El PP carga contra la Ley Celaá: “No es para mejorar la Educación; es un ideario político”

Este miércoles pasado el Senado daba luz verde a la Lomloe, más conocida como ley Celaá por el apellido d ela ministra de Educación, y por ello se aprobaba definitivamente la octava norma educativa en España. Una Ley polémica, puesto que no ha pasado por el filtro del Consejo de Estado, que se ha gestado en plena pandemia, que no ha contado con la participación de la comunidad educativa y que, para más inri, ha eludido el debate parlamentario. Primero en el Congreso de los Diputados y después en el Senado, donde se rechazaban de plano las más de 600 enmiendas presentadas y se acortaban las intervenciones de los senadores para aprobarla lo más pronto posible.

Una Ley que ha sacado a la calle a cientos de miles de personas que ven atacada su derecho a elegir libremente el centro de sus hijos, que dejará morir poco a poco a la escuela concertada y la educación especial y que castiga la cultura del esfuerzo al permitir aprobar el Bachillerato sin tener todas asignaturas aprobadas.

Desde el PP han mostrado su malestar y ya han anunciado un recurso de inconstitucionalidad ante el TC junto a Ciudadanos.

Pero, de momento, y apenas unas horas después de que la Ley se aprobara en la Cámara Alta, parlamentarios del PP como Tomás Cabezón, María José Heredia y Gerardo Martínez, los tres sorianos, han cargado duramente contra esta normativa.

“Estamos ante una Ley que nace de la unilateralidad, sin consenso, sin escuchar a la comunidad educativa ni a los expertos. En un contexto de pandemia y crisis económica con más de 70.000 fallecidos no se entiende que esta sea la prioridad del Gobierno. Es una Ley profundamente politizada e ideológica que nace de una visión sesgada de la vida y la libertad como se refleja en la Exposición de Motivos que es un vergonzoso panfleto político. Una ley tramitada por la vía de urgencia, junto a la Ley de Presupuestos, porque son las dos caras de la misma moneda. La moneda con la que se paga el pacto de Gobierno”, denuncian.

Los populares denuncian también que la eliminación del castellano como lengua vehicular “renuncia a defender el castellano, lo que es muy llamativo, por cesiones a los independentistas”.

También advierten de los riesgos de la eliminación de las pruebas para acceder a la condición de inspector de educación, la falta de control sobre el contenido de los textos educativos o la presencia de un miembro de los ayuntamientos en los Consejos Escolares.” Son muchos los recursos que arbitra la Ley para quitar autoridad a los Directores y crear un auténtico comisariado político en los centros escolares”, alertan.

Los parlamentarios sorianos aseguran que se ha aprobado una Ley “que destruye el modelo nacional dual educativo”. Un modelo dual de concierto, puesto en marcha por el PSOE en 1985, cuyo objetivo, recuerdan, era promover la pluralidad. “Entonces el PSOE defendía que la educación concertada también era pública, realizaba una labor pública y ahorraba costes al Estado. Ahora se suman a los argumentos de división que han impuesto sus socios comunistas. Profundizan en una peligrosa demagogia abriendo la grieta social que algunos necesitan para justificar su existencia”, lamentan.

Los populares apuntan que durante el Pleno del Senado se escuchó que la educación concertada es “de ricos” y los pobres no tienen porque pagarla. O que el problema es que los padres ricos de la derecha no quieren que sus hijos se mezclen con “los pobres” de la izquierda, y por eso detestan la enseñanza pública. “Cuando uno mira la realidad del panorama educativo, por ejemplo, en Soria, y escucha estas declaraciones no puede por menos que indignarse”, afirma la Senadora María José Heredia, miembro de la Comisión de Educación en el Senado. “Nosotros defendemos la libertad de los padres para elegir y la existencia de una educación pública de calidad y también de una educación concertada de calidad. En Castilla y León sabemos que eso es posible, que su funcionamiento no presenta problemas y que los resultados son envidiables. Esas palabras cuando además provienen de quienes estudiaron o llevaron a sus hijos a la concertada o la privada son todo un ejercicio de hipocresía y cinismo.”

Gerardo Martínez acusa al Gobierno de hurtar la labor esencial del Senado como Cámara Legislativa de segunda lectura y de revisión. “¿Cómo se puede considerar el hecho de no haber tenido en cuenta ni una sola de las casi 650 enmiendas presentadas? Es un desprecio al trabajo de muchas personas que deja a las claras que conseguir una mejor Ley de Educación no era el objetivo. En el Senado, el Partido Popular ha conseguido un acuerdo entre cinco formaciones para enmendar la Ley que salió del Congreso, pero el acuerdo del PSOE con los independentistas de ERC y PNV ha impedido que se pudiera aprobar ni una sola enmienda de ningún grupo parlamentario. “Había dos meses de plazo todavía para trabajar y mejorar la Ley, pero no les interesa. El plazo de esta Ley lo marcaba la convocatoria de elecciones en Cataluña”.

La Ley Celaá elimina el concepto de “demanda social” y con ello obliga a las familias a llevar a sus hijos al centro en el que el Ministerio haya habilitado plazas. Desprecia la libertad de elección de los padres. Elige el Gobierno. Otra denuncia del Partido Popular se ha centrado en la progresiva desaparición de la educación especial. Se elimina a futuro la educación especial por la vía de vaciar de niños y de financiación los centros. Sostienen que hay que leer la ley completa para ver que eliminando vías de elección y de financiación se llega al cumplimento del objetivo de dejar la educación especial como residual y carente de los fondos económicos que necesita. “Se vacían los centros de niños y de financiación.

Este Gobierno ha legislado una asfixia económica programada”. Aunque desde el Gobierno lo desmienten, se han negado tanto a mejorar la redacción de los artículos que inducen a duda como a recibir a los padres de niños de educación especial y aclarar con ellos la situación que prevé la Ley.

Tomás Cabezón señala que ya desde el Congreso se dejó patente que esta era una Ley que se plegaba a los intereses de los grupos nacionalistas vascos y catalanes. No era un medio para mejorar la educación, sino una herramienta para aprobar los presupuestos. Por eso se negó todo debate y se ha tramitado de forma urgente y atropellada reduciendo plazos, trámites y tiempos de intervención.

No se dice una palabra sobre el profesorado o su carrera profesional; nada sobre la enseñanza de ética; ni la filosofía en cuarto de la ESO. No se aclara quién impartirá la enseñanza de valores cívicos, no se soluciona la situación del profesorado de FP; se deja sin opciones a la educación especial; ponen trabas a la internacionalización de la universidad; y se eliminan los controles y evaluaciones. Se destierran valores como el mérito y la exigencia, ya que se permite promocionar sin límite de asignaturas suspensas.

Por último, los parlamentarios coinciden en afirmar que “es una ley sectaria, injusta, retrógrada y desmotivadora, que promueve la mediocridad y el adoctrinamiento”. También denuncian que evita que los niños desarrollen un pensamiento libre y una capacidad crítica.

“Solo busca una futura base social de pensamiento débil y fácil manejo. En esta Ley no importaba la Educación, como en la Ley de Eutanasia no importa la medicina ni la ética, como en la Ley de Memoria Histórica no importa la Historia. Por eso no hay debate, no hay participación. Hay prisa e imposición. Solo son herramientas para confrontar y dividir a la sociedad. Divide y vencerás. Ese es su lema”, finalizan.