La inspección de la Junta realiza 1.724 actuaciones en residencias de mayores en 2020, el doble que el año anterior

El Servicio de Inspección de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha realizado 1.724 actuaciones en centros residenciales de personas mayores durante el año 2020. La cifra supone que se ha duplicado el número de inspecciones respecto a las llevadas a cabo en el año anterior cuando se realizaron 861.

Del total de actuaciones, 744 inspecciones han sido de carácter extraordinario, 892 han correspondido al Plan General de Inspección y se han llevado a cabo otras 88 por motivo de denuncia, según ha informado la Consejería por medio de una nota.

La distribución por provincias ha dado como resultado 132 inspecciones en la provincia de Almería; 201 en la de Cádiz; 209 en Córdoba; 275 en Granada; 149 en Huelva y su provincia; 211 en el caso de Jaén; 257 en Málaga; y, finalmente, 290 se han realizado en Sevilla y su provincia.

Este órgano de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene como objetivo contribuir al buen funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, una labor especialmente relevante durante la situación de emergencia sanitaria y social derivada de la pandemia por Covid-19.

Durante el estado de alarma ha llevado a cabo cerca de 5.100 contactos telefónicos y 207 estudios de ratio de personal en centros residenciales para personas mayores y con discapacidad.

“Desde el pasado 15 de marzo, la actividad desplegada por la Inspección de Servicios Sociales ha sido ingente y muy variada. Los centros y entidades, fundamentalmente de personas mayores pero también de discapacidad, han estado en contacto, a cualquier hora del día, con el personal inspector”, ha señalado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

En este sentido, Ruiz ha destacado “la labor de acompañamiento, asesoría e impulso al cumplimiento de los requisitos funcionales relacionados directamente con la calidad asistencial y los derechos inalienables de las personas residentes que ha realizado la Inspección”.

La consejera de Igualdad ha reconocido y valorado el esfuerzo y el sobresaliente trabajo llevado a cabo por la Inspección de Servicios Sociales, a cuyo personal ha agradecido “su implicación en un momento muy difícil para todos y todas, en el que ha sabido jugar un papel fundamental para garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como de los y las profesionales”.

TRECE MILLONES Y MEDIO A ENTIDADES

Recientemente, el Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto-Ley 31/2020 por el que, entre otras medidas, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado 13,5 millones de euros para el apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención a la dependencia para garantizar la continuidad del servicio, el sostenimiento de este sector social y el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo vinculados.

El Gobierno andaluz contribuye a paliar los gastos que están soportando los centros, así como a garantizar la continuidad asistencial y la calidad de la prestación del servicio a las personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia.

Por provincias, la distribución de este presupuesto se llevará a cabo de la siguiente forma: Almería, 1.245.809,47 euros; Cádiz, 1.979.577,59 euros; Córdoba, 1.869.326,87 euros; Granada, 1.755.389,42 euros; Huelva, 921.674,35 euros; Jaén, 1.284.132,67 euros; Málaga, 1.910.966,32 euros; y Sevilla, 2.545.577,76 euros.

La medida económica se destina a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche y centro de día con terapia ocupacional con plazas concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad.

En Andalucía, el número de centros que prestan servicios públicos de atención a la dependencia para personas mayores y con discapacidad mediante contrato, convenio o concierto con la Assda asciende a 1.415 con 37.886 personas beneficiarias a fecha de 31 de octubre de 2020.