La Cámara de Cuentas detecta un sinfín de irregularidades en la Agencia IDEA

La Cámara de Cuentas ha publicado un informe de fiscalización demoledor que advierte de numerosas irregularidades en la Agencia IDEA, una de las principales empresas públicas de la Junta de Andalucía. Este ente público es el instrumento ejecutor de la política de promoción de desarrollo económico y social del Gobierno andaluz. Sus actuaciones están vinculadas a los principales casos de corrupción investigados en los juzgados. Ejerció un papel fundamental en el «caso de los ERE» ya que actuaba como «caja pagadora» de los acuerdos impulsados por la Consejería de Empleo. El mismo juzgado estudia su actuación en la concesión de avales a empresas en dificultades económicas. Otro juez revisa su actuación en Invercaria, sociedad propiedad de la Agencia IDEA y que también está siendo investigada. Por último, a través de otro ente vinculado –Soprea– se instruye una causa sobre el uso de los fondos reembolsables.

El órgano de control ha fiscalizado «los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) referido a las actuaciones realizadas por la Agencia Pública, o que tengan efecto, durante el ejercicio 2012». Una de las principales conclusiones es que «al cierre del ejercicio 2012 las pérdidas acumuladas ascienden a 444,2 millones de euros, y los fondos propios negativos a 25,9 millones». Y apunta que «para el normal desarrollo de su actividad y hacer frente a las obligaciones asumidas, la Agencia precisa del apoyo financiero y patrimonial de la Junta de Andalucía». Este extremo obligó a tomar medidas, y «después de los ajustes contables realizados en 2013, los fondos propios de la Agencia son positivos y ascienden a 13,1 millones».

Al margen de las cifras, los auditores detectan el mal uso de las transferencias de financiación por parte de la Agencia IDEA. No es un tema menor, porque se trata de una de las claves que sustenta una de las piezas fundamentales de la instrucción de los ERE. El trabajo expone que «cuando las consejerías envían fondos al ente instrumental mediante la tramitación de un expediente administrativo de gasto de ‘transferencia de financiación’, se entiende que estos se destinan a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias (transferencias de financiación de explotación) o para financiar de forma genérica la estructura básica de la empresa (transferencias de financiación de capital); no deben tener un destino específico previamente determinado. Por el contrario, en el caso de la subvención el perceptor está obligado a destinar los fondos recibidos a un fin concreto y específico».

La actuación de la Agencia IDEA como avalista también suscita críticas por parte de la Cámara de Cuentas. Apunta el informe que el riesgo del ente público por los avales concedidos «ascendió a 103,9 millones a final del ejercicio 2012», con el agravante de que se observa «una concentración del riesgo en algunas empresas».

En este sentido, la auditoría desvela que «con fecha 26 de febrero de 2014 –con Susana Díaz como presidenta–, y como consecuencia de las salvedades y recomendaciones contenidas en el informe de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2010, el Interventor General de la Junta de Andalucía emitió un informe de actuación en relación con dos expedientes de aval a las empresas A Novo Comlink España, S.L. y Dolmen Consulting Inmobiliario, S.L.105». La Intervención argumentaba que «el importe que la Agencia IDEA pudiera recuperar de los avales ejecutados, constituyen ingresos de derecho público de la Junta de Andalucía y, como tales, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Junta de Andalucía». Lo contrario, podría lugar a «menoscabo de fondos públicos», circunstancia que sí podría darse en un préstamo entregado «a Santana Motor sin autorización del Consejo de Gobierno, y sin que los mismos hayan sido recuperados por IDEA dada la situación en que se encuentra Santana desde hace años».

Las irregularidades no se quedan ahí. Con respecto a los préstamos concedidos por IDEA –a través de un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones–, el trabajo señala que el importe asciende a 330,3 millones, estando provisionados en un 60 por ciento. La cifra de préstamos –fondos reembolsables– en situación de «contencioso» asciende a 68,7 millones, el 37 por ciento. La Cámara de Cuentas insta a IDEA a «analizar de forma más estricta la viabilidad e idoneidad de los proyectos y ello redunde en una disminución del importe de fallidos».