domingo, 26 marzo 2017
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Aborto libre y desde los 16 años

  • El Gobierno desvela su plan abortista, que culmina el ideario del feminismo radical

Aunque no figuraba en su programa electoral, el Gobierno socialista está firmemente decidido a legalizar en los próximos meses el aborto libre y gratuito, la meta que el feminismo radical había colocado a la cabeza de sus reivindicaciones. No es casual que el PSOE haya creado un Ministerio ad hoc, el de Igualdad, que ha sustraído este asunto al Ministerio de Sanidad, el adecuado por razones evidentes. Es la manera más elocuente de decir que el aborto no es una cuestión de salud de la mujer, como la retórica progresista suele enmascararlo, sino un planteamiento ideológico que consiste en elevar a derecho de la mujer embarazada, sólo de la mujer, la facultad de destruir el feto que alberga en su seno.
De este modo, se da un salto legal cualitativo y se pasa de la despenalización del aborto a su legalización plena. Más aún, según el plan del PSOE, ninguna mujer que aborte podrá ser encarcelada, aunque no se atenga estrictamente a la ley. Para llegar hasta aquí, el Gobierno ha oficiado la consabida ceremonia de las comisiones, una de expertos y otra parlamentaria, que consiste en acordar las conclusiones previamente fijadas, pero adornándolas de debate democrático y científico; no en vano, las de ambas comisiones coinciden al cien por cien con lo que quería el Gobierno. Ayer, la ministra Aído, que hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada salvo pilotar esta legalización, presentó las líneas maestras de la ley, a saber: aborto libre hasta las 14 semanas, que se prolongará hasta 22 si hay peligro para la salud de la madre o si el feto presenta malformaciones. Lo más novedoso, sin embargo, es que a partir de los 16 años las niñas que quieran abortar no necesitarán el permiso de sus padres. La ministra lo ha justificado diciendo que si a esa edad la mujer tiene la madurez suficiente para casarse y tener relaciones sexuales, también deberá tenerla para abortar. El argumento no se sostiene y revela notable inconsistencia intelectual. Si a una niña de 16 años se le supone tan madura como para abortar sin permiso paterno, ¿por qué no se le deja votar? Más aún, ¿por qué se le exige el permiso de los padres para operarse de apendicitis y no para el aborto? Hay gobiernos  autónomos, como el andaluz, que con buen criterio exigen un examen psicológico a las menores que desean someterse a una operación estética. Requisito que no se le exigirá si quiere abortar, lo cual demuestra hasta qué punto para el Gobierno socialista es más relevante una liposucción o una operación de nariz que un aborto. La banalización de un asunto tan grave física y psicológicamente para toda mujer, como es un aborto, no será inocua para la salud moral de la sociedad. Repugna al sentido común que mientras se avanza en la defensa y cuidado de los animales, con especial protección a sus crías, lo cual es muy plausible, se retroceda en el valor que se concede a la vida del niño no nacido. Y se emplea el aborto como un método anticonceptivo más.
Por otra parte, si se aplicara en su literalidad la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la despenalización del aborto, de 1985, el proyecto del Gobierno sería rechazado. A juicio del Tribunal, nuestra Constitución tutela la vida del no nacido y no permite el aborto libre, sólo en aquellos casos en los que peligra la salud de la madre o debido a las graves malformaciones del feto. Por tanto, descarta una ley de plazos. Llegado el momento, ¿mantendrá el Constitucional los mismos criterios que sentó hace 25 años? ¿O buscará nuevas interpretaciones que se acomoden a los deseos del Gobierno? Ahí es donde se dirime la cuestión.

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