El PSOE denuncia que la Junta fomenta el negocio privado en residencias y centros de día

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se ha reunido este jueves con representantes de la Federación de Servicios Públicos de UGT, de los colegios de fisioterapeutas y colegios terapeutas ocupacionales y con la Plataforma Social (Cavecal), para analizar algunas cuestiones que afectan a las personas mayores, como la gestión de las residencias y centros de día.

Al respecto, Antonio Presa, presidente de Cavecal, ha entregado el Grupo Parlamentario Socialista un documento con propuestas en positivo hacia a la Junta -que también recibirán el resto de partidos con representación en las Cortes-, para que el Gobierno autonómico las tenga en cuenta a la hora de regular las estancias en residencias y centros de día de la Comunidad. Un asunto, recuerda Presa, que afecta a más de 50.000 personas mayores en Castilla y León, que es una de las regiones de España más envejecidas.

El texto hace hincapié en que el decreto que quiere elaborar la Junta no ha contado con la opinión de los colectivos afectados, que se está reduciendo el personal que atiende en estos espacios y que faltan plazas por cubrir para garantizar una atención de calidad en estos lugares.

El líder socialista ha hecho suyo y de su grupo este documento, y tras denunciar que la Junta fomenta el negocio residencial privado, reclama al Gobierno que preside Fernández Mañueco que retire este decreto y tramite la iniciativa como proyecto de ley y que éste se consensúe con los colectivos sociales implicados y grupos parlamentarios.

Todo ello con el objetivo, apunta Tudanca, de garantizar que la ratio de personal sea suficiente, que se cumpla de forma estricta lo que demanda el Consejo Interterritorial de la Dependencia y se aumentan también las ayudas a las prestaciones además de evitar problemas jurídicos y promover así la dignidad de la atención en centros de día y residencias que merecen nuestros mayores.

El portavoz socialista, además, recuerda a la Junta que los dos últimos decretos que regulaban este asunto han sido tumbados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y advierte de que con este nuevo decreto “persisten” en el error “porque se merma la calidad de la prestación de este servicio” .

“Castilla y León no puede presumir en este ámbito y desde que ha recibido las competencias no ha construido ni una sola plaza residencial pública nueva”, denuncia Tudanca, quien asegura que Junta se está limitando a dar una prestación vinculada a estos servicios de 30, 40 o 50 euros. Un dinero “insuficiente”, dice, para muchas familias que no pueden hacer frente al coste de una plaza en una residencia privada.

Entre las cuestiones que el PSOE denuncia del decreto, Tudanca pone como ejemplo que los centros con menos de cien usuarios no podrán disponer de un médico a partir del año 2022. “Esta medida deteriorará el servicio que se presta en unos lugares, además, donde hay muchas personas mayores con patologías”, apunta.

“Hablamos también de que con este decreto que prevé la Junta reducirá personal sanitario, así como auxiliares y trabajadores encargados de la gestión directa”, alerta el dirigente socialista, para quien detrás de todo esto se encuentra el objetivo de que las residencias privadas puedan abaratar los costes y ahorrarse un dinero que debería aportar la Junta para que los usuarios reciban atención con la calidad debida.