La Junta de Andalucía de PP y Cs ha alcanzado el ecuador de su mandato en medio de una pandemia cuyas consecuencias están siendo profundas y aún se desconoce su alcance. Lo mejor que puede decirse en esta situación extraordinaria es que el Gobierno de Juanma Moreno ha garantizado la estabilidad hasta el final de la legislatura, con la aprobación los Presupuestos para 2021 y el apoyo cerrado para los del año siguiente. Las cuentas han adquirido este año mayor relevancia por la necesidad de adelantarse a los numerosos frentes que está abriendo la Covid-19, no solo en el ámbito sanitario. El coronavirus ha desbaratado las previsiones económicas y ha golpeado con dureza a la industria del turismo, arrastrando con ella las cifras de récord que venía cosechando Andalucía, que cerró 2019 habiendo recibido a 32,5 millones de turistas.El 14% del PIB andaluz proviene de un sector que aún no había mostrado debilidades, más allá del desgaste por la gran afluencia en ciudades como Granada o Sevilla. Este año será un espejismo de los precedentes, pero la buena noticia es cuando se levanten las restricciones a la movilidad Andalucía volverá a ocupar de nuevo su lugar, como ya se demostró en verano. La Junta está haciendo lo que se espera de un Gobierno regional: adoptar todas las medidas a su alcance para evitar una hemorragia económica que se ha traducido en una tasa de paro del 25% y que se encamina hacia el 30% en el primer trimestre del próximo año, según las previsiones de Empleo, y reclamar al Ejecutivo central que cumpla con su parte. Todos los indicadores apuntan a que la caída del PIB regional superará el 11%, pero la Consejería de Economía apunta a una recuperación del 7% y la creación de 164.000 empleos en 2021. En ese baile de números los Presupuestos deben servir para impulsar y acortar el camino de la recuperación, que estará marcada por la evolución del coronavirus.

La realidad parcial de los datos podrá afirmar que Andalucía está en un situación peor que hace un año: más paro, más problemas en la atención sanitaria y con la campaña de Navidad en el aire por el coronavirus. La incertidumbre marca más que nunca el futuro de Andalucía, como el del resto de España. El Gobierno encabezado por Juanma Moreno y Juan Marín arrancó hace dos años con el firme propósito de ofrecer la estabilidad necesaria para que la comunidad creciera económicamente. Moreno inició su mandato apuntando alto al comprometerse a crear 600.000 nuevos empleos y acabar con las listas de espera sanitaria, entre otras promesas de largo alcance. Ninguna de esas dos se cumplieron entonces y tampoco lo harán al acabar este segundo año, en el que el camino se le ha puesto cuesta arriba al Gobierno de PP y Cs. Lo que más costó en los primeros doce meses fue conformar un Gobierno sólido en la retaguardia que respaldara la primera fila formada por el presidente y sus once consejeros, hasta que finalmente se frenó el goteo de dimisiones entre altos cargos. No se entendió que una vez lograda esa estabilidad interna, el vicepresidente Marín anunciara durante semanas una futura crisis de Gobierno que finalmente quedó en una reorganización de consejerías, cuyo cambio más destacado fue el traslado de la gestión de los fondos europeos de Economía a Hacienda. Superado ese bache en los primeros días de septiembre, la Covid-19 dio su segundo zarpazo antes de lo esperado. La principal preocupación es contener los contagios y evitar una tercera ola en invierno. Al presidente andaluz hay que reconocerle su capacidad de dar un paso adelante -el que le corresponde, por otra parte– y ser la cara de las decisiones más complicadas que se han tomado, prorrogando dos semanas más la prohibición de salir fuera del municipio de residencia hasta después del próximo puente de diciembre. La Junta ha tomado riesgos y ha sido transparente con los argumentos de sus decisiones, aunque la estrategia de comunicación ha tenido en ocasiones demasiadas voces que han generado incertidumbre entre los ciudadanos. Afrontar la crisis en la mejores condiciones requiere mensajes inequívocos y contundentes. La aprobación anual de los Presupuestos para un Gobierno en minoría era una tarea ardua. La prórroga de los Presupuestos de 2020 –papel mojado a causa de la covid– no hubiera permitido aumentar su cuantía en un 3,7, hasta los 40.188 millones. Parte de esa cantidad se destinará a sufragar el gasto extraordinario provocado por el coronavirus, que se «comerá» dos mil millones, según la previsión del consejero de Hacienda, entre asistencia sanitaria y medidas adoptadas para paliar sus consecuencias como contratación de personal en educación o ayudas a empresas y familias. Que en solo diez días la Junta haya recibido más de 95.000 solicitudes de autonónomos para el pago único de mil euros confirma que la primera necesidad es cubrir los gastos inaplazables a los que empresas y familias deben hacer frente. La inversión para recuperación económica será de casi 4.000 millones, un 13% más, un esfuerzo teniendo en cuenta que la mayor parte del dinero –el 55% del total– se irá en sufragar las políticas sociales de educación, dependencia y sanidad.