Los Presupuestos del descrédito

Cada año, inmersos en el último trimestre, se repite la prueba de fuego para cualquier Ejecutivo como es la aprobación de los Presupuestos: las cuentas sobre las que se sustentan las políticas que deben mejorar la vida de los ciudadanos. Reflejan la determinación de los gobiernos, la imaginación de los dirigentes políticos y la capacidad de gestionar con eficacia los recursos disponibles.

En España la ausencia de una mayoría absoluta obliga a redoblar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de progreso y se está logrando. La salida de la crisis económica con un impulso del mercado de trabajo es una realidad y presenta una fotografía del Gobierno que encabeza Mariano Rajoy en la que aparecen los principales rasgos de las políticas del Partido Popular que siempre ha sido requerido para sacar al país de difíciles situaciones y, en este caso, no ha sido una excepción.

Esa ausencia de mayorías suficientes no se da en la Comunidad Valenciana merced al pacto tripartito entre PSPV, Compromís y Podemos, por lo que las tramitación de las cuentas debería resultar más sencilla y eficaz. Nada más alejado de la realidad. Como ya ha sucedido esta legislatura, el Gobierno valenciano ha presentado una ley de Presupuestos basados en la persistencia de los problemas que acucian a los valencianos. Las soluciones a las demandas de los cinco millones de habitantes no llegarán a través de estos Presupuestos. Abandonen toda esperanza.

Ximo Puig y Mónica Oltra presentan, por tercer año consecutivo, ingresos ficticios que para 2018 son 1.325 millones de euros. Lo fían a una mejora del modelo de financiación autonómica que se está abordando ahora, al menos el PP, pero que en ningún caso se puede aún estimar. Como en ejercicios anteriores esa cantidad la retirarán cuando presenten el Plan de Ajuste y generarán más problemas a los valencianos porque o los eliminan recortando gastos o subiendo los impuestos.

También es ficción el capítulo de gastos porque el nivel de ejecución es ínfimo. En 2016 se quedaron sin ejecutar más de mil millones y en el presente ejercicio esa cifra va a aumentar. Esta circunstancia va relacionada con la escasa capacidad de gestión y la poca predisposición al trabajo de los actuales gobernantes autonómicos.

Partiendo de esa base es imposible solucionar los problemas de la Educación donde 15.000 alumnos van a continuar en barracones; tampoco las listas de espera en Sanidad –área en la que baja el Presupuesto asignado–, donde 63.228 valencianos esperan una media de 123 días para ser atendidos. Inaceptable para los dirigentes políticos que deberían tener la mejora de los servicios públicos como único reto.

Tampoco van a tener una respuesta adecuada los más de 30.000 valencianos que esperan a que se les apruebe una resolución para el pago de prestaciones de la Dependencia. El día a día de los valencianos no va a experimentar un salto en la calidad asistencial y el gasto social vuelve a reducirse. Si tomamos como ejemplo los últimos Presupuestos aprobados por el PP en 2015 podemos ver que entonces se destinó un 86,8% a gasto social y tres años después ha bajado al 83,5%.

Este retroceso claro en la atención a los ciudadanos es fruto de la inacción, la desidia y la falta de profesionalidad en los partidos que sustentan al Consell. Si el aumento en inversión está casi congelado y las cuentas que quieren aprobar no pueden fomentar el crecimiento económico, sí se han afanado, por contra, en incrementar el sector público en 156 millones de euros. Como es habitual cuando alcanzan el poder los partidos de izquierdas han apostado por crear agencias prescindibles para convertirlas en chiringuitos donde colocar a afines.

Esta práctica es visible en el área de Presidencia donde Ximo Puig ha pasado de los 8 altos cargos y 21 eventuales que tenía Alberto Fabra en 2015 a tener 15 altos cargos y 30 eventuales, lo que supone un incremento de más de 800.000 euros en nóminas.

Los valencianos deben saber que van a sufrir una carga en impuestos y tasas que subirá un 7,4% (790 millones más que en 2017) y la pregunta es porqué deben soportar esta mayor carga. La respuesta vuelve a ser la misma: incapacidad. Es inadmisible esta subida impositiva si el Gobierno autonómico dispone de 2.195 millones de euros más que lo que recibió la Comunidad Valenciana en 2015.

Entonces la crisis era más aguda pero gracias a las políticas del Gobierno de España se han incrementado los ingresos que recibe la Comunidad Valenciana del modelo de financiación. El último Presupuesto aprobado por el Gobierno autonómico del PP en 2015 contemplaba unos ingresos de 8.072 millones de euros en este capítulo y para 2018 el tripartito dispondrá de 2.195 más. De ahí que una mayor presión fiscal sea injustificable.

Frente a tanto despropósito hemos presentado una enmienda a la totalidad de estos Presupuestos que son los del descrédito de una forma de gobernar amateur que está perjudicando gravemente a todos los valencianos. Un daño que intentaremos minorar en el trámite parlamentario.