Una de cada cinco menores que participa en competiciones deportivas sufre abusos

Convenios colectivos que solo rigen para los trabajadores hombres pero no para las mujeres; competiciones con premios y medallas para ellos y no para ellas; reglamentos que contemplan pausas para ir al baño «si te da un cólico pero no si te sube la leche»; o libros de texto de Educación Física que abordan cómo repercuten en el rendimiento diversas circunstancias físicas y no el ciclo menstrual que afecta al 50% de la población. «Esto es lo que pasa en el deporte», resumen la campeona de tiro al plato, Pilar Calvo, secretaria general de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP), y la codirectora de los servicios jurídicos del sindicato de futbolistas, María José López, en plena negociación (con huelga incluida) de un convenio para las jugadoras con un salario de 12.000 euros al año.

El X Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres puso ayer de relieve la situación de las mujeres deportistas. Un colectivo que, además de la violencia económica que supone la discriminación laboral y salarial, arroja datos escalofriantes de abusos sexuales. Según Calvo, estudios de Unicef y la OCDE apuntan a que «una de cada cinco menores es abusada en el ámbito del deporte». Y es que en la práctica deportiva se comienza a edades tempranas y son frecuentes las situaciones donde las niñas «no están bajo vigilancia familiar» como los viajes, las concentraciones y competiciones. Es un espacio proclive a que se produzcan violaciones, tocamientos indebidos o exhibicionismo que, en muchos casos, no se denuncian porque «muchas veces no entienden lo que les está pasando como abusos, es su entrenador, al que adoran», relata Calvo.

La piragüista Beatriz Manchón y la biatleta Victoria Padial expusieron su experiencia. La primera, mantiene una batalla judicial

–ahora en el Supremo tras un fallo en contra de la Audiencia Nacional– para reclamar su participación en los puestos de cabeza de carrera en el descenso del Sella que por sus tiempos le correspondería pero que la organización le deniega por intentar competir con un compañero en un K2 mixto. Y es que la organización tiene establecido esos puestos solo para hombres, sin dejarle demostrar si cumple los tiempos en la contrarreloj previa para ganarse un puesto de salida, porque consideran «que entorpeceríamos». Manchón lleva cuatro años librando esta batalla judicial porque considera que tiene la «obligación moral de pelear esto» ya que ella pudo disfrutar de su carrera deportiva como piragüista gracias a que otras pioneras de su deporte le abrieron el camino.

En el caso de Victoria Padial, fue una de esas pioneras en un deporte «masculino» como el biatlón, cuyo origen está en una actividad de «supervivencia» en la que «esquiamos con un rifle a la espalda» que originariamente hacían los hombres. «Fue muy difícil introducir este deporte para mujeres», explica. De hecho, ella fue la primera española olímpica en esta disciplina y quiere transmitir su experiencia para que otras sepan que «podemos hacer lo que queramos» frente a los «límites» culturales y sociales impuestos.

Casos como el de la ciclista Leire Olaberría, que ha llevado a la Federación de Ciclismo a los tribunales por discriminación tras su maternidad; la denuncia de AMPD de un campeonato de tiro de Don Benito donde «el premio para ellas era un kit de depilación» o de la no retransmisión en la televisión pública de la final del Mundial de bádminton de Huelva que disputó Carolina Marín «por un programa enlatado» sacan a la luz situaciones silenciadas por el miedo a represalias o porque, según Manchón, «tenemos interiorizadas». Por no hablar de que lo «indignante» que les resulta que en la prensa deportiva o se las silencia o se hable de su físico, ropa o novio.

La consejera de Igualdad arremete contra el «negacionismo absurdo» de Vox

La Junta de Andalucía organiza este congreso desde hace una década y, por primera vez, se celebra bajo la dirección del nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs. Un gobierno condicionado, por la necesidad de sus votos, por Vox, que rechaza la Ley contra la violencia de género y que la semana pasada se desmarcó del manifiesto consensuado por el resto de grupos contra esta lacra social. Durante la inauguración, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), defendió que erradicar la violencia de género «es una cuestión de Estado y como tal necesita del consenso de todas las fuerzas políticas más allá de sus diferencias ideológicas» porque «está en juego la vida de las mujeres». Y criticó el «negacionismo absurdo» de un tipo de violencia que afecta a las mujeres por serlo y que ayer mismo se cobró una nueva víctima mortal en El Prat del Llobregat y supera el medio centenar en lo que va de año. Precisamente, en el congreso, participantes de Portugal o México destacaron la legislación española u organismos como el Observatorio del CGPJ como referentes en la materia.