CGT denuncia que los andaluces pagarán «17,8 euros más IVA» por «cada hora de gestión telefónica» del servicio 061

Fue la única interesada en la licitación y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Junta adjudicó a Ilunion la concesión de la gestión telefónica del servicio 061 en Andalucía para 2020, prorrogable por un año más. Ahora el sindicato CGT denuncia «el despilfarro de dinero público» en la gestión de las emergencias, y pone el foco en que «sólo el hecho de subcontratar supone la obligación de abonar el 21% de IVA», lo que no se pagaría si lo hiciera «el personal propio de la Administración».

Para la mencionada organización sindical, existen varios elementos «rechazables» en torno al «coste millonario de la gestión telefónica del 061». De arranque, fuentes de CGT apuntan a «la precariedad en la que se encuentran las plantillas» encargadas de realizarla, a lo que suman un dato: «Por cada hora de servicio, la empresa comisionista va a cobrar 17,8 euros, más IVA». «Cualquiera de las personas, la mayoría mujeres, que se ocupa de atender telefónicamente las emergencias sanitarias en turnos de mañana, tarde o noche los 365 días del año y a las que se les aplica el convenio de ‘telemarketing’, van a percibir por su hora de trabajo 10,62 euros», comparan. Una cuantía «a la que hay que aplicar el descuento del 4,7% de Seguridad Social, 1,55 de desempleo y 0,10% de formación; más el IRPF que corresponda a cada trabajador», cosen de seguido. El sindicato admite que «es muy difícil analizar el coste anual para las arcas públicas de la externalización de este servicio», pero desliza que a los «10,8 millones más IVA» que recibirá de entrada la empresa, hay que añadirles los beneficios que obtendrá «si cobra a casi 18 euros la hora y paga a la plantilla poco más de 10 por ese mismo tiempo». Desde CGT avisan de que seguirán denunciando que los servicios de emergencias de la comunidad «deben prestarse directamente desde lo público», sin intermediarios que «se enriquezcan a costa de las situaciones de angustia» de la ciudadanía y de «precarizar el empleo».