LLa patata caliente está ahora en manos de la forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que ya ha recibido toda la documentación para estimar si la enfermedad que sufre el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, puede ser tratada o no en prisión.

El plazo para que el ex mandatario, condenado a seis años y dos días por el caso de los ERE fraudulento, entrase en la cárcel expiraba este lunes. Pero su defensa solicitó a la Audiencia de Sevilla que suspendiese el proceso alegando una «enfermedad grave sobrevenida». Una vez vista la documentación médica aportada por la defensa de Griñán, la Audiencia Provincial ordenó que un forense hiciese un reconocimiento a Griñán y emitiese un informe «valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».

Ayer por la mañana Griñán acudió a las dependencias del Instituto Legal de Sevilla para tal reconocimiento. Ahora, será la forense quien tenga que determinar si su estado de salud –padece un cáncer de próstata inoperable– es apto para su entrada en prisión. Sobre los plazos no hay nada estipulado. La forense no tiene fecha límite para elaborar su informe y remitirlo a la Audiciencia de Sevilla. Tampoco la Audiencia tiene un plazo para decidir si admite la petición de la defensa del ex presidente.

En el caso del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de prisión, la Audiciencia sí ha decidido suspender su ingreso en la cárcel por razones médicas. Lo hizo en base al artículo 80.4 del Código Penal, que faculta a los «jueces y tribunales» a «otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables». A este mismo artículo podría recurrir la Audiencia en el caso de Griñán para evitar su entrada en prisión, así como al artículo 1.3 , que permite la concesión de la libertad condicional si el «peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente» y así lo acreditara el forense y los servicios médicos de la cárcel.

La ministra Montero rehúye darle apoyo

A la espera del dictamen del juez, la que fuera consejera con José Antonio Griñán, la ahora ministra María Jesús Montero, rehúye mostrarle su apoyo. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre el asunto»,zanjó ayer la ministra ante los periodistas congregados en la Delegación del Gobierno en Sevilla. Aunque su comparecencia venía motivada para valorar los datos del paro y el último paquete anticrisis del Gobierno, la expectación se debía a la reciente entrada en la cárcel de seis de los ocho ex altos cargos de la Junta por los ERE. Sobre la situación de sus ex compañeros no quiso pronuniarse, tampoco sobre el posible indulto a Griñán.

La hoy ministra de Hacienda fue consejera de los gobiernos de los ERE. Fue nombrada por Manuel Chaves responsable de la cartera de Sanidad en 2004, cargo que desempeñó hasta 2013. Ese mismo año, Griñán la nombró consejera de Hacienda. Con Susana Díaz se mantuvo dentro del Ejecutivo autonómico hasta 2018.

Cuando se imputó, en julio de 2013, a parte de la cúpula del PSOE andaluz por la pieza política de los ERE, Montero sí salió al paso y mostró su apoyo a los compaños. En una red social, escribió: «Yo también soy hoy Antonio Lozano, Ventura, Magdalena Álvarez, Salgueiro, Valverde y tantos otros. Mi apoyo y compromiso». Ahora, prefiere mantenerse al margen: «Es una cuestión privada». «Al señor Griñán le asisten los mismos derechos que al resto», zanjó.