La Junta atiende, a través de la Red de Protección, a más de 174.000 familias al año de Castilla y León

La Junta de Castilla y León atiende, a través de su Red de Protección, a más de 174.000 familias de la Comunidad, con un gasto medio superior a los 220 millones de euros. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacaba el amplio esfuerzo que destina el Gobierno regional para estar al lado de los más vulnerables, tanto en el aspecto social como económico, gracias a un amplio abanico de prestaciones, servicios y medidas para garantizar, entre otras cuestiones, la provisión de los productos de primera necesidad; ayudas para paliar la pobreza energética; la garantía de ingresos mínimos o promover la integración sociolaboral de las personas más desprotegidas en el sistema.

Unas declaraciones que realizaba con motivo de la visita al “Hogar de la Esperanza” en la capital leonesa, que ofrece atención socioeducativa a menores de seis años, pertenecientes a familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión. “La protección y atención a la infancia, sobre todo a los más vulnerables, es un compromiso y una prioridad, especialmente en estos momentos tan complicados”, señalaba Blanco.

Los últimos datos de la Tasa de Pobreza Infantil, correspondientes al año 2020 sitúan a Castilla y León como la sexta Comunidad Autónoma con menor tasa, con un 27,3 por ciento frente al 31,1 por ciento de España. Una problemática que afecta en especial al nivel educativo de la población gitana, ya que el 64 por ciento del alumnado de este colectivo no finaliza los estudios obligatorios. Debido a ello, la Junta aprobaba el pasado año el Programa de Actividades Estratégicas con la Población Gitana 2021-2030 que cuenta con una financiación de 40 millones de euros.

Ante la situación “complicada actual” con la inflación o el euribor por las nubes y una desaceleración en el marcado laboral, Blanco ha recordado el paquete de medidas implantado por la Junta para reforzar la protección a las familias, que incluyen: la mejora de la prestación económica de urgencia social aumentando el umbral de ingresos de sus destinatarios y el bono de urgencia social para perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, incrementando el 15 % las cuantías durante tres meses para hacer frente así a la pérdida del poder adquisitivo.

Blanco ha explicado también medidas como la gratuidad del programa ‘Crecemos’ para menores de 3 años o la extensión del ‘Conciliamos’ de atención lúdica a menores de entre 3 y 12 años, en los periodos de vacaciones escolares, a centros ubicados en distritos con especial vulnerabilidad.

Otra de las medias que ha implantado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es el incremento del presupuesto del ‘Bono Concilia’, una ayuda económica de 750 euros por hijo menor de 3 años para hacer frente a los gastos en servicios de conciliación que hayan tenido que utilizar los padres en familias en las que ambos progenitores trabajan y también en las monoparentales, para facilitar así la conciliación de su vida laboral y personal.

La convocatoria de este año está dotada con 10 millones de euros, un 25 por ciento más que el año pasado, con el objetivo de llegar a más de 13.000 familias y especialmente a aquellas que están pasado más dificultades, para que puedan hacer frente a estos gastos. Por ello, “el principal criterio para su concesión en este procedimiento de concurrencia competitiva es el nivel de renta de la unidad familiar, de manera que tendrán prioridad las familias con menos ingresos y, por lo tanto, más vulnerables” ha asegurado Blanco.