El consejero de Empleo coloca de «número dos» a una «investigada» que releva a otra

Sale María José Asensio y entra Pilar Serrano, encausada por una denuncia del SAF

Los movimientos de recolocación continúan tras el cambio de sentido que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, intentó con su última remodelación del Ejecutivo andaluz. El Consejo de Gobierno de ayer aprobó, de hecho, cuatro nombramientos en los segundos niveles de las consejerías de Educación, Salud y Empleo, Empresa y Comercio. En la última se hizo sin aspavientos el cambio de una implicada en un proceso judicial por otra. Sale María José Asensio, quien fue nombrada en septiembre de 2016, tras haber sido destituida en 2015 como directora general de Industria, Energía y Minas, por su imputación en el «caso Aznalcóllar», en el que se analiza la adjudicación de la mina sevillana que lo nombra, y pasar en medio por la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía. Para entrar, el nuevo titular de Empleo, Javier Carnero, ha elegido como viceconsejera a alguien ligado también al PSOE de Málaga: Pilar Serrano. Es licenciada en Derecho y fue delegada de Innovación, Ciencia y Empresa en la provincia malagueña desde 2008 a 2011, además de senadora y diputada nacional. Serrano es una de las investigadas en la causa que arma el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a raíz de una denuncia que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) presentó en 2013 por presuntos delitos de usurpación de función pública, prevaricación y malversación. El juez de refuerzo de ese órgano judicial, José Ignacio Vilaplana, es quien capitanea estas diligencias, en las que están implicados una quincena de ex altos cargos y funcionarios de la Administración autonómica, entre ellos, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quien ya declaró en el juzgado el pasado diciembre. El SAF alertó en su momento de que la Junta dejaba en manos externas el desempeño de tareas reservadas por ley a los funcionarios. El instructor atribuyó luego a los encausados una «actuación concertada» para proceder de manera «injusta y arbitraria» por unas contrataciones gracias a las que se encomendó a personal ajeno una serie de labores para las que éste no tendría competencia, entre ellas, la inspección de cursos de formación. Contratas que, en algunos casos, se prolongaron en el tiempo. Fuentes del SAF confirmaron ayer a LA RAZÓN que la ya viceconsejera «sigue investigada en la causa». Habrá que ver si el socio de legislatura del PSOE, Ciudadanos (Cs), pide explicaciones sobre el nombramiento o encuadra el asunto en la categoría de «no es corrupción política».

Por lo que respecta al resto de departamentos, el onubense Domingo Domínguez ocupa la Dirección General de Innovación; Francisca Antón, la Dirección-gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS); y María Dolores Alguacil, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.