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Zoido: «Cada infracción de la legalidad está teniendo una respuesta mesurada»

El ministro del Interior defiende que «no se han retirado competencias a los Mossos» y que «ningún partido quiere llegar al 155».

  • Juan Ignacio Zoido
    Juan Ignacio Zoido / Alberto R. Roldán
Carmen Morodo. 

Tiempo de lectura más de 10 min.

24 de septiembre de 2017. 17:42h

Comentada
Carmen Morodo.  24/9/2017

Juan Ignacio Zoido recibe a LA RAZÓN en su despacho del ministerio del Interior, desde el que se encara al órdago secesionista más complejo de nuestra democracia. En un momento personal difícil, su madre falleció este pasado viernes, dirige una de las carteras más determinantes en la resolución del conflicto del 1-O. Y apenas queda una semana para frenarlo.

–¿Qué pasará en Cataluña el 1 de octubre?

–Que se cumplirá la sentencia del Tribunal Constitucional y no habrá referéndum ilegal. Nadie está por encima de la ley. Y cuando alguien se pone por encima o al margen, el Estado actúa para proteger los derechos de todos. Ante la desobediencia de la Generalitat, la ley se repone con la fuerza del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene un plan, el cumplimiento de la legalidad. Lo que no es democracia es desobedecer las leyes y buscar la legitimidad en manifestaciones callejeras. Las actuaciones que el Gobierno y la Justicia están poniendo en marcha para restaurar la legalidad que el Gobierno de Puigdemont ha conculcado ponen de relieve que ni la democracia española ni el Ejecutivo de Mariano Rajoy se van a dejar desbordar por los independentistas catalanes. Las respuestas del Ejecutivo y del Poder Judicial están siendo las correctas, impecables, con respeto escrupuloso a las normas de un estado democrático garantista como es el de España.

–Pero Puigdemont ha respondido con la advertencia de que tiene preparados planes de contingencia para burlar las actuaciones que hasta ahora se han realizado.

–Cada día es más evidente que el referéndum ilegal carece de elementos logísticos para desarrollarse y también de las más elementales garantías jurídicas. La Guardia Civil, cumpliendo el mandato de los jueces, está desarrollando día tras día actuaciones para impedir las labores logísticas del referéndum ilegal con la intervención de más de 1.500.000 unidades de material para el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, además de cerca de 10 millones de papeletas de votación. Cada infracción de la legalidad tiene una respuesta medida y mesurada.

–Como ministro del Interior, ¿qué es lo que más le preocupa de aquí al próximo domingo?

–Como máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estoy trabajando para que no solo estos días, sino todos los días del año, estén garantizados los derechos y libertades de todos, porque es obligación de todo Gobierno velar para que la convivencia sea una realidad. Esa convivencia que ha hecho que Cataluña haya vivido las últimas décadas de prosperidad y de bienestar material dentro de España y dentro de Europa. El Gobierno velará por los derechos de los catalanes que quieren seguir siendo, como sus padres, como sus abuelos, catalanes, españoles y europeos. Y respeta más que nadie el autogobierno de Cataluña, con el que siempre ha colaborado.

–La competencia de mantener el orden público es de los Mossos. ¿Por qué han tomado el control de ellos con un coronel de la Guardia Civil?

–Se celebró una reunión de evaluación entre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los responsables de los tres cuerpos policiales que han sido requeridos en auxilio judicial para evitar la celebración del referéndum que el TC ha considerado ilegal. A la luz de los acontecimientos acaecidos la pasada semana y ante la evidencia de que es necesario reforzar el dispositivo de prevención del delito y de mantenimiento del orden público, en aplicación del artículo 38.2 de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el fiscal ha solicitado un refuerzo de dichos planes y ha encargado su coordinación a la Secretaría de Estado de Seguridad. Esto no supone que se retire competencia alguna a los Mossos, como tampoco se le retira a la Guardia Civil ni a la Policía. Simplemente se acuerda este mecanismo de coordinación que, en lo esencial, es el mismo por el que a los Mossos se les encomendó las actuaciones posteriores al atentado de Barcelona y Cambrils y nadie pensó que ello atentaba contra cualquier otro cuerpo policial o institución pública.

–Tras las detenciones de altos cargos de la Generalitat, el acoso a Guardias Civiles, destrozo de vehículos y otros incidentes, ¿no tiene ninguna queja? ¿ha funcionado bien la comunicación y el trabajo conjunto con la policía autonómica?

–La Fiscalía dio las mismas instrucciones sobre el 1-O a todos los Cuerpos, y ahora la Guardia Civil y la Policía Nacional están actuando en todas sus operaciones bajo órdenes de los jueces. Tanto la Benemérita como la Policía Nacional están trabajando para cumplir con la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum.

–Le preguntaba por los Mossos. Si todo funciona bien, ¿por qué han puesto en marcha en Cataluña un despliegue de Policía y Guardia Civil sin precedentes en la historia de la democracia? ¿Se debe a que temen que la policía autonómica pierda el control de las protestas callejeras o que haga dejación de sus funciones?

–En el Ministerio del Interior estamos trabajando para prevenir cualquier problema de orden público. Tenemos elaborado un operativo del que por razones obvias no debo hablar. Ha sido muy grave, por ejemplo, el acoso que están padeciendo los alcaldes y concejales que quieren cumplir con la legalidad. Y es más grave que ese acoso esté promovido desde las instituciones y su máximo ejemplo es el presidente de la Generalitat, quien animó a los ciudadanos a interpelar por la calle a sus alcaldes y concejales para que pongan las urnas del referéndum. Una vez sembrado este caldo de cultivo por el propio Puigdemont, son los antisistema de la CUP y las sociedades subvencionadas por la Generalitat, como la ANC, la AMI y Omnium Cultural, quienes se ocupan de convocar las manifestaciones frente a ayuntamientos, comisarías, etc.

–La Fiscalía ha presentado una denuncia por posible delito de sedición en las protestas. ¿Detrás están los líderes independentistas, Puigdemont y Junqueras?

–En primer lugar, es inaceptable que los radicales de la CUP, ante la pasividad, cuando no la complicidad, del Gobierno de la Generalitat, hayan emprendido una campaña de acoso a alcaldes y concejales por el solo hecho de haber expresado su voluntad de cumplir la ley.

–Habla de la posible «complicidad» de la Generalitat, pero hay quien cree que detrás de las protestas hay una estrategia institucional para legitimar en la calle la consulta ilegal. ¿Qué responsabilidad tienen Puigdemont y Junqueras en la tensión social?

– El Gobierno de la Generalitat está ahora en manos de los más radicales, la CUP. El referéndum se ha convertido en un referéndum de la CUP, que falsifica la realidad y mitifica mentiras. Por ello, pido a los responsables de la Generalitat que cesen en sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos porque el referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo; ahora es la excusa que algunos parecen buscar para ahondar aún más la fractura que han provocado en la sociedad catalana. Es necesaria la sensatez y que los que se han salido del marco legal vuelvan cuanto antes, por el bien de todos los catalanes y por el bien de toda España. Estamos viendo que el acoso se dirige a cualquier ciudadano que se oponga a la ruptura y de ello los únicos culpables son los que dirigen esta deriva ilegal.

–¿Cuántos policías y guardias civiles se han desplazado a Cataluña? ¿Y cuáles son sus funciones?

– Las funciones son de vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán en caso de que se mantenga el referéndum ilegal. Me va a permitir que no le facilite el número de agentes desplazados a Cataluña al tratarse de un dato de carácter operativo.

–¿Comparte la afirmación del ex ministro socialista Borrell de que en Cataluña se ha producido un golpe de Estado?

–De lo que estoy convencido es de que lo que vimos en el Parlamento de Cataluña fue un ejercicio de tiranía que nadie puede defender. A los diputados no se les dejó enmendar, no se les dejó intervenir, se les privó de sus derechos, y, además, en solo 24 horas se cambió toda la legalidad, se liquidó la soberanía nacional y se convocó un referéndum ilegal. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas es un acto totalitario.

–Se habla de concentraciones en los colegios electorales el 1-O, de que hará falta precintarlos. ¿Será necesario llegar a eso?

– Se tomarán, de manera proporcional y con mesura, todas las medidas que sean necesarias para evitar el referéndum ilegal.

–¿Tienen controladas las urnas? ¿Saben dónde están?

–Permítame que no me refiera a asuntos que pueden ser motivo de investigación.

–Después del 1-O, ¿teme un escenario en el que haya una declaración unilateral de independencia?

–No habrá referéndum y Puigdemont no podrá hacer ninguna declaración unilateral de independencia. Además, en el derecho internacional no existe la secesión unilateral. El 2-O habrá diálogo. Habrá un gran futuro por delante y hay que hablar, un diálogo sincero desde el marco legal.

–¿En caso de esa declaración unilateral de independencia, aunque usted no la baraje, haría falta aplicar el artículo 155 ?

–El Gobierno, que no va a caer en las provocaciones de la Generalitat, defenderá el derecho y las libertades de todos. En nuestra Constitución hay muchos mecanismos, como se está viendo, para controlar las situaciones. Y si el artículo 155 está para un incumplimiento flagrante, ojalá no haya que aplicarlo nunca. El presidente del Gobierno ha pedido una rectificación, que volvamos a la normalidad, al sentido común, porque el referéndum no se puede celebrar. Ningún partido queremos llegar al artículo 155, pero no lo demonicemos porque este artículo solo preserva el modelo autonómico.

–¿Y otras medidas excepcionales?

–No hay medidas excepcionales, las medidas son las que están recogidas en nuestro Estado de Derecho.

–¿Rajoy podrá seguir contando con el apoyo del PSOE y de Cs después del 1-O?

–Confío en el compromiso y en el cumplimiento de ambos partidos con nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho.

–¿Qué piensa del discurso independentista de que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúan de manera represora contra el derecho al voto y contra la libertad de expresión?

–Que además de una falacia, es una desfachatez y una insolencia lanzar tal acusación por quienes han pisoteado la oposición en el Parlament, han purgado a su Gobierno y promueven el acoso y la intimidación a quienes quieren cumplir con la ley. Forma parte de su campaña de victimismo y provocación, en la que no vamos a caer.

–¿Cuál es la salida política a esta situación? ¿El Gobierno ayudará a que avance la reforma constitucional?

–El Gobierno ha dialogado, pero lo que no puede negociar es un referéndum que ya ha sido anulado por el TC. Puigdemont no quiso negociar sus demandas en el Parlamento como le ofreció Mariano Rajoy. Puigdemont no ha querido negociar con los grupos de oposición en el Parlamento de Cataluña, a quienes les ha impuesto a las bravas unas leyes ilegales. Como he dicho, el día 2, siempre desde el marco legal, habrá un gran futuro por delante y hay que hablar, un diálogo sincero.

–¿Pero puede servir la reforma de la Constitución?

–Ése es otro debate.

–¿Cree que Puigdemont y Junqueras pueden seguir siendo interlocutores del Gobierno tras el 1-O?

–En una democracia, a los políticos que pueden ser interlocutores les eligen las urnas democráticas. Dicho esto, creo que ambos, por sus actos antidemocráticos y de falta de respeto a las normas de convivencia y constitucionales, están inhabilitados para la política. Echarse al monte no es hacer política. Puigdemont ha perdido legitimidad y ya no representa a los ciudadanos de Cataluña.

–¿Acabarán siendo también inhabilitados judicialmente por sus actuaciones al margen de la ley?

–Es un asunto que, como usted dice, compete a los jueces.

–Cambiando de asunto, ¿desde los atentados yihadistas de Barcelona han introducido algún cambio en la colaboración con los Mossos?

–Contamos con unos servicios de seguridad que se encuentran entre los mejores del mundo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y policías locales trabajan con una colaboración absoluta y bajo una estrecha comunicación y lealtad, con el objetivo común de salvaguardar nuestra seguridad. Los Mossos son la policía de todos los catalanes, con una sólida trayectoria y profesionalidad, y cuyos intereses últimos son la defensa de las libertades públicas y la seguridad de los ciudadanos. Compartir información y mejorar la coordinación con nuestros socios europeos es esencial en la lucha contra el terrorismo yihadista. Por eso España trabaja en el marco de Europol, con la participación de todas las fuerzas policiales. Nuestro país tiene, como el resto de la UE, una unidad nacional que centraliza el acceso de los órganos de las distintas instituciones policiales a las bases de datos de Europol. En materia de cooperación todo es mejorable, pero la fluidez con los Mossos es grande.

–Ya ha dado tiempo a revisar lo ocurrido, ¿por qué cree que la Generalitat negó el aviso de la inteligencia norteamericana?

–No voy a entrar a valorar como ministro los aspectos operativos pues son los expertos quienes deben llevar a cabo sus propios protocolos en materia antiterrorista. No obstante, cuando se generan dudas hay que dar explicaciones.

–¿Barajan más medidas para aumentar la seguridad frente al terrorismo?

–España tiene un nivel 4 reforzado de alerta terrorista en una escala de 5, que tras los últimos atentados se ha visto incrementado con medidas adicionales. Hemos reforzado las medidas de seguridad, en lugares y eventos de afluencia masiva, con especial énfasis en las zonas turísticas. Hemos intensificado la prevención en potenciales objetivos de ataques terroristas, y reforzado los dispositivos de reacción frente a un hipotético atentado. Estamos trabajando para reforzar la colaboración con las policías locales e incorporarles en la medida de sus competencias, en la lucha antiterrorista. Los expertos analizan de forma permanente si seguir con el nivel 4 reforzado o adoptar nuevas medidas. Todas las semanas celebramos una Mesa de la Valoración de la Amenaza Terrorista y de Coordinación de Medidas contra el Terrorismo que reúnen a los máximos responsables en la materia. El riesgo cero no existe, pero vamos a trabajar día y noche para poner a los terroristas a disposición de la justicia.

–¿Cuál es el principal reto de España en la lucha contra el yihadismo?

–La amenaza terrorista consta de múltiples facetas y en constante evolución, y debemos adelantarnos con los pasos necesarios para prevenir dicha amenaza. Solo a través de la unidad y de la cooperación internacional se pondrá fin al terrorismo que busca acabar con nuestra forma de vida. Como ya les trasladé a mis colegas en Bruselas, la alarmante rapidez en la radicalización de algunas personas nos urge a trabajar desde el seno de la UE en la prevención y lucha contra este terrorismo. Hay que reforzar el intercambio de información e inteligencia preventiva y promover reuniones de analistas e investigaciones sobre organizaciones terroristas, así como la constitución de nuevos Equipos Conjuntos de Investigación en el marco de la UE. Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 202 yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 247 desde principios de 2015.

–¿Marruecos está ayudando?

–La colaboración es inestimable. Es un país amigo, socio y aliado en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración irregular. La estrecha colaboración entre España y Marruecos ha permitido desarrollar 12 operaciones conjuntas que se han saldado con la detención de 175 yihadistas.

–¿Qué le parece que la Ley de Seguridad Ciudadana haya iniciado su desmantelamiento definitivo en el Congreso?

–Se ha abierto un proceso de debate fundamental para consensuar una ley que está siendo muy positiva y dando muy buenos resultados, pero que en el proceso de diálogo abierto puede modificarse. El Gobierno está dispuesto a dialogar con todos los grupos.

–¿Qué ve bien que se cambie de esa ley?

–Es mejor esperar al debate porque queremos que prime el consenso.

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