El chabolismo continúa en Níjar tras la demolición de «El Walili»

El asentamiento ilegal de «El Walili» ha desaparecido del mapa del chabolismo en la localidad almeriense de Níjar, así como la visión directa de unas 200 infraviviendas de madera, metales e incluso plásticos para quienes pasaban por las inmediaciones de la carretera que accede al núcleo urbano de Los Albaricoques. Dentro de un operativo con maquinaria de demolición, efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, los Bomberos del Levante extinguieron dos incendios y uno de los ejemplos esgrimidos por el Ayuntamiento nijareño para llevar a cabo el desalojo por orden judicial fue la falta de medidas de seguridad e higiene en el poblado ilegal del paraje de Los Nietos.

Pese a los «intentos de algunos por convertirlo en una tragedia, con los fuegos o intimidando a los moradores para que no subiesen a los autobuses con destino al centro de acogida y derivación, el desalojo y posterior realojo de los residentes de ‘El Wailili’ ha sido muy positivo y se ha desarrollado en paz», según la alcaldesa socialista Esperanza Pérez.

Fueron atendidas unas 180 personas de las 254 censadas por los servicios municipales en los últimos tiempos y solo 86 de ellos aceptaron el alojamiento transitorio habilitado por un periodo de dos meses. La regidora no ha evitado críticas de algunos colectivos sociales, oenegés e, incluso, la propia Diócesis de Almería, que ha lamentado que «el proceso» no haya «considerado» a los desalojados como personas «adultas y protagonistas de la historia». Colectivos como la plataforma «Derecho a Techo» o el Sindicato de Obreros del Campo manifestaron su rechazo a la «falta de diálogo o negociación con los moradores», además de invitar «a un paro agrícola prolongado de protesta» que nadie ha secundado. Tras el aviso de que se podía llegar a «más de medio millar» en el número de afectados, un operativo especial coordinó en el albergue municipal a personal de Cepaim, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Hermanas Mercedarias y Almería Acoge para soportar esa cifra. Pero muchos temporeros ya «habían salido de sus casas a otros asentamientos con amigos o familiares, o a esconderse para construir nuevas chabolas en lugares cercanos», según explican los propios voluntarios de un centro de acogida que empieza a vaciarse por problemas de sus moradores para «ir a trabajar». Y es que esas naves con literas quedan «muy lejos» de lo que era «El Walili» y sus nuevos huéspedes trabajan «en los invernaderos próximos», lo que, para la presidenta de Médicos del Mundo en Andalucía, Carmen Domínguez, es «el principal problema que expresan y, por eso, sopesan abandonar el centro». Muchos habrían optado ya por «salir a buscar trabajo en las fincas de la zona y se irán finalmente si no lo consiguen», manifestó Domínguez, ante la ausencia de medios de transporte de los afectados.

Pero mientras temporeros denuncian «que nadie les quiere alquilar» y colectivos señalan «dificultades para acceder a una vivienda digna», Endesa ha sumado ya el corte de un centenar de enganches ilegales desde dos torreones cercanos. Y Unidas Podemos plantea cuestiones relacionadas con el desmantelamiento «sin alternativa habitacional» del asentamiento nijareño incluso en la Comisión Europea a través de su europarlamentaria, Idoia Villanueva, cuestionando «cómo piensa proteger el derecho a la vivienda de las personas desalojadas» el gobierno de Bruselas. El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, eludió responder a las manifestaciones de parte del Ejecutivo que representa y se limitó a destacar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación al desalojo por «decisión municipal» y «con el aval de la autoridad judicial».

Sin embargo, Níjar es la primera localidad que contará con viviendas en alquiler a precios bajos dedicadas a estas personas, con 62 alojamientos proyectados y con una actuación de 1,5 millones de euros en fondos europeos otorgados por la Junta de Andalucía. Junto a las administraciones y la patronal empresarial agrícola, al Consistorio le preocupa la imagen del campo almeriense entre los consumidores de frutas y hortalizas de Europa. «Queremos combatir el chabolismo asociado a la agricultura intensiva», afirmó la alcaldesa nijareña, mientras el municipio se recupera de unos días en el foco mediático que no ha rebajado el vídeo de un hombre de origen subsahariano apedreando un establecimiento de la pedanía de Ruescas.

«Había 60 guardias civiles y una trabajadora social durante el desalojo, creo que la cosa habla por sí sola. Están asustados, no saben dónde les van a llevar», lamentaba el diputado autonómico de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado. Pero muchos ya habían sido realojados en El Cruce, Atochares, Los Albaricoques, El Nazareno, Los Nietos u otros asentamientos donde se calcula que miles de personas conviven en condiciones de insalubridad, exclusión social e inseguridad. Distintos lugares de un término municipal que comprende una de las joyas turísticas de la provincia de Almería: la mayor parte del Parque Natural Cabo de Gata.