Condenan a un exsacerdote a un año y medio de cárcel por estafar a una persona mayor en Palencia

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado al exsacerdote J. P. V. a un año y seis meses de prisión, como autor responsable de un delito de estafa y abonar casi 4.000 euros, por un delito de estafa en un contrato al alquilar un piso a una persona mayor de 77 años.

Los hechos se remontan al año 2019, cuando la víctima, M. S. M., contactó con la Inmobiliaria Gómez Arroyo con el fin de arrendar un piso que tenía en la calle Alonso Fernández de Madrid, de la capital palentina, que contaba además con una plaza de garaje, para lo que pedía una cantidad de 575 euros mensuales.

El acusado contactaba con la agencia el 10 de febrero de dicho año y escudándose en su condición de sacerdote, así como de una aparente solvencia se ganó la confianza tanto de la persona de la inmobiliaria como de la propietaria y aceptaba el importe fijado como renta y demás condiciones a arrendar al mismo el inmueble.

Tras la pertinente firma y entrega de llaves, el exsacerdote le indicaba que en ese momento no contaba con efectivo para entregar las cantidades necesarias y estipuladas en el contrato, por lo que al día siguiente cuando la entidad financiera estuviera abierta entregaría el dinero y acudiría a la inmobiliaria para abonar dichos importes.

Pero al día siguiente, no se personó en la inmobiliaria, poniendo excusas y así durante los sucesivos días en que la inmobiliaria trató de contactar con él, alegando citas con el dentista o problemas con el banco.

Cansada de esperar, la propietaria del piso decidió interponer una denuncia el 12 de marzo de 2019 en una Comisaría de Policía de la capital por estafa, y el banco confirmaba que tenía una deuda pendiente de 287,50 euros. El sacerdote firmó un contrato de reconocimiento de deuda y se comprometió a abandonar la vivienda, cosa que no cumplió y permaneció en la vivienda sin pagar cantidad alguna.

Hubo que esperar hasta el mes de junio cuando la propietaria pudo recuperar la posesión del citado inmueble, sin haber percibido durante ese tiempo ninguna cantidad en concepto de rentas, sino que además ha tenido que abonar las cantidades de diversos suministros durante ese periodo como agua o luz, cifrándose en unos 370 euros.

Se da la circunstancia que el acusado ya había ocupado otros dos viviendas sin pagar renta alguna y que dieron lugar a dos juicios de desahucio.

Además de la pena, el condenado debe indemnizar con 1.725 por las rentas impagadas; 380 euros de gastos y consumos y otros 2.000 euros por daño moral, más los intereses legales, debido a que la propietaria “ha sufrido ansiedad y fuerte sentimiento de engaño y decepción”.