jueves, 23 marzo 2017
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Las agencias no frenan la necesidad de personal de los entes de la Junta

  • Extenda adjudica un contrato de apoyo cualificado a distintas áreas por un valor de 265.000 euros

Mientras sindicatos, colectivos de funcionarios y partidos como el PP continúan con su batalla jurídica contra el decreto 6/2010 de reordenación del sector público empresarial, los estatutos de las agencias públicas empresariales y los protocolos de integración, los entes instrumentales de la Junta de Andalucía continúan con la misma dinámica de funcionamiento: contrataciones externas de personal a través de licitaciones públicas, una estrategia que les permite ampliar sus plantillas a través de fórmulas de asesoramiento y/o consultoría. Es el caso de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), que ha contratado un servicio de apoyo cualificado a distintas áreas funcionales por un importe de 265.000 euros. La adjudicataria es Smart Servicios Avanzados.

Se trata de una práctica frecuente en los entes instrumentales del Gobierno andaluz. El personal laboral convive con trabajadores subcontratados de sociedades externas pero que están sometidos a los mismos horarios, ejercen funciones similares y tienen un jefe común. En el caso de este contrato, el pliego de prescripciones técnicas asegura que «la creación de este servicio de apoyo está motivado por la implantación de los nuevos procesos de gestión». El desglose de funciones no es especialmente especializado: «gestionar la digitalización informática de los expedientes de contratación», «introducir las solicitudes correspondientes a los pedidos de compras» o «apoyar los registros de entrada y salida de la empresa».

De hecho, la formación exigida es la propia del personal administrativo y en uno de los puntos se aclara que la adjudicataria –Smart Servicios avanzados– «deberá subrogarse en los contratos de los siete trabajadores que venían prestando hasta la fecha este servicio». La relación de la empresa pública con la prestadora de servicios es la de cualquier proveedor. La adjudicataria es la que paga a los trabajadores «cedidos» y Extenda liquida cada 60 días las cantidades pactadas. Por si hubiera dudas, el pliego aclara que «se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito suficiente para atender las obligaciones económicas». No es el único contrato que ha licitado últimamente la Agencia de Promoción Exterior. Ha adjudicado a «Andaluzas de Café» un servicio de 7.500 euros para el suministro de café para el «office» de su sede central en Sevilla.

Hoy se espera otra protesta en Sevilla
Diversas plataformas y sindicatos de empleados públicos se volverán a manifestar hoy por las calles de Sevilla en contra de la ley de reordenación del sector público, en un acto que esperan tenga una afluencia «masiva» de empleados públicos, cercana a los 30.000 asistentes. Piden la derogación de la ley, y a pesar de que coincide con la campaña de las elecciones municipales del 22 de mayo, «no es nada político», sino «coincidencia y porque los estatutos y protocolos de integración de las agencias que contempla esta reordenación se han aprobado en estas fechas».

Los protocolos harán que se funcione bajo criterios «de derecho privado»
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado varios recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones que aprueban los protocolos de integración del personal en las distintas agencias de la reordenación del sector público andaluz, en unos recursos donde el sindicato solicita la suspensión cautelar de dichos protocolos, la misma acción que han llevado a cabo contra los estatutos de las agencias.

El Safja considera que las resoluciones impugnadas, «además de ser contrarias a Derecho, proceden de una norma legal que resulta completamente inconstitucional como es la Ley 1/2011 y, al mismo tiempo, incumplen el propio Estatuto Básico del Empleado Público». Apuntan que «se vulnera el principio de seguridad jurídica, pues bajo la fórmula de gestión cuasi-pública se halla una configuración de la función pública bajo criterios de derecho privado».

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