“La pandemia ha evidenciado las carencias de la Justicia en pleno siglo XXI”

María Eugènia Gay (Barcelona, 1975) venció recientemente con holgura a la candidatura independentista de Gonçal Oliveros, que contaba con el apoyo de la ANC, para liderar el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

¿Qué plan tiene para los próximos cuatro años?

Con profunda satisfacción puedo decir que cumplimos todos los objetivos marcados en nuestro programa electoral hace 4 años y que encaramos este nuevo mandato con la ilusión para consolidar el ICAB como una institución mucho más cercana, abierta, progresista, transversal, innovadora, tecnológica, solidaria, participativa, mejor comunicada y referente en el ámbito nacional y europeo. Entre las primeras acciones que realizaremos en este nuevo mandato es la creación del Observatorio de los derechos de las personas, el Observatorio de la Insolvencia Personal; convertir el ICAB en un centro de referencia en I + D + I jurídico, ofrecer más ayudas a la abogacía joven y dignificar la abogacía del turno de oficio.

La crisis de la COVID-19 ha acentuado la presión sobre algunos juzgados, como el social. ¿Qué soluciones se pueden dar?

La creación de nuevos órganos judiciales sociales es fundamental para afrontar la actual situación de colapso y las previsiones de incremento de la litigiosidad en esta jurisdicción, a consecuencia de la pandemia. En paralelo es necesario que se unifiquen los criterios de actuación de organización y funcionamiento de los diferentes juzgados, teniendo en consideración las necesidades y el espacio disponible en esta jurisdicción y que se implemente de forma preferente la vía telemática para las actuaciones judiciales, y a su vez, que se proceda, la supresión de la obligación de aportar copias en papel de las demandas presentadas. No menos importante es que se mejore el trato dispensado a los profesionales, para poder ejercer, con garantías, la defensa de los derechos de la ciudadanía.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre la Justicia?

Ha evidenciado las carencias de la Administración de Justicia en pleno siglo XXI y ha conducido a ésta a un escenario de colapso sin precedentes. La falta de una implementación práctica, real y efectiva de las TIC (expediente digital, programas comunes de gestión procesal, comunicaciones telemáticas con los profesionales) impide esa agilidad imprescindible que, en cambio, sí se da en otros ámbitos de la Administración Pública (Hacienda, Seguridad Social, Administraciones municipales). Es fundamental también impulsar la mediación y el arbitraje e invertir en justicia para revertir los efectos de la pandemia.

¿Qué exigencias pone tanto al Estado como a la Generalitat en materia judicial?

Una de las principales exigencias es que se destine una mayor dotación económica para la administración de Justicia para poder llevar a cabo las reformas necesarias para modernizarla y digitalizarla, así como poder ampliar los recursos materiales y personales. Un mayor presupuesto serviría también para revisar al alza los módulos de pago que perciben los abogados de Oficio para que estén a la altura de la labor social que desempeñan y para que el abono sea puntual. Estas medidas deben ir acompañadas, no obstante, de una campaña para concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene el trabajo de la abogacía de Oficio, como garante del derecho de defensa en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía.

Siempre se ha criticado la carencia de jueces en Cataluña. ¿Cuántos más cree que debería haber?

Sí, faltan jueces tanto en Cataluña como en España. En todo el Estado hay 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes por ello desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona consideramos que se debería alcanzar como mínimo la media europea que es de 17,7 de jueces por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, también ha habido en Cataluña una estampida de jueces por el “procés”. ¿Cómo cree que se debe paliar esta situación?

Sin duda que las circunstancias político-sociales en Cataluña no han ayudado a mantener una estabilidad de la plantilla, pero creo que hay que advertir otras circunstancias que desde hace muchos años son las que más habitualmente motivan esa marcha: la saturación de los órganos judiciales, el elevado coste del nivel de vida en Cataluña y el hecho que este territorio no es el de origen de muchos de profesionales de la judicatura.

¿Cree que debería de haber una mayor relación entre poder ejecutivo, judicial y legislativo para solventar determinados problemas jurídicos?

Creo que la colaboración y la cooperación entre todos los poderes públicos siempre es beneficiosa para resolver cualquier problema. Desde luego, en estos momentos es imprescindible tener en cuenta que el problema fundamental a resolver es el de remontar la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Solo actuando de manera conjunta por el interés público se podrá salir adelante y reconstruir la economía.

¿Qué reformas legislativas cree que son necesarias en el horizonte más inmediato?

Hace tiempo que desde el ICAB hemos venido proponiendo de forma insistente varias reformas legislativas sobre diferentes materias.

Creemos que, en este momento en que el Ministerio de Justicia está preparando la redacción del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, es imprescindible plantear la necesidad de la implantación de órganos judiciales especializados en materia de Familia en toda España. No se puede mantener una situación como la actual que supone una auténtica discriminación, en función de la ciudad o capital en la que se reside, con diferentes tiempos reales en la tramitación de los juicios y sin garantizar magistrados especialistas en la materia en todos los juzgados que han de enjuiciar sobre cuestiones tan importantes para las personas y, particularmente, para los menores y adolescentes.

Garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar de los abogados consideramos que es esencial y para ello se debe incorporar la maternidad y la paternidad como causas de suspensión de los juicios. En este caso, el Colegio de la Abogacía de Barcelona plantea que es también necesaria la interrupción de los plazos procesales en la tramitación de todos los procedimientos por tales causas de maternidad y paternidad; no solo la suspensión de vistas.

Por otra parte, y ante una situación tan dramática como la actual en materia de violencia sobre las mujeres, es fundamental incorporar nuevos mecanismos de protección de la mujer en nuestra legislación y, sobre todo, la necesidad de ejecutar todos los que recientemente se han introducido en las últimas reformas legislativas, que incorporan las medidas adoptadas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, y muy especialmente que se acuerden más medidas cautelares de protección.