Igea: “Estamos ante la última oportunidad para que las zonas rurales se beneficien de los fondos europeos

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, advierte de que la Comunidad se encuentra ante la última oportunidad de conseguir que los fondos europeos de Nueva Generación puedan llegar a los pueblos y, de paso, que puedan servir para repoblarlos.

Durante su participación este miércoles en una jornada sobre el Plan Estratégico de Gobernanza para el Despoblamiento Rural -un proyecto que comparten Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria- para tratar de captar más recursos dela Europa de la Unión, Igea insistía en la necesidad de que todos los futuros proyectos europeos relacionados con estos recursos tengan en cuenta el fenómeno de la despoblación así como la perspectiva demográfica.

“Podemos estar ante la última oportunidad para que las zonas rurales se vean beneficiadas de los fondos europeos, se trata de un reto esencial para Europa y nos enfrentamos ante la desafección del mundo rural hacia el proyecto europeo”, aseguraba, contundente, el también portavoz de la Junta, mientras advertía de que estos fondos “no pueden pasar por encima del reto demográfico”.

En relación con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha remitido nuevamente al Gobierno de España sus observaciones para mejorar el borrador que el pasado día 20 no obtuvo el respaldo de varias comunidades autónomas, como Castilla y León.

Castilla y León forma parte junto a Galicia, Asturias y Cantabria de este proyecto aprobado por la Comisión Europea y que tiene como finalidad analizar y aportar soluciones de impacto económico para el despoblamiento rural. Mediante la asistencia técnica de la OCDE -Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos- se estudiarán aspectos como el transporte, el emprendimiento, las infraestructuras tecnológicas y la prestación de servicios y se plantearán recomendaciones para los gobiernos autonómicos participantes.

El evento celebrado hoy de manera telemática ha contado con una intervención inicial de la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía, Dubravka Suica, y posteriormente se han sumado los turnos de Francisco Igea y de otros representantes políticos del resto de comunidades autónomas, de la Comisión Europea y de la propia OCDE; la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera no ha participado –pese a estar previsto- y sí ha intervenido por parte del Gobierno de España Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico.

Digitalización del medio rural

En consonancia con los planteamientos ya expuestos en otros foros políticos, Francisco Igea recordaba también en su intervención la peculiaridad de Castilla y León como territorio afectado por la despoblación y la dispersión, con la complejidad que esto supone para la prestación de servicios en un territorio. Así, destacaba que Castilla y León destina más de un 80 por ciento de su presupuesto al gasto social.

“El reto demográfico requiere de una financiación que no debe distribuirse por criterio de población para prestar servicios al territorio y no exclusivamente donde está la población, pues con ello se penaliza a dichas áreas despobladas y dispersas”, señala el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, para quien la prestación de servicios no es suficiente, y que por ello una de las soluciones pasa además de por una financiación adecuada, por la innovación, una fiscalidad ventajosa y por políticas educativas que favorezcan el emprendimiento.

la jornada continuaba después con cuatro sesiones de trabajo temáticas sobre prestación de servicios en zonas rurales; digitalización de la prestación de servicios y cambios en la previsión modelos; gobernanza y coordinación entre diferentes niveles de gobierno, organizaciones públicas y actores de la sociedad civil; y emprendimiento social y promoción del empleo e innovación en zonas rurales.

Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico

La Conferencia Sectorial de Reto Demográfico celebrada el pasado 20 de noviembre concluyó sin acuerdo entre el Gobierno de España y varias comunidades autónomas una vez analizado el borrador de Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, por lo que se abrió un plazo para incorporar observaciones.

El vicepresidente y consejero Francisco Igea remitió nuevamente, este viernes 27 de noviembre, los planteamientos de la Junta de Castilla y León por considerarlos fundamentales para la Comunidad y no verlos reflejados en el documento propuesto por la Vicepresidencia y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En primer lugar, el Gobierno autonómico de Castilla y León indica que en el objetivo general de la Estrategia debe hacerse referencia expresa a la “fijación, integración, incremento y atracción de la población en España”, dado que el país -y sobre todo, la España del interior- debe tener como objetivo general dejar de ser una zona despoblada, y ello solo se consigue con la fijación, el incremento y la atracción de la población.

Otra consideración destacada es la reformulación de los objetivos transversales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que para la Junta de Castilla y León han de ser los cuatro siguientes: avanzar en la cohesión territorial para conseguir lograr un territorio donde la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos sea una realidad; asegurar la prestación de servicios públicos básicos en condición de equidad, teniendo en cuenta, principalmente, la dispersión de la población; poner en valor el mundo rural con especial relevancia en las zonas demográficamente desfavorecidas; y garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de teléfono móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020. En relación con algunas de las acciones concretas que deben recogerse, el vicepresidente Igea ha reiterado al secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya, que deben incluirse la simplificación normativa y administrativa, el impacto y la perspectiva demográfica y la descentralización territorial de los órganos centrales del Estado.

Un tercer bloque de propuestas se refiere a la financiación, con cinco cuestiones específicas. La primera se refiere al compromiso de las Administraciones públicas competentes en la materia para que dediquen desde el 0,7 % hasta el 3 % de su presupuesto a la lucha contra la despoblación en el periodo de vigencia de la Estrategia. Otra, el compromiso de dedicar la cantidad anunciada por la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia (2.500 millones de euros) a las zonas afectadas en materia de despoblación, dispersión territorial y reto demográfico.

Dentro también de las demandas en materia de financiación, la Junta de Castilla y León plantea el compromiso de las Administraciones competentes de establecer una fiscalidad diferenciada de las definidas como zonas escasamente pobladas y zonas muy escasamente pobladas, para atraer y consolidar empresas y particulares y mitigar el riesgo de despoblación. Dicha fiscalidad diferenciada debe incluir una reducción de un 50 % de la cuota íntegra de las principales figuras impositivas de trabajadores y empresas; tarifas planas en cuotas de autónomos; deducciones y/o reducciones del 25 % en el impuesto de las personas físicas o jurídicas asentadas en un determinado territorio; y compensación por la absorción de las emisiones de CO2.

La creación de un Fondo específico de dinamización demográfica interterritorial y que los recursos económicos que se asignen a la despoblación tengan en cuenta no solamente el PIB per cápita, sino otros criterios vinculados a la despoblación constituyen otras dos de las demandas de Castilla y León para esta Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Al respecto de esos criterios, el vicepresidente Francisco Igea ha señalado evolución de la población -pérdida intensa y constante-, dispersión territorial, envejecimiento y sobreenvejecimiento, inmigración, refugiados y exiliados, caída de la natalidad, emigración de la población joven y adulta y facilidad para el retorno de los jóvenes.

El seguimiento y la evaluación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico es el cuarto epígrafe que se señala en la misiva al Gobierno de España. La Junta de Castilla y León expone que deben completarse, para cada uno de los objetivos propuestos y de las acciones en que se despliegan, tanto el seguimiento como la evaluación. Estos indicadores deberán ser, mayoritariamente, cuantitativos, de tal modo que sea perfectamente evaluable cada uno de los objetivos y acciones propuestos; fijándose, además, una evaluación intermedia bienal.

Un quinto bloque de consideraciones se centra en la necesidad de aclarar y definir en el glosario utilizado en la Estrategia los siguientes conceptos: que por índice de sobreenvejecimiento se defina el porcentaje que representa la población mayor de 80 años sobre la población menor de 16 años a 1 de enero de un año dado; que por “zona con baja densidad de población” se refiera a la agrupación de entidades locales limítrofes con una densidad de población inferior a 12,5 hab/Km2; que una “zona con muy baja densidad de población” sea aquella agrupación de entidades locales limítrofes con na densidad de población inferior a 8,5 hab/Km2; y que “zona fronteriza” reconozca a toda agrupación de entidades locales limítrofes distantes 25 Km en línea recta desde la frontera.

La carta remitida al Gobierno de España concluye con una serie de compromisos que el Gobierno de España debe asumir en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico: fijar los criterios para la delimitación de zonas con baja densidad de población, zonas con muy maja densidad de población, y zonas fronterizas; elaborar un mapa de dichas zonas; realizar los estudios necesarios para conocer los beneficios del mercado del carbono por comunidades autónomas y provincias; y tener en cuenta como criterio de financiación por el fenómeno de la despoblación de las CCAA la compensación de las emisiones de CO2.