocupado tras la conversación con Rodríguez Talamino, pero hizo hincapié en que nunca le pidió “ningún tipo de nformación”. A preguntas de la fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez, y tras escuchar en la sala algunas de las conversaciones intervenidas que comprometen su versión, el ex guardia civil subrayó que no disponía de “información de ningún tipo”. “La única que tenía es la que me había dado el señor Granados”, repitió una y otra vez Caro Vinagre, a quien según dijo ni se le pasó por la cabeza recomendar al entonces consejero de esperanza Aguirre que adoptara medidas de seguridad o escondiese su dinero. “¡No sé nada del señor Marjaliza!”, dijo del entonces socio de Granados. “Lo conozco de Valdemoro. He coincidido con él un par de veces”, añadió el ex guardia civil, quien negó también que se reuniera con Granados y Rodríguez Talamino el 13 de septiembre de ese año en casa del político, como sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación. Según él, el

agente no le contó nada del dispositivo ni de Marjaliza. “Mi impresión era que no había nada del señor Granados y no estaba ni preocupado. Cuando salta esto me parece todo increíble. No tengo ni idea”, declaró.

Tras el soplo, Granados llamó a Caro Vinagre para transmitirle su preocupación y ver si podía sonsacar más información a Talamino, que era además su amigo y compañero de promoción. De esa inquietud fue testigo la Sala al escuchar las 12 conversaciones que mantuvieron en una sola semana Granados y Caro Vinagre, en las que hablaban acerca de un «Tala» o «Calvito» que, según la Fiscalía, podría ser Talamino. Algo que, sin embargo, el guardia civil negó al dejar claro que nadie se ha referido nunca a él en esos términos: «A mí no me llaman eso a la cara». El abogado de Granados, Javier Vasallo, pidió sin éxito al tribunal la nulidad de todas las intervenciones telefónicas y se quejó de que la Fiscalía solicitase sorpresivamente la declaración como testigo, “por la puerta de atrás”, del agente de la Guardia Civil responsable de las escuchas telefónicas a los investigados que dejaron al descubierto el “chivatazo”.

El letrado invocó la jurisprudencia del Tribunal Supremo para quejarse de que, al dejar al descubierto las escuchas telefónicas autorizadas en el marco del “caso Púnica” la existencia de otro posible delito, en este caso la revelación de secretos, las intervenciones sucesivas relacionadas con estos hechos debieron autorizarse en una resolución aparte. Pero la presidenta del tribunal esgrimió la conexidad de los hechos y el control judicial de las escuchas para rechazar su nulidad. Será, por tanto, el Tribunal Supremo el que, en un hipotético recurso de casación si los acusados son condenados, deberá dilucidar la controversia procesal.

En su turno para plantear cuestiones previas a la Sala, Vasallo se quejó de que no se siente en el banquillo Marjaliza, “la única persona que pudo obtener algún beneficio” del chivatazo y el único que, recalcó, “se ha demostrado que tomó medidas” tras ser alertado. Y lo achacó, sin ambages, a su “cooperación” con la investigación durante la maratoniana confesión del empresario al juez instructor, Eloy Velasco, en mayo del año pasado.

Para la fiscal Anticorrupción Carmen García Jordá, las conversaciones intervenidas corroboran el “abuso de poder público y político” del ex consejero de Esperanza Aguirre y las “influencias que mantenían” Granados y Marjaliza en Valdemoro (Madrid), donde el ex consejero del PP “se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le amurallaron para lograr la impunidad de sus acciones”.

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