Suárez-Quiñones llevará agua de calidad y en cantidad a los pueblos más pequeños de la Región

Buenas noticias para las personas que viven y trabajan en pueblos de entre 500 y 2.000 habitantes.

Y es que terminadas las obras de depuración en los municipios de más de dos mil habitantes durante la pasada legislatura, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha marcado ahora como reto llevar a agua de calidad y en cantidad a las poblaciones más pequeñas de la Comunidad. Concretamente, a las que cuentan con entre medio millar y dos mil vecinos empadronados.

Para ello, este departamento ha reservado más de 160 millones de euros para poder financiar alrededor de 370 actuaciones de depuradoras y, además, se están configurando programas con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos beneficiados que se englobarán en un plan que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentará próximamente.

Y todo ello a pesar de que la Junta no estaría obligada a ello por la Unión Europea, como si sucedía en el tramo anterior.

«Sabemos que supone un esfuerzo económico muy importante que no pueden hacer ni diputaciones ni ayuntamientos por sus propios medios económicos. Y tenemos que darles una respuesta. Por ello les proponemos un plan para colaborar entre las tres administraciones», señala el consejero en declaraciones recogidas por Ical.

Según se desprende de las palabras de Suárez-Quiñones, la Junta aportaría una parte a fondo perdido, mientras que el resto lo financiaría de la siguiente forma: a 10 años a las diputaciones y hasta 25 a los Consistorios.

Una vez que se pueda cumplir con este programa anunciado por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Castilla y León tendría cubierta una parte importante del saneamiento y depuración de la Comunidad, con especial incidencia en la España Vaciada, aunque siempre a expensas de atender el servicio de los pueblos menores de medio millar de habitantes equivalentes, o lo que es lo mismo, el último tramo de la cadena.

Igualmente, Suárez-Quiñones se comprometió a que sea la Administración autonómica la que se encargue de la explotación de cada depuradora, dado que se han encontrado casos de infraestructuras a las que se han dedicado gran esfuerzo presupuestario y luego no se gestionan bien. «El gasto por explotación y amortización sale interesante para los ayuntamientos, lo cual les da tranquilidad», apunta.