Final feliz tras 40 años amenazados de demolición

Dice el sabio refranero popular que “más vale tarde que nunca”. Pues este dicho nunca ha estado mejor dispuesto que para este caso que nos ocupa, y que no es otro que la legalización de una urbanización campestre en Valladolid, que tiene un final feliz después de cuarenta años en el “limbo”, como suele decirse por estos lares, cuyos lujosos chalés para la época llegaron incluso a estar amenazados de demolición.

El Ayuntamiento de Valladolid y los vecinos de “Los Doctrinos”, como así se denomina la urbanización, han conseguido un acuerdo que despeja las incertidumbres jurídicas que amenazaban hasta hoy a los propietarios de la zona residencial más alejada de la ciudad. La solución pone fin a uno de los problemas urbanísticos más encallados de la historia del municipio, cuyas raíces se remontan a los años setenta.

Manuel Saravia, concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, sellaba este acuerdo in situ en una visita realizada a la urbanización ubicada a 17 kilómetros de la Plaza Mayor, en el límite con Villanueva de Duero. El Ayuntamiento recibirá 62.000 euros y los vecinos tendrán que aportar el dinero de la urbanización de las calles, que cambiarán la gravilla actual por un pavimento acorde a los nuevos tiempos.

En esta ocasión ningún propietario lo ha rechazado, ninguno ha presentado alegaciones y, en consecuencia, se ha impuesto el consenso entre los responsables de la Administración Municipal y la comunidad que integra a los vecinos. Aunque son 62 las viviendas, si se ocupan las parcelas vacías podrían edificarse treinta más.

“A todo el mundo le parece justo. El apoyo del Ayuntamiento ha sido fundamental”, asegura el presidente de la comunidad de propietarios, Raúl Casado, mientras que el concejal agradecía el esfuerzo de los vecinos y su voluntad para resolver todos los asuntos.

Chalés amenazados con la demolición

La urbanización tiene su origen en los estertores de la Dictadura. Comenzó, por tanto, hace más de 40 años. Las construcciones están próximas al Adaja, el cuarto río de Valladolid (el Pisuerga, el Esgueva y el Duero). El denominado “sector 47” se encuentra situado al sur del término municipal de Valladolid, a 17 kilómetros de la Plaza Mayor, lindando con el río Adaja al sur y con el término municipal de Villanueva de Duero al este. Y se conecta con la carretera C-610 (Valladolid- Medina del Campo).

La propietaria del suelo, en el pago de “Los Doctrinos”, lo dividió en 58 parcelas de 5.000 metros cuadrados (5000 m2 se consideraba en aquellos años como la “unidad mínima de cultivo”; es decir, media hectárea). Posteriormente algunas de esas parcelas se fueron subdividiendo hasta llegar a las 90 de la actualidad. La tipología con que se construía se denominaba “chalet campestre”. Se dotó de “una urbanización elemental”: red de agua (que tomaba de un pozo), saneamiento, abastecimiento eléctrico y red de alumbrado. Y se pusieron nombres de apóstoles a sus calles.

En 1982 se propuso la demolición. El concejal de Urbanismo, Manuel González, dijo entonces que “se actuaría con la máxima energía y a llegar hasta la demolición de los chalés edificados”. (En Internet se puede encontrar la noticia de El País, 18 de marzo de 1982: “El Ayuntamiento de Valladolid quiere derribar una urbanización ilegal”)

Pero nunca se llevó a efecto. Y así, en el Plan General de Ordenación Urbana de 1984 no se dejó fuera de ordenación, sino que se previó su posible legalización. Se calificó como PAU (Programa de Acción Urbanístico), al igual que Fuente Berrocal y Santa Ana. Es decir: se contemplaba la posibilidad de legalización, aunque en ciertas condiciones y después de realizar determinados trámites (que según se vio después no eran nada sencillos).

Para empezar, la edificabilidad que se consideraba era mínima: 0,05 m2/m2. Se hablaba de capacidad para albergar 142 viviendas. Comenzaron la presentación de trabajos en 1991. Pero hasta 2001 no se llegó a aprobar el plan parcial. En 2003 se constituyó la Junta de Compensación. Pero también se creó una sociedad anónima entre los propietarios, que complicó aún más el desenlace (con dos entidades paralelas para la gestión del sector).

Hubo muchos problemas, tanto jurídicos como de “equidistribución” entre los distintos propietarios. Por un lado, el reconocimiento de lo edificado; por otro, el reparto de costes (de la urbanización y de todos los gastos de gestión).

En 2007 se aprobó un proyecto de actuación y la reparcelación. Algunos propietarios afectados lo denunciaron y plantearon un recurso contencioso-administrativo. En febrero de 2012 se autorizaron otros proyectos de actuación y de urbanización. Pero unos meses después fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (3 de abril de 2012). En 2014 se redactó y aprobó otro proyecto de actuación y un convenio de “monetización” (según el cual la cesión del 15% del aprovechamiento, que correspondía al Ayuntamiento, que inicialmente debía ser en suelos, se hacía en dinero al no existir suelos disponibles para la cesión). Todo se llegó a aprobar inicialmente. Y como consecuencia del convenio los propietarios entregaron al Ayuntamiento 470.000 euros, en función de esa “monetización”. Pero hubo tantas alegaciones y tan significativas, que se desistió de seguir adelante. Todo quedó paralizado.

La búsqueda de una solución

En 2015 –tras las Elecciones Municipales que propiciaron el cambio del Equipo de Gobierno con la elección del socialista Óscar Puente como alcalde con el apoyo de Valladolid Toma La Palabra- Manuel Saravia impulsó de nuevo una solución, pero sin caer en los errores anteriores. La idea era mantener el plan parcial aprobado, aunque con correcciones para permitir el reconocimiento de lo edificado y una correcta equidistribución. Hubo varias asambleas a las que asistieron técnicos municipales y el propio concejal de Urbanismo .

La redacción de los nuevos instrumentos de planeamiento no fue sencilla. Pero entre 2017 y 2018 se aprobó la modificación del Plan. La edificabilidad total es de 19.315 m2. Un año después, en 2019, se aprobaron inicialmente los nuevos proyectos de actuación y urbanización. Y se fijó un nuevo convenio de monetización (de los 532.000 euros totales que habrían de entregar los propietarios, faltaban 62.000). Estos proyectos no recibieron ninguna alegación, tuvieron todos los informes sectoriales precisos y fueron aprobados definitivamente en el mes de febrero de 2020. Con lo que el proceso de legalización concluía.

Final feliz para una solución que se plasmó en la visita realizada por Manuel Saravia y los propietarios justo antes de la declaración del estado de alarma, el pasado 15 de marzo. El 4 de junio se aprobó de forma definitiva el proyecto de urbanización, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de junio. La urbanización, que se iniciará inmediatamente y tiene un presupuesto total de 2,8 millones de euros . Las obras están previstas en el plazo de un año.