Sucesos

Seis detenidos en Salamanca por la falsificación de documentos para cobrar ayudas públicas

La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional salmantina desarticula un grupo organizado dedicado a la comisión de fraudes a la Administración y falsedades documentales

Documentación que utilizaba el grupo organizado, aportada por la Policía Nacional en la segunda fase de esta misma operación.
Documentación que utilizaba el grupo organizado, aportada por la Policía Nacional en la segunda fase de esta misma operación.POLICÍA NACIONALPOLICÍA NACIONAL

Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca detuvieron a seis personas, de nacionalidad española, durante la tercera fase de la “Operación Juntay”, una investigación que comenzó hace casi dos años, y que determina su presunta implicación en la falsificación de documentos para cobrar ayudas públicas.

Según recordó la Policía Nacional, en un primer momento se desarticuló una red dedicada al favorecer la inmigración ilegal. Se trataba de un grupo organizado, con una estructura asentada en Salamanca y cuya actividad se dirigía a promover el tráfico ilegal de ciudadanos marroquíes.

Para ello, utilizaban documentos falsificados que los propios miembros del clan presentaban posteriormente en el Ayuntamiento de Salamanca. Así, las pesquisas continuaron con el seguimiento del destino de los certificados de empadronamiento obtenidos fraudulentamente.

En la segunda fase de la investigación, los agentes comprobaron que, además de favorecer la inmigración irregular, utilizaban la documentación obtenida fraudulentamente para solicitar distintas ayudas en la administraciones públicas y obtuvieron de esta forma grandes beneficios.

En esta ocasión, la Policía consiguió detectar que cobraban prestaciones de la Seguridad Social, en concreto el Ingreso Mínimo Vital, presentando documentación falsificada por los investigados reincidentes.

Según fuentes policiales, el modus operandi consistía en elaborar contratos de arrendamiento y contratos y facturas de suministro de luz o agua falsos, que utilizaban para empadronarse. Posteriormente conseguían la expedición del DNI con esos datos y presentaban solicitudes de ayudas en las diferentes administraciones.