Empresa Familliar exige la eliminación de trámites burocráticos innecesarios

La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) acaba de elaborar una serie de propuestas con el fin de eliminar lo que consideran procedimientos administrativos innecesarios y que conlleva una pérdida de tiempo importante para los emprendedores.

Una propuesta que surge tras contrastar que cerca de la mitad de sus asociados tienen que destinar el 20 por ciento de su tiempo para cumplir la burocracia de la administración, y otros 40 por ciento entre el 10 y el 20 por ciento.

Con ello, se pretende simplificar trámites administrativos o la eliminación de la obligación de presentar documentación no necesaria que ya se disponga, exigiendo de esta manera una interoperabilidad real y efectivo entre las distintas consejerías y con otras administraciones.

Además, y con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de permisos, licencias y autorizaciones, los empresarios familiares también instan a realizar una revisión profunda de los distintos procedimientos que posibilite también la eliminación de la exigencia de documentación superflua o redundante.

Por otra parte, y pese a la generalizada liberalización de actividades y servicios por imposición comunitaria, EFCL recuerda que todavía existen diferentes trámites sujetos a licencia o autorización previa, por lo que solicita su revisión para someter a régimen de comunicación/declaración responsable la práctica totalidad de las iniciativas económicas y empresariales.

También pide que la tramitación simplificada de los procedimientos administrativos que permite la ley sea la regla general y no la excepción, y que ningún procedimiento sea resuelto en más de 30 días.

Si bien reconoce que Castilla y León la Administración regional lo está implantando, Empresa Familiar de Castilla y León también señala que se debe exigir en sede electrónica un catálogo actualizado de los trámites, con la documentación solicitada, formularios, plazos de resolución o normativa.

Por último, y teniendo en cuenta que se trata de un ámbito tecnológico cambiante, propone una revisión de la normativa que en esta materia existe en la Comunidad, tal y como ya están haciendo otras Comunidades Autónomas, con la finalidad de agilizar los servicios digitales de la administración, beneficiar a los administrados y situar a Castilla y León a la vanguardia en administración electrónica.