Los veterinarios alertan de pérdidas millonarias en Castilla y León por las restricciones al movimiento de ganado bovino impuestas por el Gobierno de Sánchez

El Sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivecal-USCAL) alertó de las pérdidas millonarias que puede provocar en la Comunidad las restricciones al movimiento de ganado bovino impuestas por el Ministerio de Agricultura, y en una carta remitida al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le reclama que intervenga de urgencia y detenga la “sangría económica” y sobre todo la pérdida del “merecido prestigio de los productos pecuarios de Castilla y León”.

Fuentes de USCAL explicaron que tres días después de que el Ministerio de Agricultura estableciera límites al movimiento de animales, “ya se están notando los devastadores efectos económicos de su aplicación”. Según los primeros cálculos llevados a cabo por técnicos USCAL, los movimientos de la especie bovina, solo en Salamanca, mueve más de cinco millones y medio de euros al mes, lo que supone que cada día que pasa se ponen en riesgo cerca de doscientos mil euros en esta provincia, a los que hay que sumar las pérdidas en las otras cinco provincias con limitación de sus movimientos pecuarios.

A su vez, lamentaron que se ha llegado a esta situación por “la absoluta incapacidad para la gestión sanitaria y productiva de los actuales dirigentes de la Consejería de Agricultura, que no solo están propiciando unas pérdidas millonarias al subsector del vacuno, sino que están llevando al desprestigio y pérdida de confianza a toda la producción pecuaria de esta Comunidad”. Por este motivo, desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) nos hemos dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en los siguientes términos:

En la misiva, solicitan al jefe del Ejecutivo autonómico que inste al Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a que modifique la Resolución de 10 de mayo, publicada en el Bocyl de 15 de mayo de 2023, ajustándola a la vigente normativa nacional y comunitaria por la que se establecen los Programas de Control, Vigilancia y Erradicación de Enfermedades de los Rumiantes.

Asimismo, piden “amparo y protección” para los funcionarios, que en el ejercicio profesional de sus actuaciones científico-técnicas, y en su obligación constitucional de protección de la salud, “están siendo objeto de acoso laboral y escrache personal por parte de algunas agrupaciones que, aunque no sean representativas de los verdaderos ganaderos, si están socavando el ejercicio de la función pública”.