Escuelas Católicas pide “cambios más profundos” para garantizar el derecho a elegir de los padres

Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), con una representación del 70% del sector concertado, valora el decreto de escolarización de la Junta -contra el que este miércoles hay convocada huelga educativa por parte de la Plataforma Andaluz por la Escuela Pública- por “su impacto positivo” en la reunificación de hermanos en el mismo centro y la conciliación familiar y laboral, toda vez que pide a la Junta “una apuesta más decidida y real” por el derecho a elegir de los padres.

Así, en un comunicado, ECA considera que, en general, es un decreto "positivo" y que "fundamentalmente favorece a las familias, con avances sociales como el aumento de la puntuación por hermano escolarizado, algo que continuamente han demandado las familias para la reunificación de hermanos, la mayor puntuación para familias numerosas y monoparentales, la prioridad de admisión para hijos de trabajadores de los centros, una histórica reclamación sindical que favorece la conciliación laboral, o la inclusión del patrimonio en el baremo económico, clave para no perjudicar a las familias realmente más desfavorecidas".

En relación con la libertad de elección de los padres, Escuelas Católica cree que el decreto aporta "un avance más simbólico y nominal que efectivo y real", ya que la asignación de un centro concertado a zonas limítrofes donde solo hay oferta pública "no supone una ampliación de las plazas de la concertada, que seguirán teniendo una demanda más amplia que la oferta". Por lo demás, "quienes verán modificadas sus posibilidades de escolarización serán exclusivamente quienes residan en una zona sin centro concertado, pero con oferta concertada en la zona aledaña. Y esto es algo muy residual", añade.

"Estamos hablando, solo, de un número insignificante de centros, que no afecta más de un 4%, por lo que no acabamos de entender muy bien la controversia creada. Nada cambia para los residentes de zonas con centros concertados y para la inmensa mayoría de los vecinos de localidades sin ellos. Y sobre todo no supone más unidades, ni más centros concertados ni, en definitiva, más oferta de plazas", manifiesta.

Además, recuerda que en 2007, la Junta de Andalucía "ya aprobó un decreto según el cual en todas las zonas debería haber, al menos, un centro público y otro concertado", y que "estuvo vigente hasta 2016". "No se trata, por tanto, de ninguna novedad especial y durante nueve años esta cuestión no causó ninguna polémica ni contestación política", asevera ECA, que añade que desde la educación concertada hemos venido pidiendo a los partidos políticos un Pacto por la Educación que saque la educación de las artificiales controversias partidistas. "Este nos parece un caso claro de que no parece que vayamos por ese camino", apostilla.

Por lo demás, quiere recordar que, a pesar de su mayor demanda, el porcentaje de plazas de la educación concertada, "lejos de crecer en detrimento de las plazas públicas, ha decrecido, pasando del 20% al 18% actual, sin que el nuevo decreto vaya a suponer cambio alguno al respecto". Asimismo, señala que el pluralismo educativo y el derecho a elegir de los padres "están amparados" por el artículo 27 de la Constitución y que la educación concertada "juega un papel que el Tribunal Supremo ha recordado que no es subsidiario sino complementario para la prestación del servicio público de la educación, contribuyendo a la escolarización en todas las etapas, promoviendo la igualdad de oportunidades y proporcionando a las familias más desfavorecidas su única oportunidad para ejercer realmente la libertad de elección".

Por último, Escuelas Católicas añade que “a pesar de reconocer sus méritos”, el decreto de escolarización “no es el que hubiéramos deseado e impulsa, como ya hemos dicho, solo un avance muy tímido en la libertad de las familias y tutores”. Para que ese avance sea real y efectivo, la educación concertada “necesita una financiación más justa, que garantice que sus alumnos gocen de los mismos derechos que los alumnos de la pública en cuestiones como el comedor, el transporte o la inversión en formación del profesorado y equipos directivos”, afirma.

En este sentido, "demandamos a la administración andaluza una apuesta más decidida y real por el derecho a elegir de los padres, acometiendo cambios más profundos que eviten la actual discriminación", afirma, para añadir que este decreto "obtuvo, de forma previa a su aprobación, el visto bueno del Consejo Escolar, órgano de participación democrática en la programación de las enseñanzas no universitarias, integrado por padres, alumnos, profesorados, PAS, titulares de centros, patronales, sindicatos y directores de centros, entre otros, con total autonomía en lo referente a las deliberaciones dentro de sus Comisiones y Pleno y en las orientaciones, propuestas y sugerencias que emite a través de dictámenes e informes".

Finalmente, ECA asegura que quiere tender la mano a la Consejería de Educación y a la comunidad educativa de ambas redes “para buscar, de manera conjunta, la mejor educación de los niños, niñas y jóvenes andaluces, que son los que verdaderamente importan”.