La juez deniega a Zaplana las declaraciones de Belhot o Diego Such

La juez que instruye la causa Erial ha denegado las peticiones realizadas por la defensa del expresidente, Eduardo Zaplana, con las que quería demostrar que nada tiene que ver con la cuenta bancaria de seis millones de euros cuya titularidad le atribuye el abogado uruguayo Fernando Belhot. También le niega las declaraciones de funcionarios y del exconseller Diego Such, con las que pretendía refrendar que nada tuvo que ver con el proceso de adjudicaciones de contratos de las ITV y parques eólicos que se le atribuye.

La juez también niega al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, la pruebas solicitadas, entre ellas, el geoposicionamiento de su teléfono móvil y las grabaciones de las cámaras de seguridad de un banco de Andorra para tratar de demostrar que nunca estuvo allí.

Si bien la negativa de las pruebas solicitadas por Juan Francisco García atiene a la imposibilidad técnica de conseguirlas, en el caso de Zaplana los argumentos son más subjetivos. Señala la magistrada que no ha lugar a la declaración de Belhot “en tanto en cuanto no se especifiquen los extremos sobre los que debe de versar la declaración” y coincide con el fiscal en que “no se trata de volver a reiterar lo ya declarado, pues de hecho las declaraciones que tienen en su caso valor, son las que se practican en el acto de juicio oral de llegarse a dicha fase, siendo la fase de instrucción la que tiene por objeto recabar indicios que llevan o no al auto de transformación, indicios como la entrega de los más de seis millones de euros, que menciona el testigo referido, y que se encuentran a disposición de esta causa”.

Conviene recordar que la declaración que en su día prestó Belhot y en la que le atribuye la titularidad de la cuenta y de los seis millones que había en ella, la realizó en fase de investigación, con la causa secreta, y sin la presencia de ningún abogado de la defensa, tan solo ante el juez y el fiscal.

Respecto a los movimientos que Belhot hizo de la cuenta cuya titularidad atribuye a Zaplana, el expresidente pretendía demostrar que de esa cuenta salió dinero hacía otros titulares que no guardan relación alguna con él y que ni siquiera conoce, pero la juez considera que la entrega de los seis millones de euros al juzgado es suficiente para dar credibilidad a lo declarado por Belhot. Señala en el auto que “en cuanto a la testifical de Gabriela Luisa González Larena Crespi (exmujer de Belhot y cotitular Imison), Virginia Bauza Vicens (Galeria de Arte) y Carmen Sánchez Pacheco (abogada española respecto a Belhot) beneficiarios o titulares como en el caso de Gabriela Luisa, nada aportan a la causa, dada la forma presunta de blanquear dinero, en la que, por ejemplo, el propio Belhot titula cuentas o puede disponer del dinero oculto, como hizo en su día con los más de seis millones de euros que se presumen de Eduardo Zaplana, y que Belhot, puso a disposición del Juzgado, pudiendo la parte proponente reiterar dichas pruebas, de abrirse juicio oral, en dicha fase. De las cuentas en las que son o cotitulares con Belhot, o titulares por sí mismos, llega dinero de sociedades que forman parte de la trama, y de las mismas sale después dinero a otras cuentas tituladas por Belhot para diversas operaciones en las que por ejemplo, Carmen Sánchez actúa en representación de Belhot para la compra de determinadas participaciones sociales. Por lo tanto dichos datos objetivos, bastan en esta fase de instrucción”.

Señala asimismo el auto que “procede denegar la práctica de las testificales de Diego Such, José Antonio Manteca, Romualdo Pérez, José Monzonís y Fernando Fabra, testigos propuestos, al considerar que nada aportarían en esta fase del procedimiento. Además de ello los expedientes de la licitación se encuentran a disposición de este Juzgado, junto con los informes correspondientes, de los que ya tuvieron conocimiento las partes en su día, las actuaciones administrativas de los mismos y su publicación en el DOGV forman parte de dichos expedientes”

La juez muestra en este auto su convencimiento de que las adjudicaciones estuvieron amañadas ya que interpreta que “en este tipo de delitos se utiliza la apariencia de presunto cumplimiento de los trámites para alcanzar el fin, que no es otro que la adjudicación final a quien interesa dársela por cualquier motivo, nada aportarían las declaraciones solicitadas”.

Por lo que respecta a las pruebas solicitadas por el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y con las que pretendía demostrar que nunca estuvo en la oficina bancaria de Andorra que consta en la causa, señala la juez que “no ha lugar a la práctica de las pruebas solicitadas por la representación de Juan Francisco García Gómez, dado que obra en las actuaciones la no titularidad de cuentas y en cuanto a la petición de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria en Andorra de los años 2006 a 2008, así como la petición de posicionamiento del terminal móvil entre los años 2004 al 2007 y 2008, por la experiencia que se tiene por otras investigaciones, dichas informaciones desaparecen los posicionamientos en el plazo de un año y la de las cámaras de seguridad de los bancos a los quince días.

Sí que acepta la juez otras pruebas requeridas por otras partes, como es el caso de la esposa de Eduardo Zaplana o de su yerno, quien pide que se cite a declarar a un encargado de la inmobiliaria en la que alquiló el piso en el que residió el expresidente.