El 73 por ciento de las residencias están limpias de Covid-19

El 73 por ciento de las 1.214 residencias publicas y privadas, centro de personas dependientes y viviendas tuteladas (832), están limpias de coronavirus y no han registrado ningún fallecimiento ni caso de contagio alguno ni ha habido que aislar a nadie en ellas. Además, 98 centros, menos del 10 por ciento, cuentan con unos niveles muy bajos de afectación, 67 tienen entre un 10 y un 30 por ciento de residentes confirmados o con síntomas; 102 entre un 30 y un 60 por ciento de usuarios infectados o con patologías compatibles con el virus, y 41 residencias en las que más del 60 por ciento de sus usuarios han dado positivo o tienen síntomas.

Así lo destacaba este mañana la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su comparecencia a petición propia en las Cortes para dar cuenta de la gestión de su departamento en la lucha contra el Covid-19, donde advertía de que pese a este dato ningún centro está libre de registrar algún positivo todavía de un virus que “da la cara muy tarde” puesto que se manifiesta entre los 10 y quince dias del contagio.

Una sesión parlamentaria que arrancaba con un minuto de silencio en recuerdo de las personas que han perdido la vida por esta enfermedad y como señal de duelo y respeto por los familiares, donde la consejera reconocía la “dolorosa” situación” que están pasando estas semanas en las residencias de mayores, con más de dos mil usuarios muertos, y pedía disculpas a las familias por las decisiones que hayan podido tomar y que no han sido acertadas. “Todo lo que hemos hecho ha sido pensando siempre en las personas y hemos tratado de actuar siempre lo mejor posible. Y en ningún caso, las residencias han sido abandonadas”, decía Isabel Blanco durante su primera intervención, en la que informaba de que en estos momentos hay casi 700 residentes que permanecen ingresados en hospitales, pero también que más de un millar ya (1.006) han superado la enfermedad.

De hecho, explicaba que las primeras medidas frente al COVID-19 se realizaron el 28 de febrero con el envío a todos los centros residenciales de las recomendaciones de seguridad e higiene existentes en ese momento y que el 11 de marzo ya se restringió las visitas a los centros durante una hora como máximo al día y un familiar por residente, preferiblemente en la habitación, hasta que finalmente el día 14 de marzo se eliminaron. Y que desde que comenzara oficialmente la pandemia, se lleva a cabo una monitorización y seguimiento diario de estas 1.214 residencias.

En cuanto a las personas residentes fallecidas en estas semanas, la cifra se eleva a 2.269, 1.199 por coronavirus y 1.070 compatibles con la enfermedad, de los cuales 696 lo han hecho en los hospitales y 1.577 en las residencias, y luego hay otros 1.200 que han fallecido por otras causas en este tiempo. Blanco informaba de que la mitad de los residentes de Grado 3 de Dependencia, que es el más alto al ser grandes dependientes, han perdido la vida; el 19,4 por ciento de los de Grado 2 y el 13,5 por ciento de los de Grado 1; que la media de edad de las personas que han muertos en estos centros es de 88,5 años; que la mayoría de los que fallecieron lo hicieron entre el 31 de marzo y el 9 de abril y que se contagiaron en la primera semana del estado de alarma; y que desde el 10 de abril que se han empezado a generalizar los test masivos en las residencias la mayoría de los casos de personas muertas que aparecen son ya confirmadas por coronavirus y que están despareciendo de las estadísticas poco a poco los que presentaban síntomas. Con estos datos, la consejera señalaba que la mortalidad de personas usuarias de residencias en Castilla y Leon es del 4,76 por ciento.

En estos momentos, según datos del día, son 5.396 las personas usuarias de residencias que han dado positivo en coronavirus, que 881 se encuentren ahora aislados en sus habitaciones con síntomas compatibles y que otros 5.331 lo están también de manera preventiva al detectarse algún caso positivo o posible en su centro y sin poder salir para evitar que el virus se pueda propagar.

La consejera destacaba igualmente que ya son más de 30.300 los residentes que han sido testados y 17.548 los profesionales de estos centros asistenciales que se han hecho la prueba, y ponía en valor las mejoras en materia de humanización de la asistencia que se presta en estos lugares, al reforzarse los procedimientos de comunicación entre los mayores y sus familias mediante la distribución de más de 250 móviles de pantallas grandes y tablets, donados para tal fin.

Blanco explicaba igualmente que en este tiempo de pandemia han tenido que intervenir seis residencias de Castilla y León, debido a que el manejo de la situación por parte de la dirección y del personal del centro era materialmente imposible por el número de contagios y bajas de profesionales dedicados a la atención de las personas mayores.

Ley de Atención Residencial

Por todo ello, la consejera anunciaba en su comparecencia que visto lo visto estos días de pandemia se ha necesario la creación de un grupo de trabajo para la realización de una Ley de Atención Residencial que, entre otras cuestiones, incluirá la exigencia de un mínimo acopio de equipos de protección en función del tamaño de la residencia y el perfil de los usuarios, además de una mayor exigencia de formación y preparación del personal directivo. Igualmente, esta futura normativa implantará también una herramienta informática que permita conocer en tiempo real los usuarios de los centros y sus características en cuanto a su autonomía personal, el personal de que dispone cada centro tanto en número como de perfiles profesionales y sus incidencias.

“Estas medidas nos permitirán conocer la situación de cada centro de manera instantánea e incrementar en caso necesario, el número de inspecciones”, señalaba Isabel Blanco, quien, pese a las circunstancias, reafirmaba su apuesta y la del Gobierno autonómico por el modelo de las Unidades de Convivencia, así como el uso individual de habitaciones como estrategia, no solo para mejorar el bienestar de las personas, sino también para evitar la propagación de los contagios.

En cuanto al material de protección repartido, la consejera informaba de que se han repartido en este tiempo más de dos millones y medio de mascarillas y que todas las residencias que necesitaron de los equipos de protección individual (EPIs) se les ha proporcionado los mismos a medida que se ha ido disponiendo de este material, pero siempre priorizando aquellas residencias que habían registrado algún contagio.

También destacaba las 667 nuevas contrataciones que se han llevado a cabo estas semanas para reforzar las plantillas de los centros ante el incremento de las bajas de profesionales infectados por el Covid-19, así como la versatilidad y disponibilidad de todos los recursos públicos posibles. Así, Isabel Blanco explicaba que se han contratado a 139 empleados públicos asignados de otras Consejerías, 53 empleados adscritos temporalmente de personal de servicios generales e incluso nueve contratos de alumnos del último curso de Enfermería. A todo esto, la consejera añade las 413 personas que se han ofrecido voluntarias para trabajar en estos centros

Durante su comparecencia, la consejera también daba las gracias a todas las empresas, entidades sociales, asociaciones y particulares que se han volcado desde el primer día donando material de protección para los profesionales de las residencias y ayudando en todo a los Servicios Sociales, así como a los propios profesionales de estos servicios y en especial a los gerentes de cada provincia. “Todo el mundo está dando estas semanas el 200 por cien”, destacaba.

Hacia un nuevo modelo

Durante el posterior debate parlamentario de la consejera con los procuradores de los distintos partidos había coincidencia en que esta pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el actual modelo de atención residencial, aunque cada formación lo defendía a su manera. Así, desde Ciudadanos, María Teresa Gago hacía hincapié en que esta crisis sanitaria ha revelado una debilidad en el sistema sociosanitario de las residencias, en cuanto a la escasez de personal y la dificultad de encontrar personal experimentado y cualificado para reforzar las residencias cuando ha hecho falta. De hecho, aseguraba que en los momentos más duros ha habido que tirar de trabajadores sin cualificación e incluso de voluntarios, por lo que la procuradora de Ciudadanos apostaba por reforzar la formación específica de cara al futuro. “El modelo actual tiene que ser revisado”, decía Gago, quien pedía también unidad y más sinergias entre las Consejerías de Familia y Sanidad, y que todos los partidos se sienten a dialogar y aportar ideas para construir el futuro modelo residencial.

Desde el PSOE, Isabel Gonzalo Ramírez, aseguraba que desde su partido no quieren confrontar con la Junta “porque no es el momento” y apelaba también a la unidad de acción en la Comunidad, pero también desde el Gobierno regional hacia el de la Nación con el reto de conseguir que nadie se quede atrás. La parlamentaria socialista pedía a la Junta que dote de recursos a las residencias y reprochaba las “décadas de privatizaciones” en Castilla y León “que han provocado carencia de personal, precariedad laboral y falta de medios”, apuntaba. “Han priorizado la economía”, proseguía Ramírez a la vez que recordaba a la consejera que en la Comunidad solo hay 25 residencias públicas y que la finalidad última de las residencias privadas es hacer negocio y obtener beneficios.

De cara al futuro, pedía también un cambio de modelo asistencial más enfocado hacia lo público y que cuente con suficientes recursos y que haya igualmente una inspección más continuada en los centros y que los profesionales que desempeñen labores de enfermería tengan dicha cualificación. "La privatización es el mayor elemento a corregir ya que no se puede hacer negocio con los mayores”, finalizaba.

Sobre la tarea inspectora de la Junta, la consejera Isabel Blanco contestaba poco en su réplica que las inspecciones realizadas durante la crisis del coronavirus han alcanzado a casi el 25 por ciento de las 1.214 residencias de mayores de la Comunidad, en concreto a 309.

Por parte del PP, el procurador Miguel Ángel García Nieto ponía en valor la diligencia en la actuación de la Consejería ya incluso antes de que la pandemia fuera oficial, al recordar que el 28 de febrero ya se emitieron unas recomendaciones para evitar la propagación del virus. Una loa que contrastaba con el reproche que hacía acto seguido al Gobierno de España por banalizar la fortaleza y virulencia del coronavirus “que consideraron como una gripe” así como por permitir las manifestaciones del 8 de marzo por los derechos de la mujer y que la gente saliera de forma masiva a la calle.

García Nieto llamaba también a trabajar juntos en un nuevo modelo residencial que avance en la suficiencia de equipos, que refuerce la atención a los residentes, que asesore al personal y que avance en las nuevas tecnologías para saber la situación de cada centro.

Finalmente, Peblo Fernández, de Podemos, aseguraba que el coronavirus entiende de clases sociales “porque afecta a los más vulnerables” y advertía de que si los centros cuentan con menos recursos el virus les afectará en mayor medida también. Fernández se mostraba crítico con la gestión dela Junta y apuntaba que detrás la propagación de la enfermedad en las residencias se esconden los recortes, la privatización y la precariedad laboral de los últimos años. También echaba en cara a la consejera que saque pecho del acuerdo alcanzado en el Dialogo Social recientemente, cuando los sindicatos están denunciando su incumplimiento o que no haya respondido a las 15 medidas que propone Podemos por importe de 535 millones de euros para reforzar la atención en estos centros asistenciales y mejorar la calidad de vida de los usuarios y la de los profesionales. Finalmente, Fernández proponía incrementar la financiación de los servicios sociales por una catnidad superior a los 435 millones presupuestados, con al menos 380 adicionales para mitigar la pandemia.

Respaldo a las enfermeras sociales

Por otra parte, durante una de sus réplicas a los procuradores de la oposición en la Comisión de Familia e Igualdad de las Cortes, la consejera se mostraba partidaria de que las enfermeras que desempeñan su labor en los Servicios Sociales sean consideradas de igual manera que sus compañeras sanitarias y tengan por tanto las mismas condiciones laborales.

Si bien, recordaba al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que fue quien le preguntó por este asunto que calificaba de “injusticia social”, que la decisión última es competencia de la Función Pública.