El rodillo del tripartito

Recientemente hemos conocido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid ha anulado la Comisión de Investigación sobre la Gestión Municipal entre 2003 y 2015, que se había creado en el Ayuntamiento de Madrid. Los motivos del juez para tomar esta decisión han sido que “la finalidad de la comisión está planteada de una manera genérica, sin concretar el asunto a investigar específico” y que su creación se adoptaba para que “se investigue todo, durante tres legislaturas, para ver si algo se descubriera”. Por tanto, lo que viene a corroborar esta decisión judicial es que la Comisión planteada por los grupos municipales de Ciudadanos, Podemos y PSOE era una auténtica causa general a la actuación de los Gobiernos del Partido Popular en la ciudad de Madrid durante las tres últimas legislaturas, ni más, ni menos.

También es conocido que en la Asamblea de Madrid estos mismos distinguidos partidos de la nueva política junto al PSOE impulsaron una Comisión de Investigación de la Corrupción con las mismas características y finalidad. Voy más allá, la comisión municipal es copia de la comisión autonómica que es algunos meses anterior en el tiempo.

¿Y qué sucedió cuando se planteó la creación de esta comisión en la Asamblea de Madrid? Pues sucedió que el Partido Popular advirtió que, tal y como se estaba configurando, era una causa general contra la actuación de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Esta posición se ha recogido en múltiples declaraciones en los medios de comunicación, pero su origen está reflejada en el Acta de la Junta de Portavoces del día 14 de julio de 2015. En ella, este Portavoz expuso, refiriéndose al objeto de la comisión, que “no se puede dejar todo tan abierto, a riesgo de dar pábulo a una actuación inquisitorial o a una causa general prohibida por el Tribunal Constitucional”. Y refiriéndose al marco temporal que la comisión debía investigar: “destaca que se hace referencia a casos conocidos o por conocer, resultando evidente que se trata de términos coloquiales, que deberían ser precisados, pues generan una terrible inseguridad”. El acta refleja también una larga serie de críticas a las incorrecciones e inconcreciones del documento de creación de la comisión: un auténtico disparate jurídico hasta para un estudiante de los primeros cursos de derecho.

Como se puede ver, el Grupo Popular advirtió, hace ya un año y medio, a Ciudadanos, Podemos y PSOE que la comisión de investigación que estaban planteando adolecía, en su regulación, de los mismos errores que han llevado al Juzgado número 9 de Madrid a la anulación de la comisión municipal.

Desde una posición constructiva, propusimos subsanar estos errores y para eso elaboramos de forma inmediata un documento con varias propuestas de modificación sobre las que debían reflexionar los otros grupos. Pero, el tripartito de la oposición en la Asamblea de Madrid no reflexionó y aplicando el rodillo de la suma de sus votos frente a la razón rechazaron todas nuestras mejoras en la siguiente Junta de Portavoces, celebrada sólo siete días más tarde. Es más, no sólo no mejoraron el documento original de creación, sino que lo empeoraron con nuevas imprecisiones sobre su objeto.

Y es que la posición del Grupo Popular no ha podido ser más proactiva respecto a esta comisión de investigación. Nunca nos opusimos a su creación y solamente propusimos modificaciones a su documento de creación para que los trabajos fueran serios y rigurosos, y que, en ningún caso, se pudiera considerar que estábamos ante una causa general, prohibida por nuestro ordenamiento. Esta posición es complementaria de la del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ha esforzado permanentemente en aportar en el plazo acordado la ingente documentación que ha sido requerida.

El tiempo nos ha dado la razón, puesto que, además de la incorrección del documento que creó la comisión, la forma errática del desarrollo de sus trabajos, sin un objeto concreto y saltando de una a otra materia sin orden ni concierto, coinciden con las circunstancias que han llevado al Juez de lo Contencioso Administrativo a anular la comisión municipal. Por eso, hemos trasladado nuevamente a los grupos de la oposición que reflexionen sobre las reglas de funcionamiento de la comisión a la vista de la expresada sentencia. En ningún caso lo hemos planteado con el objetivo de paralizar los trabajos que se están desarrollando, sino para darles seriedad y evitar cualquier tipo de incidente jurídico.

Nuestra propuesta ha sido ingenua: la oposición en la Asamblea de Madrid no tiene entre sus virtudes la de la reflexión y, como otras muchas veces, se ha limitado a aplicar el rodillo del tripartito, a sabiendas de su error, empecinándose en que la Comisión de Investigación siga actuando como una causa general contra los gobiernos del Partido Popular, algo que un juez les acaba de recordar que está prohibido.

Desde el grupo parlamentario popular analizaremos las posibles vías de actuación en este escenario y seguiremos defendiendo que no nos oponemos a que se investiguen las actuaciones de gobiernos en el pasado, puesto que es un elemento imprescindible en el sistema democrático y, además, porque nada tenemos que ocultar. Ahora, eso sí, esas investigaciones deben realizarse con rigor y dentro del respeto a nuestro ordenamiento jurídico. Sería bueno que los partidos de la oposición en la Comunidad de Madrid asuman, de una vez por todas, que una comisión de investigación parlamentaria es algo muy serio, en la que se pueden imponer sanciones penales a los comparecientes que no acuden, y no un instrumento político que se puede utilizar de manera frívola para intentar conseguir un puñado de votos. Con esta forma de actuar el Grupo Parlamentario Popular defiende con honor nuestras instituciones, los derechos de las personas y, desde luego, al Partido Popular.