Una vuelta de tuerca más. La prórroga forzosa del concierto terminará de asfixiar en los próximos meses a las entidades que prestan el servicio de atención temprana. La Consejería de Salud y Consumo ha acordado la prórroga forzosa del primer concierto social para la prestación de terapias a los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos sin ampliar el precio de 28 euros la sesión/hora, considerado a todas luces insuficiente para las entidades que ofrecen este servicio a más de 30.000 niños y niñas por todo el territorio andaluz. De hecho, fue la licitación del segundo concierto a este mismo precio la sesión la que provocó un reguero de impugnaciones que concluyó con la estimación parcial del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y con la obligación de la Consejería de corregir los pliegos. Por ahora no se ha comunicado que la nueva licitación contemple la necesaria subida del presupuesto para ofrecer un servicio de calidad.

La Junta argumenta ahora «razones de interés público» para justificar la prórroga y no interrumpir la prestación del servicio por un periodo de hasta 9 meses, entre mayo de 2025 y enero de 2026, pero al mismo precio.

La preocupación de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) es máxima. La realidad es que muchas de estas entidades no saben cuánto tiempo más pueden continuar atendiendo a los menores porque acumulan cuantiosas pérdidas económicas. Hay que recordar que a la inflación generalizada de los precios hay que unir la actualización del convenio de lo profesionales que una vez se apruebe se aplicará con carácter retroactivo desde enero.

Desde la asociación APAT esperaban que atendieran la resolución del tribunal, aplicaran «sentido común» y subieran el precio al menos en la prórroga. «No sabemos cuánto tiempo podremos aguantar en esta situación. Es desesperante, la situación es muy grave y no entendemos que no se haga nada», explica el presidente Gonzalo Caba, que recuerda que si el próximo concierto se vuelve a licitar a un precio que no se ajuste a la realidad del mercado, corre el riesgo de volver a ser anulado y entonces ya el servicio a los menores quedaría sin cubrir al no permitirse una nueva prórroga.

La formación Por Andalucía ha solicitado en la sesión de mañana del Pleno del Parlamento una interpelación a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, para que explique la actual situación. Hay que recordar que fue el actual gobierno de Juanma Moreno el que apostó por una Ley de Atención Temprana que garantizara un servicio de calidad a un colectivo muy vulnerable.