El Supremo da la razón a la Junta y avala que su Ley de 2015 era idónea para el ejercicio de la caza

“Más vale tarde que nunca”, dice el sabio refranero popular, de donde también se extrae que “las cosas de Palacio, van despacio” o que “para este viaje no hacían falta alforjas”. Frases que han ido pasando de boca en boca a lo largo de nuestra historia, de padres a hijos, y que sirven para un roto y para un descosido pero que en este caso que nos ocupa, que es la caza, se pueden aprovechar para justificar lo ocurrido este martes en el Tribunal Supremo.

Y es que tres años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) revocara algunos artículos del decreto de caza de Castilla y León aprobado por la Junta dos años antes, en 2015, dando la razón a los ecologistas que habían interpuesto un recurso, el órgano que se encuentra en la cúspide del poder judicial español, ha decidido hoy estimar el recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla y León a la sentencia del TSJCyL.

O lo que es lo mismo y dicho en Román Paladino, el Supremo ahora da la razón al Gobierno autonómico y, de paso, da un tirón de orejas al Alto Tribunal de la Comunidad que preside José Luis Concepción al declarar ajustado a derecho el decreto de abril de 2015 por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

Y es que a este decisión cautelar de mayo de 2017 del TSJCyL trajo consigo, en el final del mandato de Juan Vicente Herrera, la paralización de la actividad cinegética y que la caza se movilizara en contra de la situación que había en su momento. Lo que provocaba, a su vez, que el Parlamento autonómico se pusiera manos a la obra para aprobar en el último pleno de la pasada legislatura la proposición de ley con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés (Podemos se abstenía e IU no votaba al ausentarse José Sarrión por enfermedad, aunque su voto hubiera sido en contra), que permitía volver a cazar en Castilla y León y con la que se salvaba la suspensión cautelar judicial. Una norma que salía delante entre denuncias de los ecologistas a la Mesa de las Cortes por tramitar esta proposición de Ley, y entre gritos en defensa del medio rural, pero también con el compromiso de que en esta legislatura se consensuara una nueva Ley de Caza.

En la sentencia del Supremo, que se haberse producido mucho antes, se hubieran evitado todas las polémicas, paralizaciones e iniciativas parlamentarias posteriores, el Alto Tribunal sólo mantiene nulo el artículo 9.4, que se refiere a las modalidades de palomas en migración invernal de pasos y la caza de acuáticas desde puestos fijos, anulado por el TSJCyL y que no fue recurrido.

El Tribunal explica en la sentencia que la “mera ausencia” de los estudios o informes científicos, en la forma en la que se plantea, no puede ser considerada como causa de nulidad del decreto. Argumenta que no es una causa que permita exclusivamente dejar sin efecto al normativa de la Junta, que recuerda no viene determinada ni por la normativa sectorial europea, ni por la procedimental interna de elaboración de las normas reglamentarias.

También señala que la memoria justificativa y los demás documentos expresan una “amplia fundamentación” de la decisión que adopto el Gobierno regional. Por ello, el Supremo considera que el decreto tiene su plasmación en los datos recogidos en el expediente, “sin que pueda sostenerse con éxito que el decreto suponga infracción de las previsiones legales y comunitarias que le sirven de amparo”.

“Se trata -concluye- de una normativa de rango suficiente, que enuncia de forma clara y precisa los criterios de la Directiva Aves para el ejercicio de la caza, en relación con las diversas especies contenidas en el Anexo de la misma directiva, estableciendo sus periodos de caza y veda, para cada año”.

Trascendencia para la salud pública y el campo

Nada más conocerse la sentencia, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se felicitaba por la decisión del más Alto Tribunal en España, y no solo por sutrascendencia para la caza, una actividad de la que viven decenas de miles de familias y que además ayuda a fijar población, sino también por su importancia para la salud pública, la seguridad vial, el trabajo en el campo y la conservación de las especies. “Algo en lo que la Junta siempre ha defendido y apostado y que ahora el Supremo ratifica”, destaca en declaraciones a LA RAZÓN.

Suárez-Quiñones recuerda al respecto la “numerosa literatura contraria” a la Ley de la Junta de 2015 que se ha leído y escuchado durante los últimos años por los ecologistas sobre todo, pero también por partidos como Podemos e Izquierda Unida, especialmente estos últimos, siempre contrarios a cualquier normativa referente a la caza y que siempre cuestionaban que el Gobierno autonómica actuaba sin los informes técnicos suficientes. “Pues bien, la sentencia del Supremo deja claro que estos informes no eran exigibles en el marco de la Unión Europea en el nivel de las Comunidades Autónomas sino más en niveles nacionales e internacionales, y destaca que los informes presentados por la Junta, además de suficientes, estaban ampliamente documentados y la Junta, por tanto, ejercitó de forma proporcionada su potestad reglamentaria”, apunta Suárez-Quiñones, mientras insiste en que el Supremo avala la actuación de la Junta en todo momento en defensa de una actividad tan importante como la caza.