Casi 6.000 municipios pequeños no son eficientes

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presenta hoy el texto definitivo de la reforma local en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), con la convicción de que la nueva ley puede generar un ahorro de 7.129 millones de euros hasta 2015. Parte importante de este ahorro pasa por mejorar la eficiencia de los ayuntamientos a la hora de prestar servicios públicos obligatorios como el alumbrado público, la recogida de residuos, el abastecimiento domiciliario de agua potable o la pavimentación de las vías públicas.

En este sentido, lo primero es fijar un coste estándar de los servicios, es decir, un valor de referencia por encima del cual se considera que los municipios no están siendo eficientes a la hora de prestar servicios públicos. Con un estudio preliminar, que toma como referencia los presupuestos ya liquidados de los ayuntamientos, Hacienda estima que 5.930 de los 7.719 municipios españoles de menos de 20.000 habitantes –que son a los que va a afectar la ley de forma obligatoria– no son eficientes. Entre los 922 ayuntamientos con una población de entre 5.001 y 20.000 habitantes hay 344 ineficientes, pero la cifra se dispara al analizar los 6.797 municipios con menos de 5.000 habitantes, ya que, dentro de ellos, 5.586 no son eficientes. De hecho, el coste per cápita de los servicios públicos obligatorios asciende a 1.219,98 euros en estos pequeños municipios, frente a los 445,44 euros de coste en los municipios de más de 100.000 habitantes. Es decir, en los municipios de menos de 5.000 habitantes se paga tres veces más por el mismo servicio.

Con esta referencia, la nueva ley prevé que aquellos servicios públicos que los ayuntamientos no puedan prestar de manera eficiente sean asumidos por las diputaciones –o por las entidades superiores en el ámbito local–. La idea es lograr economías de escala y así reducir el gasto público. La norma entrará en vigor en enero de 2014 y en apenas tres meses los ayuntamientos podrán verse obligados a ceder sus competencias y, con ellas, la financiación que llevan aparejada. No obstante, esta cesión de competencias no tendrá carácter definitivo pues, una vez transcurridos cinco años, los municipios podrán presentar planes para recuperar la gestión de los servicios. Hasta entonces, tendrán que controlar que las diputaciones están prestando debidamente los servicios a sus ciudadanos.

Cara a estudiar el posible funcionamiento de estas cesiones y a adoptar buenas prácticas, la Diputación de Orense va a servir como programa piloto.

Por otro lado, el Ejecutivo planea homogeneizar vía Presupuestos los salarios de los empleados públicos de la Administración local. Para ello, fijará una horquilla de sueldos que, según sus estimaciones, podría suponer un ahorro de en torno a 800 millones de euros y situar el ahorro total de la reforma local en 8.000 millones.

Asimismo, el Ejecutivo celebra que la reforma local que se trae entre manos haya tenido efectos positivos antes incluso de entrar en vigor. Según resalta, gracias a la norma se ha logrado que los ayuntamientos hayan pasado de tener un superávit de 4.018 millones de euros en 2009 a uno de 4.623 millones en 2012; que el personal al servicio de las entidades locales se haya reducido en un 12,27% de julio de 2011 a julio de 2012; y que el número de entidades públicas locales haya pasado de 3.656 en 2009 a 3.294 en 2012.