El Govern y los comuns han cerrado finalmente un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat después de que el ejecutivo de Salvador Illa haya aceptado una de las principales líneas rojas de la formación: la prohibición de la compra especulativa de vivienda en Cataluña. El pacto será rubricado este jueves a las 11.00 horas en el Palau de la Generalitat en una reunión entre Illa y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

El acuerdo presupuestario incorpora como anexo la modificación de la ley de urbanismo para limitar de forma efectiva las operaciones especulativas en el mercado inmobiliario. La intención es tramitar esta reforma por la vía de lectura única en el Parlament para que pueda estar en vigor antes del verano.

La modificación legal habilitará a los ayuntamientos catalanes a aprobar planes especiales de urbanismo que restrinjan la compra de vivienda a personas físicas con el objetivo de que residan en ella. Esta limitación se aplicará en zonas declaradas de mercado tensionado y mientras mantengan esa condición. El objetivo del Govern y los comuns es que los consistorios puedan activar estos mecanismos antes de las elecciones municipales de 2027. Además, la iniciativa podrá llegar a los plenos municipales no solo por vía gubernamental, sino también a propuesta de asociaciones privadas y entidades sociales.

El acuerdo establece un régimen diferenciado entre pequeños y grandes propietarios. Los pequeños propietarios podrán adquirir hasta un máximo de cuatro viviendas en su municipio de residencia habitual —frente a la única vivienda que contemplaba inicialmente la propuesta de los comuns— siempre que las destinen a alquiler con el precio topado, a residencia habitual propia o a familiares de hasta segundo grado. En cambio, los grandes tenedores no podrán comprar pisos de forma individual y solo podrán adquirir edificios enteros, con la obligación de destinarlos íntegramente a alquiler residencial con precios regulados. El texto prevé además mecanismos para impedir la compra progresiva piso a piso de un mismo edificio con fines especulativos.

En el caso de las segundas residencias, tanto pequeños como grandes propietarios podrán adquirir vivienda en un municipio distinto al de su residencia habitual, aunque no podrán destinarla al alquiler. Quedan exentas de estas limitaciones las administraciones públicas, las fundaciones y las entidades del tercer sector que trabajen con vivienda social, siempre que los inmuebles se destinen a alquiler protegido, social o asequible.

Los comuns defienden que, con esta reforma, Cataluña se convertirá en la primera comunidad autónoma que se dota de una herramienta legal para prohibir de forma explícita las compras especulativas por parte de grandes tenedores y fondos de inversión, una medida que ya se aplica en países como Singapur, Dinamarca, Austria, Canadá, Suiza o los Países Bajos. El objetivo, sostienen, es que cualquier nueva compra de vivienda responda exclusivamente a criterios de residencia habitual o de alquiler a precios regulados.

Otros acuerdos

Este acuerdo desbloquea unas negociaciones presupuestarias que se habían prolongado durante tres semanas y que estuvieron marcadas por la desconfianza. Los comuns tardaron en sentarse formalmente a negociar al exigir avances previos en la regulación del alquiler de temporada, la aplicación de un régimen sancionador contra los incumplimientos y la constatación de que el Govern había cumplido los compromisos asumidos en el tercer suplemento de crédito del año pasado, especialmente en sanidad y educación. Fue hace apenas dos semanas cuando, tras verificar esos compromisos, aceptaron abrir la negociación, aunque durante todo el proceso insistieron públicamente en que los Presupuestos seguían “lejos”.

Además del eje de la vivienda, el pacto incluye un refuerzo de las ayudas al alquiler, que crecerán en torno a 100.000 euros anuales hasta 2027, lo que permitirá ampliar en cerca de 50.000 hogares cada año el número de beneficiarios. En transporte público, Govern y comuns han acordado avanzar en el traspaso de Rodalies, de modo que la Generalitat asumirá, a través de la empresa mixta del servicio, las líneas R1, R2 Sud, R3, R4 Nord y R16, así como la ejecución de obras en la red mediante encomiendas de gestión. También se incrementan los recursos destinados a los autobuses interurbanos.

El acuerdo presupuestario incorpora asimismo un cheque anual de 25 euros para jóvenes destinado a abonos mensuales de transporte y otro para la compra de anticonceptivos, además de la concesión de 100.000 nuevas becas comedor durante los próximos dos cursos.

Con el pacto con los comuns ya cerrado, el Govern encara ahora el tramo más complejo de la negociación: asegurar el apoyo de ERC, una formación con la que todavía no se han iniciado formalmente las conversaciones. El reto no es menor en un contexto en el que Cataluña acumula ya tres años sin presupuestos aprobados, tras los últimos impulsados por el ejecutivo de Pere Aragonès en 2023. Convencer a ERC será clave para culminar la aprobación de unas cuentas largamente aplazadas.