En diciembre de 1987, la compañía sueco-canadiense Boliden compró al Banco Central de Madrid la compañía española Andaluza de Piritas S. L. (Aspirsa), poniendo fin a una de las más costosas aventuras inversoras del primer banco privado español. Aspirsa era responsable de la mina de Aznalcóllar, de la que extraía al año dos millones de toneladas de pirita para producir concentrados de hierro, plomo y zinc.

Tras su compra, Boliden empezó a explotar no solo esta mina, sino los terrenos circundantes que también se incluían en la transacción, teniendo en cuenta que las reservas de mineral eran escasas. Hasta que en 1998 la gota colmó el vaso. La balsa que contenía los residuos píricos, cuyos muros se recrecieron en diversas ocasiones, terminó rompiéndose y un vertido de lodo negro tiñó de luto un pueblo de paredes blancas. Fue la madrugada del 25 de abril de 1998 cuando cambió la vida de Aznalcóllar y de una comarca entera entre Sevilla y Huelva, en el vértice y a las puertas de Doñana. Los vecinos recuerdan la fecha como un atentado (medioambiental).

Hoy se cumple 27 años de aquel desastre medioambiental, el mayor de toda Andalucía. El impacto contaminante de la riada tóxica que se vertió al río Guadiamar fue cien veces superior al de las 63.000 toneladas de fuel vertidas por el Prestige, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La contaminación arrasó 4.386 hectáreas en un radio de 62 kilómetros del cauce del principal afluente de Doñana. El peor desastre medioambiental de la historia de Europa se llevó por delante el futuro de un pueblo que todavía trata de desesperarse de la pesadilla, agarrado a la esperanza, como quien camina a lomos de una yegua cansada sobre fangos contaminados. «Fue nuestro Hiroshima», relatan en los bares del pueblo, cuya economía dependía casi al completo de la actividad minera.

El desastre ecológico fue de tal calibre que, bajo la lupa de Europa, las administraciones –entonces del PSOE en la Junta y del PP en el Gobierno– se pusieron de acuerdo para la limpieza. Con una inusitada coordinación, bajo criterio científico y previo desembolso de más de 200 millones de euros, las 4.600 hectáreas anegadas por la riada tóxica quedaron descontaminadas recuperando su riqueza ecológica, salvo algunas zonas. Se recogieron en un mes 37,4 toneladas de peces muertos (carpas, albures, barbos, anguilas), 96 ejemplares de vertebrados terrestres, 40 de anfibios, 11 ánades reales, 8 pochas, además de varios cientos de huevos de aves. En 2001 sitúan los investigadores el punto de inflexión en que finalizó la limpieza de la cuenca del río Guadiamar y en 2003 cuando se dio por recuperado el entorno con la creación del Corredor Verde, un pasillo ecológico de 2.700 hectáreas, declarado espacio protegido.

Reapertura de la mina

En este aniversario, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, cuyos derechos mineros la Junta de Andalucía otorgó en febrero de 2015 a la empresa minera Los Frailes, participada en un 97% por la multinacional Grupo México.

El pasado mes de julio de 2024 la Consejería competente otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de Minera Los Frailes, para la extracción y para una planta industrial de obtención de concentrados de Zinc, Cobre y Plomo, durante un periodo operativo de 17 años. Pero hasta la fecha todavía no se ha otorgado ni la autorización minera dependiente de la Dirección General de Minas, ni la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Las organizaciones ecologistas denuncian, apoyándose en estudios realizados por la Universidad de Sevilla y en la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, que la autorización ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluido en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.

No obstante, desde la Consejería de Industria, Energía y Minas insisten en que el nuevo proyecto de Los Frailes, que se encuentra en la fase final de su tramitación, "no tiene nada que ver con la anterior explotación" y que "es una mina subterránea y no a cielo abierto, que no prevé el uso de residuos".

Además, desde la Consejería que dirige Jorge Paradela insisten en que se trata de un proyecto que cumple con todos los requisitos legales y medioambientales y que cuenta con "un plan de vigilancia y control extremadamente exhaustivo y garantista por parte de la Junta". Tanto es así, que la Administración autonómica "ha optado por fijar en la autorización del vertido los límites más estrictos que marca la normativa ambiental con un único objetivo: preservar el nivel de calidad ambiental del río". "No se verterá ni un litro que no haya sido depurado previamente", aseguran.