El Gobierno valenciano contra los jueces

Los vaticinios son sólo predicciones, futuribles que pueden o no cumplirse, pero al realizarse atendiendo a la observación de la realidad tienden a cumplirse. Si son buenos y se acaban convirtiendo en veraces todo el mundo se da por satisfecho. Si la previsión es nefasta y se consuma a las personas les embarga un sentimiento de frustración.

Nos ocupa en este caso la segunda de las premisas, la negativa. Muy a mi pesar desde que personas como Mónica Oltra llegaron a la vicepresidencia del Gobierno valenciano vaticinamos que habría problemas. Así se lo expresé al presidente regional, Ximo Puig, y por eso le tendí la mano en nombre del PPCV para que tuviera un apoyo estable para gobernar y no una muleta nacionalista como Compromís y un sustento parlamentario instalado en la radicalidad como Podemos.

Puig no hizo caso. No se había visto en otra situación igual: con los resultados más pobres de la historia para los socialistas podía ser presidente. El ego pudo más que la prudencia y ahora lo pagamos todos. La observación de la realidad indicaba que los tics autoritarios y la imposición de un pensamiento único podían convertirse en norma. Y así ha sido. Primero fue la sanidad el campo de batalla para revertir conciertos con hospitales que funcionaban bien sin más argumento que sólo lo público es capaz de rendir con eficacia.

Luego llegó la incapacidad para conformar unas cuentas públicas. Incluyeron partidas de ingresos, que a día de hoy siguen consignando, a sabiendas de que no llegarían. Es un fraude a los ciudadanos y una posterior fuente inagotable de recortes. La ideología se impone en todo, el PP es siempre el culpable de todo –aunque la legislatura avance inexorablemente y aumente exponencialmente las responsabilidades del actual Ejecutivo autonómico–.

Y observando esa realidad se veía que el gran objetivo de transformación social se haría a través de la educación. El sistema educativo se ha convertido en la obsesión de Puig, Oltra y los socios de Podemos. Unos, como Puig, por inacción y colaboración necesaria y otros, como Oltra y el consejero de Educación, Vicent Marzà, por ejecutar directamente unas políticas sectarias que atacan a la libertad de los padres y que conculcan derechos constitucionales.

Por decreto. Así llegó el primer aldabonazo del tripartito. El pretendido plurilingüismo escondía en realidad una discriminación para los alumnos que estudiaban en castellano, ya que tendrían menos horas de inglés, frente a los de línea en valenciano que eran premiados. Un sinsentido porque en la Comunidad Valenciana hay dos lenguas cooficiales, en pie de igualdad.

Los tribunales paralizaron el decreto porque dejaba a un gran número de alumnos desprotegidos en materia idiomática. El Gobierno valenciano lo encajó de mala manera y siguió adelante, no rectificó. Tenemos por delante un arranque de curso escolar problemático por esta circunstancia, ya que los centros educativos y los padres no saben a qué atenerse.

Los dirigentes autonómicos elevaron su intolerancia y siguieron adelante con otra de sus cruzadas contra la libertad y que no es otra que asfixiar la educación concertada. Pero la supresión de aulas en Bachillerato y en Infantil también ha sido paralizada por la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha devuelto esos conciertos a cuatro centros que lo habían solicitado. Eso hasta la fecha.

Claro que ese gen del totalitarismo que Oltra lleva dentro acaba por expandirse y dio pie a una apoteósica rueda de prensa en la que ejercía, recordemos, como portavoz del Gobierno valenciano. Acusó a los jueces de “hacer política” y les recordaba que “para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones”. Esta impresentable injerencia del poder ejecutivo autonómico en la independencia del poder judicial no ha sido rectificada por nadie hasta la fecha. Ni lo harán, porque no creen en la división de poderes.

El Estado de Derecho se basa en la regulación y la garantía de la ley. Cuando las sentencias son favorables se acatan y se respetan y cuando son desfavorables, de igual forma, se respetan y se asumen pese a que no se compartan. Oltra, en nombre del Gobierno valenciano, se cargó de un plumazo el Estado de derecho, ese en el que no cree, como vaticinamos hace dos años.

El poder judicial se ha defendido y la Audiencia Provincial de Valencia, el juez decano de Valencia, el Ilustre Colegio de Abogados de V