Los ayuntamientos de Zamora y Soria cumplen con la recomendación de renovar el contrato de recogida de residuos

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León acogió la presentación de las fiscalizaciones de los ayuntamientos de Soria y Zamora, en las que se puso de manifiesto que estas entidades cumplen con las reiteradas recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas en relación con la renovación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos.

En el caso de Zamora, el pasado mes de diciembre, formalizando un nuevo contrato, y en el de Soria, con el acuerdo plenario adoptado el pasado mes de junio para la aprobación del expediente de contratación de cara a una próxima licitación.

Además, el presidente del órgano Mario Amilivia expuso el trabajo de seguimiento de las recomendaciones que efectuó el órgano fiscalizador en 2013 sobre el personal que tiene atribuido el control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales.

En el actual mandato, Amilivia ha realizado 27 comparecencias, en las que se han presentado 80 informes, que representan un tercio de toda la serie histórica de trabajos de la institución.

En la actualidad hay 48 auditorías en marcha, las 24 que integran el plan anual 2022, las 8 de la contabilidad electoral y otras 16 del plan de 2021 que irán publicándose en los próximos meses. Con los 9 informes pendientes de comparecencia suman 57 en distintas fases de tramitación, dato ilustrativo de la envergadura del trabajo de control externo permanente que se lleva a cabo.

Antes de agosto se aprobarán las fiscalizaciones del sector público local relacionadas con el impacto de la COVID-19, así como la referente al análisis de las ayudas y subvenciones vinculadas a la pandemia tramitadas por la Junta.

Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Zamora

Se trata de una auditoría de cumplimiento de legalidad en su mayor parte y de naturaleza operativa en cuanto al análisis de la gestión recaudatoria. Si bien la fiscalización se refiere al ejercicio 2018, se verificaron también informaciones relacionadas con la ejecución y liquidación de 2019, así como aspectos posteriores.

En opinión del Consejo, el Ayuntamiento de Zamora cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, no así con el de la regla de gasto en el ejercicio fiscalizado. Con carácter general se cumple con las obligaciones derivadas de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria.

El Consistorio cumple con los principios de sostenibilidad de la deuda financiera y comercial, así como, con carácter general, con las obligaciones y controles relacionados con el endeudamiento. La contabilidad del ayuntamiento no permite determinar directa y automatizadamente el coste y rendimiento de los servicios públicos, lo que resta fiabilidad a la información existente sobre costes.

En materia de subvenciones se cumple con la obligación de disponer de un plan estratégico y con carácter general se cumplen las obligaciones de información y publicidad. Algunos apartados de la Ordenanza General de Subvenciones no se adecúan a la legalidad, produciéndose algunos incumplimientos en las distintas fases del procedimiento de concesión de subvenciones de forma directa y en régimen de concurrencia competitiva.

El órgano de control externo realizó 62 conclusiones, empezando por las relativas a la estabilidad presupuestaria, remanente de tesorería e indicadores presupuestarios. Con relación a la liquidación del 2018, obtuvo un superávit de 9,2 millones de euros, no cumpliendo con la regla de gasto al haberse producido una variación del gasto computable de un 2,9%, superior a la referencia del 2,4% prevista legalmente y que implica la aprobación de un plan económico-financiero. La liquidación de 2019 arrojó un superávit de 5,7 millones, ratificándose el incumplimiento de la regla de gasto.

El remanente de tesorería para gastos generales de 2018 fue positivo, alcanzando los 27,9 millones, con evolución creciente en los últimos ejercicios. El índice de modificaciones presupuestarias es muy superior a la media de las capitales de provincia.

Dentro del análisis del endeudamiento, sostenibilidad financiera y coste y rendimiento de los servicios públicos, hay que destacar que el ayuntamiento cumple con los principios de sostenibilidad de la deuda financiera al carecer de deuda viva tanto en 2018 como en 2019. En 2017 se amortizó toda la deuda pendiente por operaciones de crédito a largo plazo con entidades financieras por 5,1 millones.

En cuanto al análisis del coste y rendimiento de los servicios, se pone de manifiesto que el Pleno municipal, cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Cuentas, adoptó los acuerdos de inicio y aprobación del expediente para la contratación del servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana por un periodo de 8 años y un presupuesto base de licitación de 58 millones. Así, después de la publicación de este informe, el pasado mes de diciembre, el ayuntamiento formalizó la adjudicación del nuevo contrato.

Las conclusiones sobre la organización y gestión del servicio de recaudación se subrayan que la recaudación total de ingresos en voluntaria en el ejercicio de 2019

ascendió a 28 millones y en ejecutiva a 2,4, ascendiendo las deudas totales pendientes a 31 de diciembre, por impuestos, a 4,2 millones y, por tasas y otros ingresos, a 2,1.

Con relación al análisis de las subvenciones concedidas, el consistorio reconoció en 2018 obligaciones por 1,9 millones con cargo a los capítulos de transferencias, un 3,7% del total.

Se emitieron 16 recomendaciones, entre ellas, que la intervención debe solicitar la sectorización de las fundaciones Baltasar Lobo y León Felipe, entidades dependientes del Ayuntamiento por control efectivo. También, sobre el remanente de tesorería y la cuenta 413, de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, que se garantice que el órgano de contabilidad debe garantizar que el sistema de información contable cumpla con los requisitos de exactitud, coherencia e integridad de la información, que los datos se trasladen correctamente al remanente de tesorería y que se lleve un adecuado control contable de esta magnitud y de su utilización. Por otra parte, la Tesorería y el órgano de gestión recaudatoria deben mejorar la recaudación de derechos de ejercicios cerrados.

Sobre el coste y rendimiento de los servicios públicos, se pone de relieve que la implantación de un sistema de contabilidad analítica dotaría de fiabilidad a la información sobre estos, constituyendo un elemento básico para el control de la gestión, la toma de decisiones y la asignación eficiente de los recursos públicos.

Cinco de las recomendaciones se centran en el análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria. Por ejemplo, la conveniencia de aprobar ordenanzas no fiscales reguladoras de los precios públicos en todos los casos, soportadas en informes acerca de la previsible cobertura del coste del servicio, así como de mejorar la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva.

Y con relación a las subvenciones concedidas, la adecuación a la ordenanza general de subvenciones a la Ley General de Subvenciones y la implantación efectiva de un régimen de seguimiento y evaluación continua del plan estratégico de subvenciones que permita determinar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y los efectos que sobre la realidad se consigan con las ayudas.

Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Soria

Publicada el pasado 27 de abril, es una auditoría de cumplimiento de la legalidad en su mayor parte y operativa en cuanto a su gestión recaudatoria. Las actuaciones se centraron en el ejercicio 2019 sin perjuicio de otras comprobaciones relacionadas particularmente con 2020.

En opinión del Consejo, el Ayuntamiento de Soria cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto en el ejercicio fiscalizado. Con carácter general, se formalizaron las obligaciones derivadas de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y de destino y utilización del superávit presupuestario. Se cumplió con los objetivos de sostenibilidad de la deuda financiera y comercial, así como, con carácter general, con las obligaciones y controles relacionados con el endeudamiento. La contabilidad del Ayuntamiento no permite determinar de forma directa y automatizada el coste y rendimiento de los servicios públicos, como elemento para la toma de decisiones y la asignación eficiente de los recursos públicos. Y en materia de subvenciones, no cumplió con la obligación de disponer de un plan estratégico ni con las obligaciones de información y publicidad.

Además, la normativa sobre subvenciones aprobada a través de las bases de ejecución del presupuesto resulta insuficiente y no se adecua a la normativa de carácter general en algunos de sus apartados, produciéndose algunos incumplimientos en las distintas fases del procedimiento de concesión de subvenciones de forma directa y en régimen de concurrencia competitiva.

El Consejo realizó 63 conclusiones, empezando por las dedicadas a la estabilidad presupuestaria, remanente e indicadores presupuestarios. Sobre la liquidación del 2019, el consistorio cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria al obtener un superávit de 0,5 millones. Cumplió además con la regla de gasto.

En la liquidación de 2020 no se cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria al determinarse una necesidad de financiación de 1,4 millones de euros, aunque sí con la regla de gasto. En todo caso, de acuerdo con la suspensión de las reglas fiscales aplicadas desde el 20 de octubre de 2020 y en base a la situación de excepcionalidad prevista, el incumplimiento tiene meros efectos informativos sin dar lugar a medidas correctivas o coercitivas.

El remanente de tesorería para gastos generales de 2019 fue positivo alcanzando 8,6 millones de euros, con evolución creciente en los últimos años. Los derechos pendientes de cobro corresponden en un 51% a ejercicios cerrados. En cuanto a los indicadores presupuestarios, el índice de modificaciones presupuestarias es inferior a la media de las capitales de provincia.

Las conclusiones sobre endeudamiento, sostenibilidad financiera y coste y rendimiento de los servicios públicos revelan, por ejemplo, que en la liquidación presupuestaria se cumple con el objetivo de sostenibilidad financiera al situarse el capital de deuda viva en un 63,6% de los ingresos corrientes, es decir, por debajo del 75 por ciento. En 2020, la cifra de endeudamiento financiero se situó en 32,4 millones, experimentando un incremento interanual del 18 por ciento.

En el apartado de coste y rendimiento de los servicios, aunque en una de las conclusiones del informe se indicaba que no existía constancia de que el ayuntamiento hubiera iniciado la contratación de la gestión de la recogida de los residuos sólidos urbanos, en fecha posterior, el pasado 16 de junio, el Pleno dio luz verde al dictamen de la comisión de desarrollo sostenible y medio ambiente relativo a la aprobación de expediente de contratación para la prestación del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y puntos limpios. Se afronta así una próxima licitación, después de 5 años desde que concluyó el anterior contrato, atendiendo finalmente la recomendación realizada ya en 2018 por el Consejo de Cuentas.

El Consejo concluye que la recaudación total bruta de ingresos en voluntaria realizada por el ayuntamiento en 2019 ascendió a 26,6 millones de euros y en ejecutiva a 657.499 euros, subrayando que hay margen para mejorar la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo en cuanto a los principales tributos.,

Sobre la sociedad mixta Aguas de Soria, no consta que los recibos impagados pasen a ejecutiva en el ayuntamiento y se inicie el correspondiente procedimiento de apremio. A 31 de diciembre de 2020, el importe pendiente de recaudar sería de 7.941 euros, si bien continúan sin facilitarse datos de los recibos que durante 2019 o posteriormente debieron recaudarse en este periodo.

En cuanto al análisis de las subvenciones concedidas, reconoció obligaciones por importe de 4,5 millones, correspondiendo 2,9 a transferencias corrientes y 1,6 a transferencias de capital. El ayuntamiento no dispone de un plan estratégico de subvenciones, ni ha aprobado una ordenanza general ni específica. Tampoco tiene implantado un sistema de control financiero de subvenciones.

El Consejo emitió 15 recomendaciones, una de ellas ya atendida (contratación de la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos). Entre ellas, que la intervención debería promover el suministro de información sobre la sociedad de Aguas de Soria, conforme a la normativa, y solicitar la sectorización de la institución sin ánimo de lucro Red de Ciudades Machadianas, adscrita al ayuntamiento como entidad dependiente por control efectivo.

El desarrollo de los proyectos de gasto, la implantación de un sistema de contabilidad analítica, la potenciación del uso de medios electrónicos y el pago de recibos y liquidaciones a través de la sede electrónica son otras de las recomendaciones realizadas. A las que se suma la de ejercer un control de la actividad recaudatoria de la sociedad Aguas de Soria, la mejora de la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva o la aprobación de un plan estratégico de subvenciones, así como una ordenanza al respecto y el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información de todas las convocatorias y resoluciones de concesión.

Seguimiento de las recomendaciones relativas al personal de las entidades locales

Este trabajo analiza el desempeño de las funciones públicas necesarias y de las especificidades de los funcionarios con habilitación nacional (FHN) que tienen atribuidas dichas funciones, así como de las características, situación y forma de provisión de estos puestos de trabajo, especialmente de los que tienen asignado el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y de contabilidad.

Se verificó la situación que existía en 2020 en Castilla y León, constatándose la variación experimentada respecto a lo recogido en el informe publicado por el Consejo en 2013, analizándose si se cumplen las recomendaciones realizadas entonces.

Hace dos años, en las entidades locales de la Comunidad estaban sin cubrir 454 puestos obligatorios reservados para estos funcionarios, un 36% del total y 10 puntos más que en 2013. El número de funcionarios que ocupaban alguno de estos puestos alcanzaba los 793.

Este déficit de cobertura se cifraba en 329 puestos en 2013. En el periodo 2016-2020 las convocatorias para proveer con carácter definitivo los puestos reservados a estos funcionarios incrementaron el número de plazas, pese a lo cual bajó el nivel de cobertura. La mayor carencia se sitúa en los puestos para los municipios y agrupaciones con Secretaría de clase 3ª.

A nivel nacional se estima que existe un déficit de 1.878 funcionarios restando del número de puestos activos y reservados (8.551) el de los efectivos existentes (6.673).

El Consejo realiza 6 recomendaciones, empezando por la de que la Consejería de la Presidencia debe incrementar sus esfuerzos para mejorar el control sobre el ejercicio de las funciones públicas necesarias en las entidades locales.

Además, que la Dirección de Administración Local debe mantener actualizados los registros autonómicos recogiendo toda la información relacionada con el ejercicio de las funciones públicas reservadas, en las entidades locales eximidas de la obligación de mantener puestos propios reservados a funcionarios con habilitación nacional, identificando en todas y cada una de ellas, el sistema elegido para su desempeño.

También, que las diputaciones de León, Palencia, Salamanca y Soria, y el Consejo Comarcal de El Bierzo deberían llevar algún tipo de registro sobre la forma en que se lleva a cabo el ejercicio de las funciones públicas necesarias en las entidades locales de su ámbito territorial. Además, la Consejería de la Presidencia debería remitir a todas las diputaciones y al Consejo Comarcal los datos del Registro de los funcionarios con habilitación nacional de su ámbito que tengan incidencia en el desempeño de los puestos de trabajo reservados.

Se recomienda asimismo que las administraciones públicas con competencias en la materia adopten medidas para dar cumplimiento a la normativa relativa al ejercicio de las funciones públicas necesarias, reservadas a funcionarios con habilitación nacional en las entidades locales menores.

Que las diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo deben planificar adecuadamente la organización y dimensión de los servicios de asistencia técnica para poder garantizar el ejercicio de las funciones públicas necesarias. Recomendándose finalmente que la Comunidad debería dictar medidas legislativas relacionadas con los nombramientos accidentales, completando con ello la regulación estatal contenida en el Real Decreto de 2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación nacional.