Sociedad

García-Gallardo acusa al Gobierno de pervertir a los niños con una educación sexual “impropia”

El vicepresidente defiende la perspectiva de familia que “estará presente en todas las iniciativas legislativas y gubernamentales de la Junta”

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, junto al presidente de las Cortes, Carlos Pollán
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, junto al presidente de las Cortes, Carlos PollánLETICIA PEREZAgencia ICAL

Había expectación por la primera comparecencia del actual vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en las Cortes regionales para explicar su programa de legislatura, y no ha defraudado. Un ataque directo al Gobierno al que ha acusado de “pervertir a los niños” con una “educación sexual” que ha calificado de “impropia” para sus edades. Es por ello, que ha anunciado que la Perspectiva de familia estará presente en todas las iniciativas legislativas y gubernamentales de la Junta”, con ayudas fiscales, prestaciones sociales y criterios para la contratación pública ante lo que considera leyes “injustas y nocivas” y con “ataques incesantes” desde el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

En este punto ha garantizado un modelo educativo basado en el mérito, esfuerzo y capacidad y “libre de imposiciones ideológicas” donde se preserve el derecho a los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones.

El vicepresidente de la Junta ha destacado el fomento de la natalidad en el mundo rural, donde se elevará hasta el 40 por ciento la deducción autonómica por nacimiento o adopción en el IRPF, y creándose nuevas ayudas en función del número de hijos, que podrían llegar hasta los 2.500 euros por cada uno. También se ha referido a las políticas de conciliación y a la promoción para la contratación de jóvenes menores de 30 años, asociado a iniciativas en I+D, sanidad, energía o digitalización de servicios. Y asimismo se llevarán a cabo programas de envejecimiento saludable y un refuerzo de la geriatría en la salud pública o el uso de las tecnologías para su mejor atención.

Durante la comparecencia, García-Gallardo ha subrayado que va a trabajar por que Castilla y León se convierta en una Región más atractiva, con la reindustrialización por bandera y creándose una Comisión de Simplificación Administrativa cuya actividad consistirá en gestionar los procedimientos ambientales de la mejor manera para que no supongan un impedimento a la actividad económica. “Tenemos que eliminar los trámites innecesarios, las duplicidades y los papeleos sin sentido”, ha manifestado.

La Industria va a contar con Programas Territoriales de Fomento y Proyectos Industriales Prioritarios junto con rebajas fiscales, digitalización, comunicaciones y acceso a financiación, apostando por la automoción y el sector energético, sonde se apostará por la diversificación y aprovechamiento de todas las fuentes de generación, agilizándose el bono térmico para más de 83.000 beneficiarios.

En materia de agricultura y ganadería, se impulsará la promoción del producto de proximidad, se modernizarán regadíos y se favorecerá la rentabilidad de explotaciones agropecuarias para aumentar su capacidad de producción o se trabajará en un inventario del nuevo censo nacional respecto al lobo.

Y en materia cultural, ha reiterado que se derogará el decreto de memoria histórica y sustituirá por una norma en materia de Concordia que impida su instrumentalización.

El vicepresidente ha destacado la importancia de las funciones a desarrollar por la vicepresidencia y ha manifestado que se impulsará la acción de gobierno especialmente en el ámbito económico y de planificación estratégica, y en las funciones de ejercicio de atribuciones en materias de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, la actuación estará marcada por la austeridad y control del gasto público, con el objetivo de aprovechar los recursos públicos existentes de la manera más eficiente.

En cuanto a coordinación, la vicepresidencia ejercerá estas funciones respecto a instituciones autonómicas (como son el Procurador del Común y el Consejo Consultivo o la institución nacional del Defensor del Pueblo); también el seguimiento y coordinación de las medidas de racionalización de los procedimientos, simplificándolos y reduciendo las cargas y trabas administrativas y, por último, la coordinación de la atención a las Víctimas del Terrorismo.