El promotor Ramón Salvador asume su culpabilidad en el amaño del PGOU

Negoció la recalificación de unos terrenos con el hermano de Castedo

El empresario ilicitano Ramón Salvador ha ratificado hoy la admisión de su culpabilidad, pactada en el escrito de conformidad suscrito con la Fiscalía el pasado marzo, en su declaración en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU), con nueve acusados entre ellos los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

Se trata de una de las 20 piezas en las que se dividió la investigación del ‘caso Brugal’, iniciado a instancias de las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de residuos de Orihuela, que ya se ha juzgado con una sentencia absolutoria tras la anulación de las escuchas que motivaron el inicio de las pesquisas.

En virtud de ese acuerdo de conformidad, Salvador asume una condena de tres meses de prisión y multa tras admitir haber negociado la recalificación de unos terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau, a través de los abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa del PP Sonia Castedo), también acusados.

Eso sí, el constructor solo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los letrados de las defensas, por lo que su comparecencia solo ha durado cinco minutos.

El proceso se sigue contra los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, además de contra el constructor Enrique Ortiz, como principales procesados.

Anticorrupción considera que los dos expolíticos del PP facilitaron a Ortiz información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, entre los años 2008 y 2010, cuando su diseño todavía no era público, a cambio de supuestas prebendas.

Entre ellas, diversas entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y varios viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, según el sumario.

Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y dos meses para Alperi tras acusarles a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. En lo que respecta a Ortiz, solicita 8 años de prisión al considerarlo responsable de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.