El fiscal defiende ante el TSJCV que la juez del Caso Sala influyó en el jurado

El fiscal y la acusación particular han pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anule la absolución de Miguel Pérez, acusado en el Caso Sala de asesinar a su suegra, porque consideran que la juez que dirigió su juicio influyó en el jurado para que éste cambiara un veredicto de culpabilidad por otro de inocencia.

El TSJCV ha celebrado esta mañana la vista para resolver los recursos de las acusaciones contra la sentencia que absolvió a Miguel López del asesinato de su suegra. María del Carmen Martínez falleció el 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos disparos en la cabeza cuando se encontraba en un concesionario de vehículos propiedad de la familia que entonces regentaba su yerno.

La clave de la vista de los recursos se ha centrado esta mañana en lo que sucedió un viernes por la tarde, el 8 de noviembre de 2019, cuando la magistrada presidenta que dirigía el juicio por jurado llamó a los nueve jueces legos y les devolvió el acta de su primer veredicto. A partir de ahí se han planteado al TSJCV, por parte de las acusaciones, una serie de motivos para anular la sentencia, que han sido rechazados de plano por la defensa del acusado.

Según el fiscal, la magistrada decidió devolver el acta al jurado sin cumplir los trámites previos que ordena la ley, y no entregó además ese primer veredicto, que no le parecía bien fundamentado, a las partes. Junto a ello, se da la circunstancia de que ese primer veredicto ha sido destruido, por lo que es imposible acceder ahora al mismo para fundamentar recursos contra la decisión de la juez y para que la instancia superior, el TSJCV, decida si hizo bien al devolverlo al jurado. Todo ello genera indefensión a las acusaciones y abre el riesgo de arbitrariedad por parte de la magistrada cuestionada. Por añadidura, en aquella hora en la que se reunió con el jurado y las partes, la magistrada les dio a los jueces legos una serie de instrucciones sobre cómo debían fundamentar el veredicto que, según las acusaciones, condicionaron, a favor de la absolución, la decisión final del jurado.

“Las instrucciones de la juez al jurado fueron determinantes y adolecieron de la necesaria imparcialidad”, ha apuntado el fiscal. Además, han señalado, aquellas instrucciones parciales desataron un debate con las acusaciones que presenció el jurado, lo que también condicionó su objetividad. El fiscal y la acusación particular han coincidido además en descalificar que aquel primer veredicto, que ambos han considerado como de culpabilidad aunque no han llegado a conocerlo, haya sido luego destruido, algo que hace imposible que el Tribunal Superior juzgue ahora si aquella decisión de la juez de devolver el primer veredicto fue o no correcta.

“¿La devolución del veredicto estuvo bien fundada? A día de hoy, no lo sé. Y por eso la sentencia debería ser anulada”, ha resumido el fiscal. Por su lado, el letrado de la defensa ha rechazado cualquier indefensión: “se hubiera producido si hubieran pedido ver el acta, o no se les hubiera dado la palabra durante el momento de la reunión del viernes tarde, cuando estábamos todos allí, pero no lo hicieron”.

”Tampoco protestaron por las instrucciones", ha añadido el abogado defensor, antes de calificar estas instrucciones como “correctísimas”. “A los magistrados presidentes no se les pueden suponer aviesas intenciones”, ha explicado también el letrado defensor, que considera que no hay ninguna prueba de que el veredicto inicial fuera de culpabilidad, y más bien se inclina por la hipótesis de que, desde un primer momento, el jurado absolvió. “En todo caso, no sirve no protestar en aquel momento, ni pedir aquella acta, y luego reclamar cuando se ha perdido el juicio”, ha señalado, antes de concluir que el acta que cuenta es la del veredicto que determinó la absolución, entre otras razones porque hubo que sustituir a una miembro del jurado y comenzar de nuevo el debate.