Alertan que el coste por absentismo laboral por contingencias comunes se incrementa un 73% en los últimos cinco años

El coste por absentismo laboral por contingencias comunes se incrementó un 73 por ciento en los últimos cinco años en Castilla y León, hasta contabilizar 1.198 millones en 2023, es decir, 507 millones más que en 2018; y un 17,4 por ciento en relación a 2022, cuando fue de 1.020 millones. “Son datos muy preocupantes para todos, tanto para empresarios como de trabajadores. Y aquí afecta directamente a la productividad de las empresas, a los costes laborales, a todo lo que realmente rodea a la empresa. Ahora mismo es uno de los mayores riesgos que tenemos los empresarios”, advirtió el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio.

Así lo trasladó durante una jornada sobre absentismo laboral por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes celebrada en Valladolid, en la que puso de manifiesto que los empresarios tienen “muchos riesgos en el ejercicio” de su profesión y uno de ellos es el absentismo. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo que está creciendo de una manera desmesurada y que no se pone solución a que el mismo se pueda solucionar".

A la jornada también asistió la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, quien cifró en un aumento del 73 por ciento los costes de absentismo laboral relacionado con las contingencias comunes en la provincia, con 284 millones de euros de coste a la Seguridad Social y a las empresas. “Estamos viendo cómo año a año va aumentando cada vez más y supone”, sostuvo.

En 2023, 57.915 trabajadores diagnosticados con patologías traumatológicas de Castilla y León tardaron 39 días “más de lo necesario en recuperar su salud para poder reincorporarse al trabajo”, según la patronal, con una duración media de 81,91 días. En el caso de los 29.041 trabajadores atendidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, a raíz de un proceso de baja laboral por contingencias profesionales diagnosticado como patología traumatológica, la duración fue de 42,48 días, 39 días menos.

A su juicio, si la asistencia sanitaria hubiera sido prestada también por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y dar el alta médica “se podría haber contribuido a incrementar la eficiencia del sistema”. El total de las bajas laborales diagnosticadas como patología traumatológica asciende a 1,26 millones en España.

Todo ello ha supuesto más de 40 millones de euros gastados en Valladolid, 166 millones en Castilla y León y más de 2.637 millones a nivel nacional. De estos, más de 1.600 millones de euros en prestaciones económicas de la Seguridad Social y casi mil a cargo de las empresas; en el caso de Valladolid equivalen a 25 millones de euros en prestaciones económicas de la Seguridad Social y más de 15 a cargo de las empresas; y en Castilla y León equivalen a 104 millones de euros y más de 62 millones de euros, respectivamente.

Largos procesos

El vicepresidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Luis Miguel García, achacó a que el coste causado por las bajas crece porque “se alargan los procesos”, en algunos casos hasta dos años, “sin tener una resolución administrativa”. De hecho, ha habido un incremento cada año de entre un cinco un diez por ciento de la duración de las bajas laborales derivadas de contingencias comunes, en las cuales las mutuas no participan activamente en los procesos de recuperación de los trabajadores, dado que queda reservado para el Servicio Público de Salud, “con lo que se ve afectada por la carga asistencial y las listas de espera”.

Además, sostuvo que estos procesos “se ven ralentizados por el laberinto burocrático” que supone un alargamiento innecesario de la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Estos mismos procesos, cuando se trata de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, son atendidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, “prestando una excelente asistencia sanitaria y recuperando la salud de los trabajadores en casi la mitad de tiempo”.

García consideró que el aumento del coste de las bajas en este último lustro “es una barbaridad”, tiempo en el que las bajas han crecido un 44 por ciento, un porcentaje que supone un diez por ciento menos, cuando hay un diez por ciento más de población.

En todo caso, apuntó que las razones son “multifactoriales”, desde elementos culturales, las limitaciones del Servicio Público de Salud, el entorno laboral e incluso una “concienciación social”. “Creemos que se pueden poner soluciones que procedan de todos los sectores. Y por eso es necesario que trabajemos conjuntamente, empresas, servicios públicos de salud y las mutuas”, sostuvo.

Menos temor

El vicepresidente de AMAT reconoció que los trabajadores han podido perder el temor a perder su trabajo por una baja y sostuvo que se observa una “correlación directa entre momentos de crisis y reducción del absentismo y momentos de expansión en el mundo laboral y aumento del absentismo”. “No es que yo lo crea, es lo que parece que dicen los números. Con lo que es también, sin duda, una concienciación social”, anotó García, quien puso como ejemplo que en generaciones anteriores “ante una enfermedad común se decía que no se podía dejar a los compañeros así sin más; y hoy, parece que si no se coge la baja es que uno es tonto”.

También intuyó que la pandemia “ha significado” un incremento de bajas laborales, si bien destacó que “hay casuísticas que son probablemente derivadas de secuelas de la propia Covid-19”, uno de los elementos “más disruptivos” y que “está afectando a algunas patologías y otros temas tipo psicosocial”,

Luis Miguel García aseguró que AMAT cree “todos los años que ha llegado a hacer tope”, pero “la verdad es que luego nos damos de bruces” con una situación que “afecta a la competitividad”.

Igualmente, lamentó que muchas personas y los facultativos no muestran “la misma celeridad en dar las bajas que en las altas”. “Yo creo que la mayoría de las bajas están justificadas, pero el momento en el que vengo a recoger el alta o el que ya he decidido que estoy en condiciones de trabajar, igual es una cosa que sí que se está alargando más de lo necesario”, señaló García, quien defendió que las mutuas “conocen mejor la parte traumatológica y de tipo psicológico, una contingencia de accidente profesional, son capaces de hacer la diagnosis, la reparación y la rehabilitación en 30 días, mientras que por el sistema público se alargan los procesos y es el doble de tiempo”. “Ahí es donde nosotros podemos colaborar. Porque tenemos medios y gente experta, prestigiosos médicos que además están en el ámbito traumatológico”, insistió.

Ahorros

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social defienden que si pudieran prestar una asistencia sanitaria integral y dar el alta médica en los procesos de baja laboral derivados de enfermedades comunes o accidentes no laborales cuando son diagnosticados como patología traumatológica, se podría recuperar la salud de los trabajadores que las padecen “en la mitad de tiempo y a la vez se minimizaría el coste que supone” para los trabajadores, las empresas y la Seguridad Social, “incrementando la competitividad de nuestro tejido productivo y, con ello, los efectos que llevaría para la creación de empleo”.

Si además pudieran hacerlo en los procesos de baja laboral por contingencias comunes diagnosticados como procesos traumatológicos, “se podría recuperar la salud de los trabajadores que las padecen en un tiempo notablemente inferior y obtener un ahorro económico superior a los 40 millones de euros en Valladolid, y de 166 millones de euros en Castilla y León y 2.637 en España”.

En Castilla y León, las mutuas cubren al 94 por ciento de los trabajadores por contingencias profesionales, 879.000 trabajadores, y al 84 por ciento por comunes, 766.000 trabajadores, incluyendo para ambas prestaciones prácticamente al cien por cien de autónomos. Las mutuas tienen asociadas voluntariamente a más de 75.900 empresas.

En la Comunidad disponen de 65 centros ambulatorios y, con estos recursos sanitarios, han realizado más de 1,2 millones de actos médicos. En el conjunto de la mutuas presentes en Castilla y León trabajan 402 profesionales sanitarios, de los cuáles, 46 son de carácter médico.