viernes, 18 agosto 2017
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Editorial

Ya es imposible poner en duda o discutir, salvo para los fanáticos leales al régimen, que suelen ser todos los que viven de él, fuera y dentro de sus fronteras, que el chavismo ha empujado a Venezuela a una situación crítica para las libertades y la seguridad y de emergencia para la subsistencia con unos mínimos estándares de humanidad. Nicolás Maduro, como antes Hugo Chávez, ha condenado a la que fue una de las naciones más ricas de Iberoamérica a la miseria, la hambruna y el desabastecimiento. El pasado ejercicio su PIB cayó el 18%, con los precios disparados el 254,9%, que será el 720,5% en 2017 y el 2.068,5% previsto en 2018, según el Fondo Monetario Internacional. El estrepitoso fracaso económico que denotan las estadísticas, pero sobre todo el que retrata el día a día en las calles, y la consiguiente desesperanza e indignación de la gente, han sido contrarrestados con un recrudecimiento de la represión y el uso indiscriminado de la violencia desde el aparato del Estado. Los cementerios y las cárceles –la reciente ola de protestas han dejado al menos 5 muertos y centenares de heridos y detenidos– atestiguan que la vida de los opositores nada vale hoy para el poder. Tras el golpe institucional de Maduro contra la Asamblea Nacional con el apoyo de los chavistas togados colocados en el Tribunal Supremo, hay una determinación creciente de la disidencia de actuar con la legalidad del Legislativo en la mano contra el autoritarismo bolivariano y de que se escuche en la calle el grito de millones de venezolanos contra el liberticida de Miraflores. Todo apunta a que Venezuela ha llegado a un punto de no retorno en cuanto a la posible normalización democrática y el siempre necesario diálogo, porque la dictadura ha oficializado la violencia como único medio de relación con los disidentes. El plan de Maduro de armar a un millón de civiles como miembros de la Milicia Nacional Bolivariana ante las marchas de protesta de la ciudadanía debería abrir los ojos a la inerte comunidad internacional de que la voluntad del caudillo es ahogar la causa de la libertad con sangre de inocentes. La de ayer era una fecha marcada en el país por la gran manifestación opositora de Caracas en demanda de elecciones y de las destituciones en el Supremo chavista y por la respuesta del poder con una movilización masiva. Como Maduro había anunciado, la Guardia Bolivariana actuó contra las concentraciones opositoras y un estudiante de 17 años perdió la vida de un disparo en la cabeza. Llegados a este punto de degradación y descomposición del régimen, no hay un solo indicio que invite a un cierto optimismo sobre la posibilidad de que el chavismo dé paso a la democracia por decisión propia ni de forma espontánea. Más bien, al contrario. Que las Fuerzas Armadas hayan anunciado su lealtad incondicional a Maduro en esta semana es otro vestigio de que el desenlace que se cierne sobre la sociedad venezolana no es el que una mayoría de esa gente merece tras tanto sufrimiento. Decir que la oposición, que encarnan con coraje y valentía Leopoldo López, desde la cárcel, Lilian Tintori y Henrique Capriles, cuenta con la simpatía de importantes democracias del mundo, responde a la verdad; asegurar que la comunidad internacional da pocos pasos más allá del afecto para doblar el brazo a la dictadura, también. Y recordar que Rusia es un aliado estratégico del chavismo o que Estados Unidos es el principal cliente del petróleo de Maduro puede explicar en parte la escandalosa desidia mundial ante un régimen que ha institucionalizado la violación de los derechos humanos. No pretendemos ser agoreros, pero, desgraciadamente, parece que tendrán que ser los venezolanos los que ganen su libertad para vergüenza de tantas conciencias adormiladas ante la injusticia. Capriles lo asegura hoy en LA RAZÓN: «Maduro es igual a muerte». Y ésa es la verdad.

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