Víctimas en silencio

«Les inculcan la ley del silencio y no distinguen. No diferencian entre la intimidad, la sexualidad...». Así explica la psicóloga María Recio el porqué de que se desconozca la mayoría de abusos sexuales que sufren las personas con discapacidad intelectual. Dirige la única unidad en España que combate estas agresiones: la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi), que impulsó en 2010 la Fundación Pardo-Valcarce y que cuenta con el apoyo de la Fundación Mapfre. «Estábamos muy preocupados por este problema porque cada año, en nuestro colegio, nos relataban un abuso sexual. El 50% de las personas con discapacidad intelectual ha sido agredido en algún momento a lo largo de su vida», sostiene Almudena Martorell, directora de la Fundación. Sin embargo, a pesar de que es evidente que el problema existe, no hay datos. «Existe mucho secretismo. Es un tema del que no se quiere hablar», añade. Es más, un equipo especializado como el que se ha formado en la fundación sólo existe en Reino Unido; en el resto de Europa «no ocurre» al albur de la falta de concienciación que hay sobre este tema. Es más, como apunta Recio, «el único estudio cuantitativo que existe lo hicieron los ingleses y demuestra que sólo el 3% de los casos que se producen se conoce». Lo que refleja la magnitud del problema y que va en la misma línea de los abusos a menores en la infancia, ya que de éstos tampoco se tienen datos oficiales.

En el caso de las personas con discapacidad intelectual el hecho es más flagrante porque son aún más vulnerables, de ahí que la fundación haya promovido colaboraciones con la Guardia Civil y con la Policía para que cuando les llegue un caso sepan cómo abordarlo. «Muchas de las denuncias se han desestimado porque los agentes consideraban que la declaración era nula, por contradicciones y el problema es que muchas víctimas tienen dificultades con la comunicación oral», explica Martorell.

En los cuatro años que lleva funcionando el proyecto de atención a víctimas, de 2010 a 2014, han atendido 245 casos y, como también ocurre con personas sin discapacidad intelectual, las mujeres son las que más los sufren: siete de cada diez.

El agresor, un conocido

Uno de los datos que aporta el estudio y que puede explicar el oscurantismo que existe acerca de este problema es que «en el 99% de los casos, el agresor es una persona conocida (un familiar, un amigo, un vecino...)», resalta Recio, y en siete de cada diez casos los abusos son agresiones sexuales, aunque también se dan casos de maltratos físicos (15%) o situaciones de negligencia, acoso o extorsión (16%). Y no sólo se dan abusos a menores, sino que «llegan víctimas de todas las edades. Es más, el 54% son adultos», a diferencia de los abusos sexuales en la sociedad en general, que disminuyen de forma clara a medida que la persona madura y va teniendo recursos para defenderse. «De primeras no lo cuentan y suelen ser sus profesores los que dan la voz de alarma por alguna frase que les hace sospechar». Lo más importante es que la persona agredida se sienta segura y, por eso, en cuanto «empezamos a investigar solicitamos protección y nos la traemos a uno de nuestros centros». Durante el proceso de valoración, «lo grabamos todo para que sirva de prueba».

Sólo tres de cada diez casos son denunciados, porque «las personas agredidas y los que pueden conocer el problema no confían en el sistema judicial a la hora de abordar este tema», afirma Martorell, y en lo que se refiere a menores, sólo el 20% de los casos termina en denuncia. Los datos demuestran, en parte, el porqué de la enemistad de las personas con discapacidad intelectual con la Justicia, ya que la mitad de los casos se archiva en instrucción cuando la víctima se enfrenta sola al proceso judicial. «Nos hemos dado cuenta de que cuando acudimos al proceso con ellos, el porcentaje de casos sobreseídos en instrucción se reduce a un 10%».

Otro aspecto que varía con respecto al resto de la sociedad es que «las víctimas de abusos con discapacidad intelectual tienen menos estigma»; es decir, no sienten esa culpabilidad que persigue a muchos de los supervivientes de los abusos.

Para intentar visibilizar el problema y evitar que estas personas sufran estos abusos, la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), junto con la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), participa desde 2013 en un proyecto europeo que da formación a jóvenes con discapacidad intelectual para que sean capaces de decir «no». «A lo largo de este año hemos formado a 50 familias y a 30 jóvenes, así como a 50 profesionales», explica Silvia Muñoz, responsable del programa «Keep safe» (mantente seguro) de Feaps. Reconoce que «durante las primeras sesiones salieron varios casos de abusos» porque «muchos no han sido capaces de hablar hasta ahora» e insiste en que «intuimos que los casos que nos llegan son sólo la punta del iceberg». Durante los cursos que imparten en colaboración también con la Fundación Gil Gayarre, «les damos sesiones de una hora para que aprendan cuáles son las relaciones apropiadas, en qué lugares pueden practicarse las relaciones sexuales o a conocer su cuerpo», sostiene Muñoz. «Existe un mito entorno a la hipersexualidad de las personas con discapacidad intelectual y «no es así, simplemente no han recibido la educación adecuada y no cuentan con las herramientas correctas para distinguir cada situación. Que no es lo mismo el contacto con un familiar que con el médico, por ejemplo», añade.

Son muchas las víctimas que han pasado por la unidad. «Hay casos que me duelen mucho», reconoce Recio. Como uno en el que están trabajando ahora: «Es un menor con discapacidad intelectual cuya madre se ha separado de su padre porque la maltrataba, pero el juez no le permite a ella tener la custodia en exclusiva y el menor sigue viendo a su padre, su agresor».

«Si alguien nos toca donde no nos gusta, hay que decir no»

A sus 18 años Alejandro recibió este año un curso para prevenir el abuso sexual entre jóvenes con discapacidad intelectual; un taller en el que aprenden que si algo «no nos gusta hay que decir no. Y que si alguien nos toca donde no nos gusta o se mete con nosotros hay que llamar a la Policía», explicó ayer Alejandro, que está en un Centro Ocupacional en el área de Inserción Laboral de la Fundación Gil Gayarre y promovido por Feaps. También «hemos aprendido que es diferente ser amigo o ser pareja, o que el cuerpo de los chicos es diferente al de las chicas». Se lo enseñaron «Silvia y Nerea». Gracias a ellas, Alejandro –al igual que Marina y Alicia, que fueron con él al curso– aprendió sobre las relaciones, sobre su cuerpo y sobre todo que si algo no le gusta no tiene que aceptarlo, y que si le hacen algo con lo que se siente mal se lo puede contar a sus padres, así como también a la Policía. Tiene ese derecho, una opción que hasta que no asistió al curso desconocía.