Tribunales como interlocutores

La humanidad repite más veces sus errores de lo que sucedería si realmente aprendiera de ellos. Ocurre con los conflictos civiles, con la elección de los malos gobernantes y con la seducción de los charlatanes en las épocas de dificultad como la actual. Hoy en día vivimos los efectos de la globalización, positivos en muchos casos, pero también de exigencia en el plano económico.

Es el caldo de cultivo propicio para los populismos y para una de sus variantes como es el nacionalismo. Ya lo describió con precisión el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa: “El independentismo es una forma de populismo extremadamente peligrosa, quizá la peor. El nacionalismo es en este momento completamente antihistórico, una regresión a la forma más primitiva, cavernaria...”.

El nacionalismo al que se refiere Vargas Llosa lo circunscribía al ascenso de este fenómeno en Cataluña por lo que es perfectamente exportable su definición a lo que está intentando fortalecer en la Comunidad Valenciana el tripartito. Es el modelo autoritario y de negación de cualquier discurso alternativo lo que está crispando a la sociedad valenciana. La imposición de políticas sin consenso y contrarias al interés general está derivando el diálogo parlamentario hacia los tribunales y las peticiones de los movimientos asociativos hacia las manifestaciones en la calle.

Controlar la educación es la gran obsesión de Compromís, liderado por Mónica Oltra, y en ese intento de adoctrinamiento social ni Podemos ni el PSPV se sienten incómodos, o al menos sus cabezas visibles –Antonio Montiel y Ximo Puig–, están practicando un seguidismo cómplice en la división social. Ensayar una discriminación positiva de la lengua valenciana frente al castellano es una medida impuesta por decreto por el actual Gobierno autonómico valenciano. Sin diálogo.

La lengua autóctona no debe ser fuente de conflicto sino de orgullo y la planificación educativa garantizaba su uso, su pervivencia y su futuro por lo que no era necesario priorizar la elección de la línea en valenciano para tener más horas lectivas de inglés. La resultante es que se deja a los padres que optan por el castellano como lengua vehicular para sus hijos en una situación inaceptable en una región con dos lenguas cooficiales que conviven desde hace décadas en un plano de igualdad y tolerancia.

El acoso y la vigilancia no solo es en el plano lingüístico sino que se extiende al ideológico. Lo público es lo idílico para el tripartito por lo que la educación concertada se ha convertido en un enemigo de primer orden al que hay que batir. Da igual que el gasto por alumno sea menor y la calidad de la enseñanza concertada muy reconocida por la comunidad educativa y los padres que optan por este modelo: hay que eliminarla.

El tripartito valenciano se ha pasado años criticando a los gobiernos del PP por lo que entendían como una subida de la ratio en las escuelas públicas. Ahora son ellos los que suben esa ratio pero solo para los centros concertados lo que resulta una auténtica paradoja. Fomentan la división entre padres eliminando algunas de las unidades de Bachillerato en un centro educativo y dejando otras.

Y lo mismo hacen con los centros en igualdad de condiciones objetivas. A unos se les eliminan unidades concertadas de Bachillerato y a otros no. Es el primer paso, porque la hoja de ruta es laminar la libertad de elección y que la enseñanza concertada desaparezca con el tiempo.

No hay debate, solo imposición. Esta miopía política no deja más resquicio para la labor de oposición –que actualmente desempeñamos– que tener a los tribunales como interlocutores y valorar adecuadamente la elevada movilización social contraria a estas decisiones que se está produciendo en las calles de la Comunidad Valenciana.

Los tribunales han admitido a trámite varios de los recursos tanto del grupo parlamentario popular, como de la Diputación de Alicante, como de colectivos de padres y centros concertados. Es una lástima que sea en esta jurisdicción donde tengan que dirimirse cuestiones que antes eran de consenso básico.

Lo que pedimos es que se garantice la efectiva libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos de acuerdo con los principios constitucionales, algo que el tripartito valenciano está conculcando flagrantemente. El Partido Popular siempre va a estar al lado de la libertad y en la enseñanza hay que dejar que los padres ejerzan sus derechos y no sean sustituidos por el intervencionismo del Gobierno de turno. Público y concertado son dos modelos educativos legítimos que conviven durante décadas en España y no hay motivo para romper ese acuerdo constitucional.

Seguiremos pues dando la batalla en los tribunales porque no nos dejan otra opción y las asociaciones de padres y colegios afectados por las primeras supresiones de unidades concertadas seguirán presionando con manifestaciones en la calle, ya que tampoco son escuchados. Haremos que vuelva la cordura.