Ministerio de Sanidad
Hepatitis C: los precios de las terapias dificultan el acceso a la curación
Más de 50.000 euros por tratamiento ha de desembolsar el sistema público para eliminar la infección en sangre y casi 75.000 si se lo costea de forma privada el paciente
Poner precio a la vida, cuando lo único que la ata a ella es un fino hilo, resulta cruel. La industria farmacéutica aparece como un arma de doble filo. Por un lado es capaz de desarrollar y fabricar medicamentos que curan enfermedades imposibles, a la vez que pone un alto coste económico a los mismos. Los enfermos de hepatitis C han visto cómo sus sueños de curación total se han desvanecido antes de materializarse con la llegada de las terapias más eficaces y con menos efectos secundarios, aquellas que combinan sosfosbuvir y simeprevir. Más de 15 años de estudios y ensayos han terminado en una nube de polémica porque las pastillas que eliminan la infección en la sangre para siempre, podrían poner en peligro la economía del Sistema Nacional de Salud.
Más 50.000 euros cuesta la terapia por paciente al Ministerio, un precio desorbitante, según algunas voces. Más aún si el enfermo se lo costea de forma privada, lo que asciende a unos 75.000. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) se asegura que cuestan casi cien veces más que su coste de producción, «datos que han sido publicados por revistas científicas como ‘‘JAMA’’. Los tratamientos tendrían que ser más baratos para que pudieran llegar a todos», apunta el portavoz de Fadsp, Marciano Sánchez. Sin embargo, Juan José Montes, presidente de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat), lamenta que se haya puesto el foco en ellos: «no somos los únicos que necesitamos un fármaco caro, hay más pacientes y enfermedades con este tipo de coste. ¿Tiene precio una vida?». Con esta afirmación, Montes alude a que en otras especialidades, como en la oncología, no se cuestiona tanto el coste de tratamientos que no eliminan casi al cien por cien la enfermedad.
En la misma línea opina Xavier Forns, jefe de la Unidad de Hepatitis del Hospital Clínic, investigador del Idibaps, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Ciberehd). «Los tratamientos son muy caros y como no es una enfermedad rara, hay muchos pacientes, la Administración pone trabas en el acceso, sobre todo en algunas comunidades, como Madrid. Y esto es así», subraya Forns. El experto del Clínic espera que el reciente anuncio del Ministerio de Sanidad de un plan estratégico, dirigido por el experto Joan Rodés dé sus frutos a corto plazo. Esto servirá para delimitar de qué manera, a quiénes y cómo hay que prescribir esos tratamientos para garantizar desde el SNS que todos aquellos a los que se les indiquen lo van a recibir.
¿Quién y cuándo?
Conseguir delimitar quién y cuándo ha de recibir la terapia combinada no sólo es una cuestión de coste-eficacia, al menos como primer paso para introducir de forma progresiva el tratamiento. «No hay una receta universal para todos los pacientes. Se trata de una enfermedad que son siete en realidad, ya que hay siete genotipos diferentes, que responden de forma distinta a las estrategias terapéuticas. En principio, hay que empezar con los que se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad, los que se conoce como F4 y luego con los F3», explica Antonio Fernández, consejero director de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Janssen, laboratorio responsable de simeprevir (Olysio).
Vicente Carreño, presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales (FEHV) desglosa, a su juicio, cómo debería ser la asignación por lista de afectados: «Lo primero sería buscar a los genotipos 1 y 4, sobre los que más eficacia se ha encontrado, y después ver el estadio de la cirrosis y el nivel de actividad inflamatoria y destrucción en el órgano».
El plan integral que planifica el Ministerio quizás pueda explicar el orden en que los pacientes, según su gravedad y estadio de la enfermedad, puedan recibir alguna de las terapias. El problema reside en que los enfermos reclaman que sea la dual, el que combina sosfosbuvir y simeprevir, y no la triple que combina interferon y rivabirina con uno de los agentes anteriores. «Yo, que soy paciente, no quiero oír hablar del interferon, para mí es el pasado, si hoy tenemos fármacos mejores y que curan», reclama Montes.
Pero antes de que dicho plan se lleve a cabo, desde la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (Fneth), consideran urgente que Sanidad elabore una Estrategia Nacional contra la Hepatitis C que elimine las desigualdades entre comunidades y hospitales, y que contemple la administración sin demora de los tratamientos basados en la triple terapia a todos los pacientes que lo necesiten. Que facilite la administración urgente de los tratamientos de uso compasivo y evite la creación de falsas expectativas a los pacientes con promesas de tratamientos futuros asequibles y altamente eficaces.
Una espera amarga
Más de un año de negociaciones han dado luz verde a que sea sufragado por la Administración y, sin embargo, su accesibilidad es casi inexistente. Mientras, la polémica llega a otros terrenos que nada tienen que ver con la salud y los tintes políticos se mezclan con un laboratorio, Gilead –que no ha hecho declaraciones– que, a su juicio, ha invertido mucho en el desarrollo y patente de un fármaco con el que va a ganar mucho más dinero del empleado. «La cantidad económica frena el acceso a la nueva combinación. El caso es que el sosfosbuvir, el más caro de los dos, se ha convertido en el eje de las terapias y hasta que lleguen las nuevas combinaciones este año, no seremos menos dependientes de él», explica Carreño. Pese a las repercusiones de este problema, la UE ha pasado la pelota al tejado español. Esa semana desde Europa se advertía de que sólo los estados miembros pueden decidir sobre los fármacos «innovadores» que suministran para las enfermedades como la hepatitis C, tal y como establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. «Corresponde a los Estados miembros decidir la manera de conceder a los ciudadanos de la UE el acceso a tratamientos medicamentosos innovadores», manifestó el comisario europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis, en respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD, en concreto de Beatriz Becerra. Este problema resucita la propuesta de los vecinos franceses de una central de compras europea, con el fin de conseguir homogeneizar los precios de los fármacos en la Unión. «No podemos encontrar grandes diferencias entre fármacos en los países de la UE, ya que la normativa delimita diferencias de un 10 por ciento entre los mismos para evitar el tráfico ilegal», apunta el portavoz de Janssen. Sin embargo, el precio sí que se ha convertido en una barrera en España en el acceso. «Aunque existe un techo de gasto. Es decir, que si superamos los 3.000 tratamientos, el resto tiene descuento. Esto es que pasa de 25.000 euros a 12.500», apunta Fernández. Como Gilead no ha querido dar declaraciones, desde ATUSALUD no se puede dar información de cuánto cuesta y el modo en que se financia.
Ante las acusaciones de abuso de los precios de los fármacos que demanda la Fadsp, fuentes de Farmaindustria (la patronal de los laboratorios farmacéuticos en España) aseguran que no compartimos las propuestas que se han venido realizando estos días demandando la expropiación de la patente de los nuevos medicamentos contra la Hepatitis C pues no tienen fundamento en la coyuntura actual. «En primer lugar, porque el tratamiento de todos los potenciales pacientes de Hepatitis C con los medicamentos de nueva generación tendría un coste, aunque elevado, asumible para un país como España, ya que no representaría ni el dos por ciento del presupuesto sanitario español. Por otro lado, porque formamos parte de un contexto europeo y de un orden mundial, por lo que no podría ser una decisión unilateralmente adoptada por un país».
España, pionera
En este sentido, desde Farmanidustria reconocen que España ha sido uno de los primeros países europeos en incorporar los medicamentos de última generación contra la Hepatitis C y que existe un compromiso por parte de las autoridades sanitarias para hacer posible que todos los pacientes para los que hay recomendación clínica (que no son todos) acaben beneficiándose de estos nuevos tratamientos. «Hemos de confiar en que será así, y en que a ello contribuirá el Plan Estratégico Nacional puesto en marcha para el abordaje de esta patología. Lo que hay que hacer es un diagnóstico claro de cuántas son las personas que es necesario atender, y un protocolo de actuación para que los profesionales, actuando de forma independiente y con criterios clínicos, definan la atención sanitaria con las nuevas terapias».
¿Juntos?
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública exige «transparencia» en la información sanitaria sobre fármacos y tecnologías para evitar la «utilización» de los centros sanitarios y de las asociaciones de pacientes por parte de la industria farmacéutica. Sin embargo, esto no es así. Pacientes y laboratorios hasta hace no mucho formaban el tándem perfecto, a modo de lobby, para forzar la inclusión de estos fármacos en la cartera de Sanidad. Así, en 2012 Gilead subvencionaba con 4.000 euros una campaña de concienciación de la hepatitis a la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat), tal y como publica el laboratorio en su página web, donde además, queda reflejada su relación económica con otras asociaciones de pacientes y afectados de VIH, en su mayoría, principales «clientes» del laboratorio.
Otros fármacos que vienen
Los expertos no dudan en afirmar que los nuevos tratamientos que están saliendo al mercado aportan un remedio eficaz a muchas personas con enfermedad avanzada, donde los tratamientos convencionales no surtían efecto o estaban contraindicados, o bien para enfermos a los que se les ha practicado un trasplante, ya que tras la intervención, el virus puede infectar de nuevo el hígado trasplantado. Y otra de las combinaciones que fue aprobada por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de diciembre, es daclatasvir (comercializado como Daklinza por Bristol-Myers Squibb).
Se trata del tercer medicamento para la hepatitis C que se incorporó al Sistema Nacional de Salud en 2014 tras simeprevir y sofosbuvir. Una vez aprobada su inclusión en el sistema público y completados los trámites administrativos, será prescrito para el grupo de pacientes que se defina en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT), que establecerá los criterios de acuerdo con las sociedades científicas y las comunidades autónomas.
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