Desmantelan un taller de costura en Málaga donde eran explotados doce chinos

Trabajaban en condiciones infrahumanas y sin respetar las normas sanitarias contra la Covid-19. Hay tres detenidos

Un taller clandestino de costura en el que eran explotados doce trabajadores de nacionalidad china en condiciones infrahumanas ha sido desmantelado por la Policía en Málaga en una operación contra la explotación laboral en la que han sido detenidas tres personas también de nacionalidad china.

Los empleados residían hacinados en el lugar de trabajo, una superficie que no reunía las mínimas garantías de seguridad e higiene y sin respetar las normas sanitarias contra la COVID-19, ha informado este jueves la Policía en un comunicado.

A raíz de una información anónima sobre un taller clandestino de costura, se inició una investigación por presuntos delitos de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros.

Tras las pesquisas, los agentes acreditaron la existencia de un taller de costura en los bajos de una vivienda en la que ciudadanos chinos realizaban jornadas maratonianas de trabajo, sin descansar ningún día de la semana.

El taller, que carecía de las mínimas condiciones laborales de salubridad y sin respetar las preceptivas normas sanitarias de la COVID-19, también era el lugar donde residían hacinados los empleados.

Para dar apariencia de legalidad, en un lugar cercano al principal objetivo de la investigación, la red contaba con un taller de costura con todos sus permisos y requisitos legales, con trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

Muy cerca al anterior se hallaba el centro encubierto, que permitía incrementar el volumen de producción y rebajar los costes al mínimo sin cumplir con la normativa laboral y de extranjería.

La investigación culminó con dos entradas y registros autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, conocedor de la causa, y la detención de dos hombres y una mujer de nacionalidad china y con edades comprendidas entre los 43 y los 52 años por su presunta responsabilidad en la trama.

Los detenidos contaban con numerosos antecedentes por delitos contra los derechos de los trabajadores, se les intervino diversa documentación y se comprobó la existencia de más de 100.000 euros en efectivo y en cuentas bancarias a su nombre.