El precio de destapar la corrupción

El tamaño de la aridez de lo que han vivido puede ser diferente, pero ambos han transpirado miedo por un denominador común: la corrupción. «Mi nombre es Roberto Macías y soy testigo en la causa en la que se investiga a UGT-A por el presunto desvío de fondos públicos, según el auto de procesamiento, de más de 40 millones –en ayudas concedidas por la Junta de Andalucía–, en un periodo muy corto de tiempo, de 2009 a 2013», se presenta a LA RAZÓN. Era el administrativo del departamento de Compras del sindicato que lo despidió, según la organización «por causas objetivas», el 30 de noviembre de 2012. De hecho, en enero de 2014 interpusieron una querella contra él. «Me acusan de un delito de revelación de secretos, de tener documentos confidenciales que nunca han aparecido, una famosa carpeta que sólo está en el informe pericial que aporta UGT para poder señalarme», admite. Se trata de «13 documentos –acabaron en los medios– que suponen cuatro años de prisión, es decir, estaríamos hablando de 113 días de cárcel por cada uno o, traducido económicamente, a 4.160 euros por documento publicado –le exigen el pago de una multa de 60.000 euros–. Es demencial», apostilla.

¿Qué ha sido de su vida desde entonces? «Una lucha para demostrar que es un montaje lo que ha hecho el sindicato. Hay incluso una sentencia de la Audiencia de Sevilla que reconoce que documentos que UGT usa para inculparme son posteriores a mi despido, que no corresponden con la fecha en la que trabajé allí y me adjudican filtraciones de anónimos». Asegura que se ha costeado su defensa como ha podido, mientras buscaba una oportunidad laboral porque tiene familia. «Me he encontrado con que cuando tu nombre aparece en medios vinculado a un caso de corrupción se te cierran las puertas del mundo empresarial porque resultas un perfil complicado, difícil de gestionar y te quedas fuera», lamenta. Mientras, dice haber estado participando en comisiones parlamentarias de investigación y haber «denunciado el fraude ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)» a la que habría advertido de que «el mismo procedimiento seguido en Andalucía se ha replicado en Extremadura, Baleares, Canarias…».

La historia aún tiene que avanzar. El juicio al que tendrá que enfrentarse se ha retrasado hasta el próximo marzo, pero el escenario no cambiará. «La acusación es por informar de un acto de corrupción y la Fiscalía me pide tres años de prisión», insiste. Su abogado solicitó la aplicación de la novedosa directiva europea que protege a los denunciantes, pero el Ministerio Público entendió que no le era aplicable. «Ha pedido el archivo de las actuaciones para Manuel Pastrana –ex líder de UGT– por enfermedad, cuando todo lo señala como una de las personas que tuvo una participación directa en aquel sistema. Un médico forense sostuvo incluso que se le podía haber tomado declaración en su domicilio, porque era una persona lúcida, y no lo han molestado. Yo sufrí un registro en el mío», dispara, preguntado por esa cuestión.

El sindicato defiende que «no ha denunciado ni ha alertado de nada ante nadie» y que sólo «cuando se encontró con la querella» intentó que «se le reconociese como alertador o denunciante». Macías siente que «en lugar de ir contra los responsables, «se ha cargado contra la persona que afirman ha destapado la corrupción» y se pregunta si «alguien ha consultado a los afiliados sobre si están de acuerdo con la persecución» contra él.

También acusa los golpes Jaime González. «Soy funcionario de carrera de la Junta, saqué mi plaza por oposición y me destinaron al servicio de Contratación de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio», arranca. Una vez allí, asevera que se «vio obligado a denunciar». ¿La razón? «Tenía unos jefes muy autoritarios que me quisieron obligar a firmar irregularidades, de las que me habría hecho responsable. En una ocasión me enviaron a una mesa de contratación a la que no tenía que ir». Aquello fue el germen del llamado «caso Infoca», porque era la del concurso en el que se asignaron contratos de medios aéreos para el plan contra incendios así nombrado por unos 60 millones. Él puso la denuncia que lo originó. Lo hizo y «toda la maquinaria del Gobierno andaluz se puso en mi contra», critica.

«El alertador sufre la estigmatización laboral y social, contra el que se carga, mientras las cúpulas se protegen y se blindan». Navega por el pasado y relata que su «acoso» ha tenido varias fases. «Primero mi ex jefe, quien me obligó a ir a la mesa, buscó un enfrentamiento físico conmigo, como no lo consiguió, intentaron declararme incapaz por loco. Cuando eso tampoco prosperó, me echaron con un expediente disciplinario argumentando que soy un funcionario díscolo, que no quiero trabajar y que incumplía el horario». No se quedó quieto. Recurrió a la Justicia y ganó en el contencioso.

Pero aún le quedaba una travesía de momentos ásperos. Volvió a la Administración «y dos compañeras empezaron a mantener que las acosaba, a una de ellas sexualmente». Lo volvieron a echar. Acabó de nuevo en los tribunales. «Al final sólo una me acusó de haberla agredido físicamente y me han condenado por un delito leve de lesiones sin pruebas», reconoce, para coser rápido que recurrirá.

«Por suerte no vivo al día, no estoy endeudado como otros funcionarios, y puedo pelear, pero denunciar supone muchos perjuicios», se queja. Las responsabilidades familiares están ahí. De momento sigue trabajando, aunque ha pedido el traslado y espera la resolución del expediente disciplinario que le abrieron por los últimos hechos. «Creo que me han dado un toque, pero no me echan del todo porque se han dado cuenta de que es mejor tenerme dentro que fuera. En los meses en que me enviaron a mi casa puse varias denuncias y tengo más información», deja caer. Y vuelve a la carga: «Se ha instruido más para condenarme a mí por un delito de lesiones, que en el ‘caso Infoca’, con millones públicos de por medio». Parte de aquello sobre lo que puso la lupa ha acabado en la Audiencia Nacional integrado en la causa centrada en el denominado «cártel del fuego».

Un sistema «podrido»

«El sistema está tan podrido que es imposible cambiarlo. Los denunciantes entendemos que algo falla en la instituciones españolas cuando protegen al corrupto», se lamenta González. Con todo, los dos confían en que la directiva europea recién aprobada «sea una bocanada de aire fresco» que mueva algo en el futuro. No tienen vocación de faunos, pero tampoco intención de rendirse. Desvelan que aspiran a «organizar a todos los denunciantes para hacer frente común contra las instituciones que están estructuradas de tal manera que no van contra el fraude y sí contra nosotros». Aprovechan para pedirle una reunión al presidente del Ejecutivo autonómico, Juanma Moreno: «Sería un gesto muy loable, porque Andalucía ha sido un foco desafortunado de corrupción y es bueno escuchar a quienes hemos tenido un protagonismo desafortunado por ello». Tienen «muchas ideas», deslizan, para la anunciada Oficina Anticorrupción.

La materia que unifica sus vivencias no es exclusiva. «El patrón se ha repetido con Teodoro Montes o Cristóbal Cantos. El que sufre la estigmatización laboral y social es el alertador, mientras las cúpulas se protegen y se blindan», condensan. Montes, funcionario ahora jubilado, llegó a ser testigo protegido en el proceso de los cursos de formación. Cantos, ex directivo del ente público Invercaria es otro denunciante de desmanes que terminó siendo investigado y con querellas. Todos están expuestos a chorros de juicios de valor.