Un trabajador consigue 10.000 euros tras demostrar que no autorizó que grabaran la conversación por la que fue despedido

Un empleado de una empresa irlandesa, con más de ocho años en la empresa y un salario anual de aproximadamente 56 000 euros, fue despedido de forma inmediata en mayo de 2024 tras una grabación de una llamada privada con la jefa de Recursos Humanos, según informa el medio irlandes RTE. La conversación, realizada mientras estaba de baja por estrés en febrero, fue enviada al consejero delegado tres meses después, lo que en menos de 24 horas derivó en su despido por presunta "falta grave"

Durante la vista celebrada ante la Comisión de Relaciones Laborales de Irlanda (Workplace Relations Commission, WRC), el propio empleado explicó que nunca dio consentimiento para la grabación y consideraba que la llamada era confidencial. Añadió que nunca recibió una transcripción, no pudo responder a las acusaciones ni participar en ninguna diligencia disciplinaria.

El adjudicador Conor Stokes determinó que la empresa actuó fuera de los principios básicos de justicia natural. No permitió al empleado responder a los cargos ni emitir pruebas en su defensa. Además, no se presentó ninguna evidencia oral por parte del empleador y no se siguieron procesos básicos de transparencia, lo que llevó a calificar el despido como improcedente.

Finalmente, el tribunal concedió una indemnización de 10 000 euros, calculada en función de los ingresos perdidos por las 14 semanas de desempleo transcurridas entre el despido y la vista, además de reconocer la inexistencia de pruebas sobre su búsqueda activa de empleo durante ese período. El caso subraya la importancia de respetar los procedimientos disciplinarios y el derecho del empleado a conocer y responder a cualquier evidencia en su contra.