Las universidades, en alerta: “Cualquier imprudencia nos puede abocar al cierre de los campus”

La suspensión de las clases en la Universidad de Granada pone el foco en los estudiantes. Expertos de la UPO critican la gestión del Gobierno en la pandemia: “No sabemos cuál es la situación real en España”

Granada ha sido la primera Universidad en ver cómo las autoridades sanitarias mandaban a alumnos y profesores a casa durante dos semanas para tratar de contener el crecimiento del contagio entre sus estudiantes. Al inicio de la pandemia, se señaló a los escolares como “vectores de contagio” -el curso se desarrolla en la enseñanza obligatoria con normalidad, con cierres puntuales de aulas-, después fueron los adolescentes y en el pico de esta segunda ola los universitarios son los nuevos señalados. Este miércoles entran en vigor las nuevas restricciones aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta y el resto de universidades se mantienen expectantes ante el desarrollo de la pandemia. Desde la Universidad Pablo de Olavide (UPO), su vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, Bruno Martínez Haya, ha admitido este miércoles que “el crecimiento del contagio en estudiantes, si es contrastado, habrá que tomárselo en serio”. “Debemos estar vigilantes y si podemos tomar medidas seis días antes, mejor que seis días después”, ha dicho, advirtiendo que “cualquier acción imprudente nos puede abocar al cierre de los campus”.

Martínez Haya ha resaltado que todos centros públicos han estado "coordinados desde el primer momento para planificar el curso. Todos hemos tenido los mismos parámetros de presencialidad en las aulas y de medidas de seguridad”. Durante un encuentro celebrado en el Paraninfo de la UPO sobre “El impacto social y los retos científicos de la Covid-19”, los expertos han destacado la necesidad de disponer de “datos fiables” tanto para conocer el momento actual de la enfermedad como para predecir su evolución. Además, han expuesto su preocupación sobre la mejora de las técnicas de detección, planteando la idoneidad de que “llegue un momento en que cada uno se pueda hacer test inmediatos y baratos por su cuenta”, y las dificultades y beneficios que ello conllevará.

El más tajante respecto a la calidad de las estadísticas sobre el coronavirus disponibles ha sido el catedrático de Análisis Económico de la UPO, Antonio Villar, quien ha criticado especialmente la gestión del Gobierno debido a la escasa calidad de las cifras que facilita públicamente, además del desfase que existe respecto a las notificadas por las comunidades autónomas: “No sabemos con precisión cuál es la situación que tenemos en España”. Villar no encuentra explicación a que el Ministerio de Sanidad reporte menos muertes que las comunidades -hasta un 32% menos, según ha recalcado- o que recoja solo la mitad de los infectados, al tener solo en cuenta los casos confirmados por PCR o que incluya a las personas fallecidas como altas en el sistema sanitario. “Si no fuera trágico sería cómico”, ha lamentado. El catedrático ha reclamado que se publiquen en toda España los afectados por municipios, como hace Andalucía. “Los datos no son de las instituciones, son de los ciudadanos, los pagamos con nuestros impuestos y tenemos derecho a conocerlos”.

La jornada arrancó con la intervención del presidente de la Real Academia de las Ciencias de Sevilla, José Luis de Justo, quien ha mantenido que “los infectados reales serían diez veces más que los detectados por las autoridades sanitarias”, una regla aplicable en España y en el resto del mundo. Según esa teoría, los afectados por el virus en nuestro país serían 9,35 millones a fecha del pasado lunes. Los fallecidos serían muchos más de los 27.000 notificados por España y rozarían los 44.000 (las estimaciones científicas apuntan a que las cifras oficiales se multiplican por 1,6). El cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) aumenta incluso esa cifra hasta los 58.850, obtenido de comparar las muertes del pasado año con las del actual desde que arrancó la pandemia en febrero). En el caso de Andalucía, esa regla convertiría las más de dos mil víctimas mortales en cerca de 3.300. En cuanto a los contagiados, ocultarían diez veces más, según estudios matemáticos, por lo que los afectados por la covid se elevarían por encima de los 800.000.

El ingeniero eléctrico Antonio Gómez Expósito ha advertido en su ponencia de la importancia de considerar parámetros diferentes para determinar las medidas a adoptar para el control de la pandemia. Actualmente, el Ministerio toma como referencia que los municipios tengan una incidencia mayor de 500 casos por cada cien mil para decretar el confinamiento de una zona. Sin embargo, Gómez Expósito ha insistido en que debe valorarse además la tasa de crecimiento de la infección. “Para ver la evolución del virus lo que importa es que la tasa de contagio esté por debajo de 1”, algo que, critica, “en esta segunda ola se ha olvidado”. En este sentido, ha asegurado que en Andalucía en las tres últimas semanas se han multiplicado por tres las infecciones por coronavirus.