Política

Que el Gobierno pague el IVA que debe, la prioridad

En vísperas de que se celebre este viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Fernández Carriedo recuerda a Sánchez que si no abona lo que adeuda, el daño se lo hace al Estado del Bienestar

Los consejeros de Economía y Hacienda y Empleo e Industria, Carlos Fernández Carriedo y Germán Barrios, asisten a la reunión del grupo de trabajo del Consejo de Internacionalización
Los consejeros de Economía y Hacienda y Empleo e Industria, Carlos Fernández Carriedo y Germán Barrios, asisten a la reunión del grupo de trabajo del Consejo de InternacionalizaciónWellington Dos Santos PereiraLa Razón

Tras más de un año y medio sin reunirse, por fin este viernes se juntará de nuevo el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informará a las Comunidades Autónomas sobre la nueva senda de estabilidad. O lo que es lo mismo, sobre los objetivos de déficit y deuda pública para este año, necesarios para poder elaborar los presupuestos.

Castilla y León ya ha dicho por activa y por pasiva que la solución no pasa por medidas paliativas como una mayor capacidad de endeudamiento, sino más bien por soluciones curativas. Por ello, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, acude a este encuentro con dos objetivos claramente diferenciados, aunque uno principalmente: que el Gobierno socialista de España pague los 142 millones de euros que debe a esta Comunidad en concepto del IVA de 2017.

Una prioridad a la que se han sumado la mayoría de las regiones de la España autonómica, incluidas las socialistas de Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón, en lo que se ha llamado la revuelta autonómica del IVA, para exigir el pago de un dinero que se ha quitado a los ciudadanos y que ahora no se devuelve.

El consejero, preguntado por este periódico, advierte a Sánchez que no sería empezar con muy buen pie su mandato si no paga lo que debe a las Comunidades Autónomas, y recuerda al presidente que el daño no se lo hace a los Gobiernos autonómicos sino a los ciudadanos y su calidad de vida al perjudicar la prestación de los servicios en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Sobre este asunto opinaba también el vicepresidente Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno, donde no descartaba acudir a los tribunales si el Gobierno no abona el dinero que debe.

El nuevo modelo de financiación autonómica es la otra prioridad, y Fernández Carriedo insistirá en su urgencia y tratará de hacer valer el acuerdo de Comunidad existente que pide que se tenga en cuenta en él la dispersión territorial o el envejecimiento el reparto.