Desalinización: Su infrautilización pone en peligro la «despensa» de Europa

La sequía estructural de Almería, Murcia y Alicante y la imposibilidad de contar con el trasvase desde el Tajo convierten a las desaladoras en la solución. Su instalación costó millones pero no terminan de usarse

El próximo miércoles en la madrileña plaza de Callao se repartirán 24.000 kg de fruta y hortalizas provenientes de Murcia, Alicante y Almería. Agricultores, empresas, cooperativas y sindicatos de estas tres provincias vienen a Madrid a pedir soluciones para la «despensa de Europa» como ellos la llaman, ya que aquí se produce entre el 85% y el 90% de alcachofas, apios, espinacas, calabacines, pimientos o lechugas (entre otros productos de la huerta) de lo que se consume en España y se exporta a Europa, según datos publicados en 2015 por la Federación Española de Asociaciones de Productores, Exportadores de Frutas y Hortalizas.

«El motivo que nos lleva hasta Madrid es la sequía estructural (una falta de recursos hídricos permanente aunque llueva) que sufrimos en la región y que se ha fijado en unos 400 hectómetros cúbicos al año, y eso que ha bajado con la modernización de los regadíos (la incorporación de riego de precisión por ejemplo) y el uso de aguas depuradas. Sólo en Murcia se usa para regar el 98% de aguas depuradas», considera Marcos Alarcón, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Murcia. La falta de agua suponen que el 30% de la producción de hortalizas de invierno se dé por perdida. A pesar de las lluvias de esta semana, las precipitaciones del año hidrológico siguen siendo más bajas que la media y ya son tres años seguidos que sucede. Además, hay que tener en cuenta que Murcia tiene la ventaja de producir cuando en el resto de Europa no se puede por el frío. «El problema de la sequía no es sólo la producción actual sino que luego el campo tarde en recuperarse entre 8-10 años. Exportamos más del 50% de lo producido, si se pierden estos clientes peligra todo el tejido agroalimentario de la zona que representa hasta un 20% de su PIB», explica Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore).

Y es que desde mayo de 2017 no reciben agua del trasvase Tajo-Segura para riego y desde junio para consumo humano, a la espera de que se recuperen los caudales en cabecera. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha pedido esta misma semana la declaración de sequía en su cuenca, que se encuentra al 37,6% según datos de esta semana del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). Además desde 2018 los criterios para el trasvase han cambiado: tiene que haber 400 hm3 mínimos en la cabecera del Tajo para poder trasvasar (una cifra que ha subido paulatinamente en cinco años). «El déficit estructural de la cuenca del Segura es de 400 hm3, eso si se recibiera el 100% del trasvase anual, unos 600 hm3, algo que ha ocurrido sólo dos veces en su historia, desde 1978», matiza Alarcón. Ahora que el trasvase es inoperativo, las desaladoras acaparan la atención.

El Círculo, defensor a ultranza del mantenimiento del trasvase, pide, además, al gobierno un riego de socorro ante una sequía que no era tan grave desde el año 95 (los embalses de esta cuenca se encuentran esta semana a un 16,3% según los últimos datos del Mapama). También solicitan «la máxima producción de las desaladoras existentes en la demarcación», se lee en sus panfletos. Las desaladoras fueron la gran apuesta del gobierno de Zapatero, quien decidió planificar una serie de infraestructuras por todo el levante y dentro del Programa del Agua como alternativa al trasvase del Ebro. Sin embargo, la situación es que «de las 14-15 que hay en todo el levante, sólo hay 7-8 en funcionamiento. Ahora se están empezando a poner en marcha porque empieza a haber demanda», continúa Del Campo. Por ejemplo, en la cuenca del Júcar dos desaladoras, la de Moncofa y Oropesa en Castellón, costaron 117 millones de euros y no se emplean por falta de usuarios, precisamente por el precio del agua desalada. Pero no sólo el precio, la falta de infraestructuras o el garantizar el abastecimiento urbano son también parte del dibujo de la situación de la desalinización en esta zona.

Pasando a la cuenca del Segura, la desaladora de Torrevieja es el caso más paradigmático. La estructura se diseñó para producir hasta 120 hm3, convertirse en la de mayor capacidad de Europa y paliar de esta forma los problemas de sequía estructural de la zona, pero funciona al 30% de su capacidad. Todo por falta de electricidad. «Ahora mismo está produciendo 40 hm3 porque no tiene acceso a una línea eléctrica con suficiente potencia para alimentar la instalación. Llevamos tres años reclamando la línea y la última noticia que tenemos es que ésta llegará entre abril y verano», continúa Alarcón. Esta desaladora debería servir para cubrir demanda humana y de agricultura al 50%, pero está restringida a esta última y los regantes piden que se les ceda toda la producción. Hay otras desaladoras en la cuenca pero que no da servicio al regadío. Mutxamel, también en Alicante; se trata de una planta más pequeña, de 18 hm3, que se encuentra parada hasta finales de este año. De hecho, sólo ha funcionado una vez desde que se terminó su construcción, según informan medios locales. Si lo hicieran podría dar servicio a poblaciones como Benidorm. «La desaladora de Villaricos en Almería nunca llegó a funcionar porque se inundó. La práctica totalidad del agua que se desala en la cuenca cubre necesidades de abastecimiento. La desaladora de Aguilas en Murcia es la única que da servicio mayoritario a regadío. Eso son 110 hm3», explica Alarcón. Y la desaladora de Valdelentisco, también en Murcia, ha cerrado el grifo a los regantes desde julio de 2017. Y es que en un contexto de sequía, lo primero es garantizar el abastecimiento a los núcleos urbanos: «El crecimiento de la población también ha supuesto un exceso de presión sobre el agua en una región que carece de ella de forma estructural», dice Del Campo. Otro de los problemas para intensificar el uso de agua desalada es su precio, ya que el coste de la factura eléctrica para quitar la sal es bastante alto. A esto hay que añadir el transporte hasta el campo porque las desaladoras se instalan cerca del mar. Todo esto ha provocado que durante mucho tiempo no se utilizara este recurso. «El agricultor paga por el agua desalada unos 0,30 euros el m3, mientras que el agua del trasvase ronda los 0,15 céntimos. Ahora que están construidas y se han hecho grandes inversiones hay que aprovecharlas», explica Del Campo.

El pasado 28 de diciembre desde el Mapama se anunciaba que se destinarían un total de 8,3 millones para rebajar el precio de agua desalada de las plantas de Torrevieja y Valdelentisco destinada a riego durante 2017 (en concreto 0,30 euros por m3. Se ha hecho una inversión muy grande para Torrevieja y una ayuda de 0,10 para la de Valdelentisco). Un anuncio que, sin embargo, no ha desanimado a los miembros del Círculo del Agua que siguen convencidos de su protesta en Madrid, porque «más que el precio lo que nos preocupa es no tener con qué regar», exclama Del Campo.