La economía sumergida ha llegado a representar el 33,5 % del PIB de Cádiz

El peso promedio de la economía sumergida en la provincia de Cádiz en el período 1986-2020 ha llegado a ser del 33,5 % del Producto Interior Bruto, según un estudio elaborado por el profesor de la Universidad de Milán Vicente Ríos, encargado por la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Diputación.

En una rueda de prensa telemática para presentar este informe, Ríos ha explicado que el porcentaje de afectación de la economía sumergida en Cádiz ha sido muy superior al de la media nacional, que en estos años ha rondado el 20 y el 21 por ciento.

En el documento presentado hoy, el profesor disecciona la economía sumergida como aquella que engloba las actividades económicas productivas ilegales, como el tráfico de drogas o el blanqueo, pero también las legales que escapan de la fiscalización o incumplen las normas laborales o administrativas, es decir, aquella economía no registrada.

Según este estudio, la economía sumergida alcanzó el máximo en 2007, año en que se empleó una cantidad de dinero para transacciones opacas de 806 millones de euros, aunque esa cifra se redujo en 2020 a 75,8 millones de euros.

El profesor Ríos ha establecido en su estudio que el peso promedio de la economía sumergida en la provincia de Cádiz desde1986 a 2020 ha sido del 33,5 % oficial, aunque esa cifra se redujo en 2020 al 16, 8%, en línea con la evolución en Andalucía y España.

“Una cifra del 33,5 % implica en Cádiz un nivel de informalidad muy elevado”, asevera el documento, en el que establece que este “resultado es sensible a la utilización de diferentes de presión fiscal y de la velocidad del dinero en circulación”.

El estudio considera que en el año 2020 la economía sumergida suspuso una pérdida de ingresos fiscales de aproximadamente 1.505 millones de euros, lo que implica que para el mismo nivel de servicios públicos recibidos, cada habitante de la provincia de Cádiz estaría pagando unos 1.209 euros de más al año en impuestos de lo que le correspondería en una “situación de justicia fiscal”.

Como conclusión, el informe revela que “la provincia de Cádiz sufre de un problema de gran magnitud por el elevado volumen de la economía sumergida, no tanto por los efectos en el crecimiento de la renta per cápita, sino por la situación injusticia fiscal y por el agujero recaudatorio”.

Ríos cree que los resultados de estos estudios marcan líneas de actuación política como “mejorar la educación y la moral fiscal mediante la concienciación de los jóvenes, invertir recursos en hace transparente la administración e incrementar los mecanismos de control a políticos y gobernantes para así mejor la calidad institucional a largo plazo”.

También aboga por “reducir los impuestos allí donde sea posible y favorece la utilización de tarjetas de crédito en detrimento del dinero efectivo”.